De izquierda a derecha, Pepe Alvarez, secretario general de UGT, Unai Sordo, su, homónimo de CCOO, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, y Gerardo Cuerva, presidente de la patronal CEPYME y vicepresidente de CEOE.
Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan extender los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de junio
|
11/5/2020 06:35
|
Actualizado: 10/5/2020 23:27
|
Es el primer acuerdo de la mesa de diálogo social desde que el pasado 14 de marzo se instauró el estado de alarma en nuestro país
El acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha salido adelante.
Tanto los sindicatos CCOO y UGT como la CEOE, que era el órgano sobre cuyo visto bueno al pacto había más dudas, han dado luz verde al consenso alcanzado a última hora de este jueves entre los técnicos de la propia patronal, los sindicatos y el Gobierno.
La idea es que este martes quede aprobado en el Consejo de Ministros ordinario esta medida a través de un nuevo Real Decreto-ley para extender hasta el próximo mes de junio los ERTE, que cubren a 3,3 millones de trabajadores desde el pasado mes de marzo.
El Gobierno ha calificado el acuerdo como histórico y equilibrado.
Además, el acuerdo suscrito entre los agentes sociales incluye la creación de una comisión tripartita, compuesta por Gobierno, sectores y agentes sociales, en la que se decidirá las actividades que van a necesitar ayuda después del levantamiento del Estado de alarma.
El acuerdo ha salido adelante a pesar del debate abierto en el seno de las organizaciones empresariales sobre las salvaguardas del empleo, las cláusulas que establecen un periodo de seis meses en las que los despidos son considerados improcedentes a pesar de la situación económica.
Como compensación a este bloqueo a los despidos objetivos, las empresas disponen de un esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social hasta el mes de junio que favorece a aquéllas que se vayan incorporando a la actividad.
Carlos de la Torre, vicepresidente de ADiReLab y «Of Counsel» de Baker Mckenzie, autor de estas declaraciones, en pie en un debate entre sindicatos y patronal en el que actuó como moderador.
UN MODELO DE ‘FLEXISEGURIDAD’ NECESARIO
Carlos de la Torre, «Of Counsel» (consejero asociado) de Baker Mckenzie y vicepresidente de la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales (ADIRreLab), opina que los pasos dados van en la buena dirección.
“Habrá ERTE que tendrán que seguir hasta final de año por la especificad del sector”, afirma De la Torre.
Para este jurista “la clave de reactivación de nuestro mercado laboral es construir un modelo de ‘flexiseguridad’ eficaz que apruebe nuevas medidas o adapte las existentes a la situación actual. Hay que acompasar la desescalada y el levantamiento progresivo del confinamiento de manera gradual o parcial. Debemos avanzar hacia esa nueva normalidad con este nuevo tipo de planteamientos. La flexibilidad aprobada en los ERTE es positiva”.
ADIReLAB había contactado con la ministra Díaz y pedido por carta que se extendiera la vigencia de los ERTE al estado de alarma, una medida que en la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos han consensuado.
“Es una buena noticia que haya un acuerdo a tres bandas desde la mesa de diálogo social sobre una normativa tan relevante como es la de orden laboral para la prórroga de ERTE de fuerza mayor y aclaración de sobre los ERTE por causa objetivas sucesivos”, aclara.
¿QUÉ CONSULTAS LABORALES HACEN LAS EMPRESAS?
Sobre las consultas que las empresas realizan a los expertos en derecho del trabajo, este jurista nos señala que se centran “La primera preocupación es la del compromiso o garantía de empleo. Todas ven con preocupación si no tienen actividad suficiente como llevar a cabo de forma segura despidos que no comprometan la devolución de las cotizaciones exoneradas. En este tema, el legislador es claro y hay pocas excepciones”.
Otro tema consultado por los empresarios “tiene que ver con la reanudación parcial de actividad. Las empresas no saben cómo van a ser las caídas del consumo cuando reanuden durante las próximas semanas. En ese escenario tienen que hacer desafectaciones de trabajadores del ERTE para pagarles salarios. Habrá que ver como se cuadran los números”.
Para este experto “es inviable por criterios de caja tener a cuatro millones de trabajadores en ERTE hasta el 31 de diciembre. Habría que hacer un planteamiento por sectores, como el turismo o transporte aéreo que igual hay que prorrogar incluso hasta el 30 de septiembre”.
Por último, otro tema que consultan mucho a nivel laboral las compañías “se trata de saber en qué condiciones reanudo la actividad de mi negocio. Hay que darse cuenta que el riesgo de contagio de covid19 es un riesgo de salud pública no es un riesgo laboral. Aquí las autoridades competentes son las sanitarias. Las empresas no pueden ser garantes de salud pública. Aquí se debe de calibrar bien la situación pero no es un riesgo laboral”.
Junta Directiva de ADiReLab con Guy Rider, director general de la OIT –el cuarto por la derecha–; a su lado, Antonio de la Fuente, presidente de ADiReLab –el tercero por la derecha–; Carlos de la Torre es el séptimo por la derecha.
