Si hubiera que poner un título al Real Decreto-ley para hacer frente a los efectos del Covid-19 en la Administración de Justicia sería “el desastre”.
Así de contundente se muestra la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV), Laura Oliver Ferrer, quien asegura a Confilegal que el Ministerio de Justicia “no ha tenido en cuenta ninguna de las reivindicaciones que hicimos desde el Consejo General de Procuradores”.
La decana muestra sus dudas respecto a que algunas de las medidas contempladas en el decreto sean la solución para agilizar la Administración de Justicia.
Entre ellas, el cómputo desde cero de los plazos suspendidos por la pandemia de coronavirus o la duplicidad del tiempo para los recursos, que permitirá, según Justicia, presentar los escritos de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo y no concentrados en escasos días una vez finalice el estado de alarma.
Todo ello con el objetivo de evitar el colapso de los juzgados.
«Los procuradores nos hemos preocupado, como profesionales que somos, de tener perfectamente en carpetas agrupados los vencimientos una vez se levantara el estado de alarma, sabiendo el cómputo del plazo que restaba y los que vencían», explica.
Se trata, remarca, de un trabajo «para que no hubiera confusión y para que en el juzgado no hubiera una avalancha».
La decana del IPCV rechaza la eficacia de las medidas en relación a los plazos porque supone alargar los procedimientos. «No hay ningún colapso, todos los plazos en la medida en que no pueden computar, no van a vencer el mismo día».
Además, agrega, «el colapso ya lo hemos evitado con la ampliación -de permanencia de las notificaciones- dentro del sistema LexNET a 120 días».
Por otro lado, critica que la disposición adicional cuarta contemple para los actos de comunicación del Ministerio Fiscal un plazo de 10 días naturales, en lugar de un día hábil, como está previsto. «¿De verdad estamos agilizando la justicia? Es una tomadura de pelo», remarca.
«Se trata de tomar medidas que no sean un brindis al sol, que se puedan llevar a efecto», afirma.
Sobre una de las más debatidas, habilitar parcialmente agosto, asegura que los profesionales del derecho estarán «a lo que haga falta», pero, añade, «sabemos que esta no es la primera vez que se toman medidas y devienen imposibles».
«Lo que tendríamos que haber hecho es muy sencillo, habernos puesto de acuerdo con los sindicatos y con todos los trabajadores de la justicia, no solamente los profesionales, sino los jueces, fiscales, magistrados… este año vamos a hacer un esfuerzo y vamos a cogernos todos las vacaciones en el mismo periodo de tiempo, de tal forma que cuando nosotros empecemos, empecemos todos».
Así, añade, «echo en falta una coordinación, aquí no hay coordinación, aquí hay un ordeno y mando», afirma sobre el decreto para hacer frente al impacto del Covid-19 en la Administración de Justicia.
El decreto lo que hace «es pegarse contra la pared, se podrían celebrar juicios mañana y tarde, acortar plazos susceptibles de poder ser acortados….», asegura, «si nos quieren escuchar hay muchas propuestas».
Pide al ministro de Justicia que se retracte
Además, Oliver se muestra especialmente critica con unas declaraciones del ministro de Justicia Juan Carlos Campo en una entrevista publicada por el ‘Diario de Cádiz’ en la que afirma, en relación a habilitar agosto, «que tuvo el visto bueno de las Comunidades Autónomas y del resto de miembros de la Comisión de Coordinación, a excepción de abogados y procuradores».
A continuación el ministro añade que «todo el mundo ha hecho enormes sacrificios en esta crisis, y estamos pidiendo un esfuerzo de tres meses en una situación excepcional que requiere medidas extraordinarias».
Por lo que «es preciso generosidad por parte de todos para anteponer los intereses de la ciudadanía, que espera que le resuelvan sus problemas, a sus intereses propios que pueden ser muy legítimos y esperamos satisfacer del todo en cuanto la situación nos permita volver a la normalidad», destaca el ministro.
«Me parece indignante que nos tache de insolidarios a los profesionales, a los abogados y a los procuradores, cuando él mismo, en el Real Decreto-ley, en su exposición de motivos, está diciendo que por supuesto tiene que prevalecer el derecho a las vacaciones de todos los funcionarios, jueces, magistrados, fiscales«.
La decana del ICPV se pregunta qué pasa con el resto de operadores jurídicos. «Lo que él define como un gesto de solidaridad y de generosidad, solamente se refiere a nuestra solidaridad y nuestra generosidad».
«Dos colectivos que, además, demostramos día a día en el turno oficio, donde nos dejamos la piel, donde nos cuesta dinero llevar el turno de oficio y nos está pidiendo generosidad y solidaridad, está poniéndola en duda. Yo creo que debería retractarse de inmediato».
Por último, sobre la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado, Oliver advierte que «la sorpresa es que en las distintas mesas de seguimiento de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores a los profesionales se nos está considerando público. Tendremos que coger cita o mandar un correo».
Esto, concluye, es «es un absoluto disparate».
