La Fiscalía ha actualizado los datos de las residencias de mayores y de personas con discapacidad investigadas por la situación creada a raíz de la pandemia de coronovirus.
A día de hoy, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hay abiertas 109 diligencias de investigación de naturaleza penal y 165 de índole civil.
Estos datos se van actualizando semanalmente por el departamento de Dolores Delgado en función de nuevas actuaciones, las que se han archivado o judicializado se excluyen de este recuento de actuaciones realizadas por las fiscalías provinciales.
Hasta el pasado martes, había abiertas 86 diligencias de naturaleza penal y 126 en el ámbito civil.
Con los nuevos datos, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más diligencias abiertas, con 42, le siguen Cataluña con 24, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).
En cuanto a las actuaciones de índole civil y tuitiva, tramitadas como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, preferentemente, hay abiertas 165 diligencias y 11 han sido archivas o están pendiente de archivo.
En este caso, Cataluña es la región con más actuaciones activas, 78, seguida de Castilla y León (18), Galicia (14), Andalucía (14), Comunidad Valenciana (14), Extremadura (5), Castilla-La Mancha (5), Aragón (4), Madrid (4), Cantabria (3), Canarias (2), La Rioja (1), Murcia (1), Navarra (1) y País Vasco (1).
Toda esta información, según ha explicado la FGE en un comunicado, ha sido recabada por el Fiscal Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales, quienes se encuentran en «permanente contacto» con las autoridades sanitarias, facilitando así la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal, pudieran plantearse en torno a las residencias.
Respecto al archivo de actuaciones en el ámbito penal, apunta que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores.