CINCO MEDIDAS DONDE HAY CONSENSO
Este experto en derecho laboral analiza el acuerdo entre patronal y sindicatos en cinco grandes medidas que lo configuran “la primera es la extensión de los ERTES de fuerza mayor al 30 de junio. Es una extensión razonable y permite una posible prórroga futura por sectores vinculados a las necesidades más inmediatas”.
La norma también habla de “la fuerza mayor parcial sobrevenida, de tal manera que por imperativo legal algunos sectores que si pueden reanudar la actividad, pasarían de fuerza mayor total a parcial. Y ahí hay nuevas obligaciones de las empresas sobre la incorporación de los trabajadores afectados “en aquellos sectores que puedan reanudar la actividad, las empresas saquen a los trabajadores de esos ERTES primando los ajustes en reducción de jornada”.
Otro segundo bloque de novedades “tiene que ver con las nuevas reglas para los ERTES por causas objetivas, los ERTE productivos. Se aclara que sí se permiten la tramitación de dichos ERTE objetivos mientras duran los ERTE de fuerza mayor. Con este cambio legal si se permite la negociación de los citados ERTE objetivos”.
En estos ERTES objetivos se aclara “que si la negociación se hace una vez concluida la fuerza mayor, después del 30 de junio, la fecha de efecto del nuevo ERTE objetivo o ETOP tendrá fecha de ERTE retroactivo, lo cual también es positivo “.
El tercer bloque de novedades que explica De la Torre tiene que ver con los incentivos y cotizaciones a la Seguridad Social. “Ahí si es cierto que la norma es compleja y abre una tabla de exoneración de cotizaciones para los ERTES de fuerza mayor para los meses de mayo a junio, en función de grupos de trabajadores. Se prima más exoneración y apoyo con fondos públicos a las empresas en función de los trabajadores que vuelven a la actividad”.
Al mismo tiempo “se establece un modelo de declaración responsable y una serie de plazos para complementarlo por las empresas. Las empresas tendrán que cumplir unos plazos, una vez reanuden su actividad, para comunicar a los organismos públicos de Seguridad Social esas situaciones con los listados de trabajadores, fecha de incorporación y porcentajes de reducción de jornadas”.
En cuanto al cuarto bloque, para De la Torre “es quizás el más polémico y criticable. La intervención del legislador en las empresas ubicadas en posibles paraísos fiscales. A ellas se les impide instar ERTE para no vincular recursos públicos a este tipo de compañías”.
Para este jurista “otra medida insólita tiene que ver con la limitación del reparto de dividendos. Las empresas con ERTE con fuerza mayor no podrán repartir esos dividendos, una medida que podría ir contra la libertad de empresa que viene avalada en nuestra Constitución pero no sabemos en qué términos aparecerá en el BOE. Es una situación muy atípica”.
De la Torre también habla de la garantía de empleo, como quinta medida “es otro tema importante. La clave para el Ministerio y el propio legislador es evitar la tragedia de que cuatro millones de trabajadores en ERTE pasen a despidos y se genere una espiral de despidos. Este era el escollo principal para que la CEOE firmase el acuerdo. Se ha ajustado de forma técnica. Habrá que ver cómo queda la norma”.
De momento lo que sabemos es que “se vincula la incorporación de la actividad y el inicio del periodo de seis meses a la reincorporación de las personas afectadas y luego se admiten excepciones”
A este respecto destaca que “no se aplicará la garantía de empleo y no tendrán que devolver las cotizaciones que no mantengan garantía de empleo cuando haya tres excepciones, despidos improcedentes, fin de llamamiento de fijos discontinuos y el otro el vencimiento del plazo de los contratos temporales”.
En opinión de este jurista «es una medida dura para las compañías y se trata de evitar ERES en el futuro en el escenario en el que nos encontramos».
Desde ADIRreLab, entidad que agrupa a los principales empleadores del país tanto a nivel de IBEX con otras grandes firmas, se muestra satisfacción ante este acuerdo, aunque ya advierten que “habrá que hacer más prórrogas de los ERTES desde el 30 de junio. Es positivo que se establezca el cauce de la mesa de diálogo social en este escenario. Hay que recordar que desde el 14 de marzo es el primer acuerdo que se logra entre tantos Reales Decretos aprobados».
Aun así, desde esta asociación “quedan cuestiones por regular, como afectan los ERTES a los periodos de prueba de los trabajadores o el tema de la suspensión de los plazos de los contratos temporales en los ERTES productivos porque están claros en los ETOP Son cuestiones técnicas que tienen impacto en el futuro de las decisiones de las empresas y también de los trabajadores”.
A su juicio, el Gobierno debería valorar cuando concluya la vigencia de los ERTE de fuerza mayor.
“Debería valorar la posibilidad de seguir con la exoneración de cotizaciones, igual no en el 75% que ahora existe, pero sí en un porcentaje mejor en los ERTE productivos. De lo que se trata una red de soporte económico potente para evitar los despidos. Aquí hay que tirar de recursos públicos, no queda otra. Es difícil recuperar a los trabajadores si caen en un ERE», concluye.
Noticias Relacionadas:
