Dos de ellos, Ángel Calderón Cerezo y Jesús Gullón Rodríguez, se tienen que jubilar, obligatoriamente por cumplir los 72 años, la edad límite para ser magistrados.
El tercero, José María Díez-Picazo Giménez, está a punto de acabar su mandato de cinco años.
Será en julio.
Los tres suponen el 60 por ciento de las 5 Presidencias de Sala de las que se compone el Tribunal Supremo.
Los dos primeros han marcado una época en el Alto Tribunal.
Ángel Calderón, nacido el 12 de junio de 1948 y con 45 años y 9 meses a la espalda de servicio a la Justicia, es presidente de la Sala de lo Militar desde el 8 de junio de 2005, un puesto para el que ha sido renovado dos veces más, va a sumar un total de 20 años al frente de ese órgano.
También es vicepresidente en funciones del Tribunal Supremo, como presidente de Sala más veterano, en sustitución de Ángel Juanes, quien también tuvo que jubilarse ejerciendo esa función.
Calderón estuvo en el punto de mira del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, en 2016, cuando puso en marcha una operación para sustituirlo por un magistrado de la Sala de lo Penal, que finalmente se malogró.
Jesús Gullón, nacido el 25 de junio de 1948, con una trayectoria de 43 años y 10 meses ejerciendo jurisdicción, accedió a la Presidencia de la Sala de lo Social el 24 de octubre de 2012 y fue renovado a su frente en enero de 2016.
Díez-Picazo, de 62 años, jurista de reconocido prestigio –la vía por la que accedió al Supremo hace 27 años–, fue elegido en 2015 por el CGPJ para presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo en lo que ha supuesto una de las decisiones más controvertidas de la historia del Tribunal Supremo.
Porque vino a sustituir nada menos que a José Manuel Sieira Míguez, quien, después de cinco años de gestión brillante, se había ganado el derecho a continuar al frente de la Sala.
Desde la Presidencia de la Sala, Sieira propició que el Pleno se pronunciara sobre el recurso contra el indulto a un kamikaze otorgado por el Consejo de Ministros en 2012, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
A Carlos Lesmes, amigo del ministro –el hombre que le aupó a la responsabilidad que ahora ostenta–, entonces un mero magistrado de a pie de esa Sala, le correspondió asumir la ponencia.
Se alineó con la decisión del Gobierno y del ministro y propuso que se ratificara el indulto.
El kamikaze había provocado la muerte de un joven en la autopista AP-7 y sólo había permanecido 9 meses en prisión, de una pena de 13 años, que le fue conmutada por una multa de 4.380 euros.
El Gobierno aprobó el indulto pese a la oposición de la Fiscalía y del tribunal sentenciador de la Audiencia Provincial de Valencia.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidido por Sieira, votó mayoritariamente en contra del indulto. Y fue anulado.
Cuando llegó el momento de la renovación, Lesmes, convertido en presidente del CGPJ y del Supremo, quitó de en medio a Sieira.
UNA SALA DIVIDIDA Y TOCADA EN SU PRESTIGIO
Su sustituto, sin embargo, siendo amigo suyo y teniendo su misma edad –62 años–, ha protagonizado momentos muy difíciles para la Sala. Como el famoso pleno del «hipotecazo», en noviembre de 2018, sobre quien debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que la dejó partida en dos, con secuelas similares a la de una guerra civil.
O el intento personal de «disciplinar» al nuevo magistrado de su Sala, Javier Borrego, quien había sido magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abogado del Estado del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional.
Fue la primera vez que se le abrió un expediente disciplinario a un magistrado del Supremo por un intercambio de pareceres a puerta cerrada, en el despacho de Díez Picazo, sobre lo que el promotor de la Acción Disciplinaria no encontró nada.
Confilegal ha contrastado por fuentes fiables, que Díez-Picazo se está moviendo.
El magistrado ya está buscando su renovación al frente de la Sala, de un modo lo más discreto posible.
Lesmes y el Consejo que preside tenían que haber sido renovados hace un año y cuatro meses, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP, los dos únicos partidos que, tanto en el Congreso como en el Senado, suman los votos suficientes para llevarlo a cabo sin ningún otro apoyo exterior, lo ha impedido.
A estos tres nombramientos se sumarían también los de las plazas vacantes por jubilación de los magistrados de la Sala de lo Penal Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.
Un proceso que fue paralizado por Lesmes hasta la primavera.
Las circunstancias, si no se produce la renovación, dejarían a Lesmes la decisión de nombrar a los nuevos presidentes de las Salas de lo Militar y de lo Social y de favorecer a su amigo Díez-Picazo regalándole 5 años al frente de una Sala que sigue dividida y con una reputación en tela de juicio.
Además de elegir a los tres nuevos magistrados de la Sala de lo Penal.
¿Pasarán todos a formar parte de lo que ya se conoce en el Supremo como los GAL, el grupo de amigos de Lesmes?, magistrados en la órbita personal del presidente.
EL REAL DECRETO-LEY, UNA OPORTUNIDAD
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia, que hoy ha sido publicado en el BOE, con lo que ha adquirido eficacia plena.
Pero con eso no basta. De acuerdo con el artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno está obligado a llevarlo antes de 30 días –se prevé que en este caso serían 15– para que la Cámara Baja lo debata y lo vote.
Es cierto que el presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado que no lo apoyará en el Congreso de los Diputados porque el Gobierno que preside Pedro Sánchez no le había tenido informado, entre otras cosas, puede suponer una oportunidad clara para desbloquear la renovación del CGPJ.
El Real Decreto-ley podría ratificarse fácilmente si el PP se abstuviera pero podría tener muy difícil su convalidación si lo hiciera en contra.
Correría un serio peligro de ser tumbado.
Como todo en las relaciones entre partidos se mueve en clave «Quid pro quo», «Do ut des» o, dicho en lenguaje de la calle, «tú me das y yo te doy», el PP tendría la probabilidad de propiciar la renovación del Consejo con una sencilla oferta que allanaría el camino del Real Decreto-ley y del futuro anteproyecto de Ley de Agilización, ahora en proceso de gestación en el Ministerio de Justicia.
Una oferta muy simple: Repartir los 20 vocales del CGPJ al 50 por ciento. 10 para el PSOE y 10 para el PP y una Presidencia de consenso.
A cambio, el PP se comprometería, en la Cámara Baja, a convalidar la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, el cual se llevaría a cabo por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas a la totalidad de devolución.
Un procedimiento que lo convertiría en un mes y medio en ley, dándole toda la fuerza que precisa y asegurando, a su vez, el apoyo a la futura ley, que contendrá reformas de calado, sin ningún problema.
Si se materializara, y la idea está corriendo, un nuevo Consejo renovado podría echar a andar entre julio y octubre próximos, aplazando las decisiones sobre todos estos nombramientos a quienes de verdad les corresponde.
