Desde hace 20 años esto de la LECRIM es como «el Día de la Marmota»

Desde que tengo uso de razón jurídica, esto es, al comenzar la carrera de Derecho, a finales del siglo pasado, no ha existido ministro de Justicia que no haya proclamado como uno de los principales retos legislativos la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya principal novedad consistiría en atribuir la función de instruir los procedimientos penales a los fiscales, sustituyendo en esa misión a los jueces de instrucción.

En la fase final de la carrera de Derecho, cuando empecé a estudiar el Derecho Procesal Penal, y ya teniendo claro que quería opositar a fiscal, pensé que lo que iba a aprender en ese curso sobre esa materia, no me iba a servir de nada para las oposiciones, porque era inminente la creación de esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que haría inservible lo estudiado en ese curso sobre esa materia.

Eso no fue así, y una vez comencé a preparar las oposiciones, ya con un Gobierno distinto tras nuevas elecciones, el nuevo ministro de Justicia anunció nuevamente, como uno de los principales objetivos de la legislatura, la creación de esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal era la prontitud en su creación que, para no perder el tiempo en el estudio de una Ley que iba a desaparecer por una totalmente nueva, decidí apartar del estudio de las oposiciones los temas de Derecho Procesal Penal, a la espera de la entrada en vigor de esa nueva Ley, mientras avanzaba en el estudio del resto de las materias.

Esa nueva ley no veía la luz, y llegó un momento en el que la única parte del temario que me quedaba por estudiar era la relativa a Procesal Penal.

En esta tesitura, no sin desasosiego, decidí abordar el estudio de los temas de Derecho Procesal Penal en la firme creencia de que, si no aprobaba pronto las oposiciones, tendría que volver a estudiar de nuevo esos temas porque ya habría salido la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo que había estudiado no habría valido de nada.

Por ello, tuve muchos momentos en los que me planteé seguir repasando las demás materias y no tocar nada de Procesal Penal hasta que entrara en vigor la nueva Ley.

Así las cosas, de haber optado por esa decisión, seguiría en la actualidad opositando, repasando los temas de derecho constitucional, civil, penal, procesal civil, laboral, mercantil y administrativo, pero sin haber tocado un solo tema de Procesal Penal, porque no ha habido Gobierno que no haya proclamado, entre sus principales desafíos legislativos, la creación de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

EL DÍA DE LA MARMOTA 

En términos filosóficos se produce con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que Friedrich Nietzsche llamó el «Eterno Retorno», y más vulgarmente, «El Día de la Marmota», el elemento central de la película «Atrapado en el tiempo», protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell.

El actor Bill Murray en la película «Atrapado en el tiempo», que en varios países iberoamericanos fue titulada como «El Día de la Marmota», en el que el protagonista amanece día tras día repitiendo exactamente las mismas cosas y sin avanzar.

Bien sea con el «Eterno Retorno o con el «Día de la Marmota», tras las últimas elecciones se ha vuelvo a anunciar como propósito legislativo la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, a estas alturas, ya la llamaría la Vieja nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y siempre, esa noticia legislativa viene justificada por la necesidad de crear una ley moderna, acorde al año 2020, y no al año 1882, y, además, ese anuncio viene acompañado con la polémica de atribuir a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales con el riesgo que ello supone por la supuesta falta de independencia de ésta, al encontrarse sometida al principio de jerarquía.

Sobre la necesidad de crear una ley actualizada al año 2020, alegándose que es inviable que siga vigente una ley del año 1882, lo cierto es que esta ley de 1882 ha sido sucesivamente reformada y adaptada a las necesidades de cada momento.

El Código Civil es del año 1889 y también ha sido continuamente reformado, adaptándose a las necesidades de cada época y, sin embargo, no se plantea la creación de un Código Civil nuevo.

No se trata simplemente de crear una ley porque la existente es antigua; se puede crear una ley de última generación, de tecnología punta, pero de nada serviría si los medios con los que cuenta la Administración de Justicia para dar efectividad a esa Ley son los mismos medios del siglo pasado.

Si se quiere crear una ley ultramoderna, invocando la vejez de la que se quiere derogar, esa modernidad debe trascender a los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, para evitar que ese avance legislativo no se reduzca a la mera redacción de la norma.

¿UNA LEY DEL SIGLO XXI CON LOS MEDIOS DEL SIGLO XX?

De nada sirven leyes de última generación si se cuentan con medios anacrónicos para aplicarlas.

No se trata, pues, de hacer una ley para el siglo XXI con los medios del siglo XX.

En lo relativo a la principal crítica que se objeta a la siempre futurible Ley de Enjuiciamiento Criminal es el riesgo que, para la independencia, supone atribuir la instrucción a los fiscales, y ese reproche deriva fundamentalmente en el hecho de que los Fiscales están sometidos al principio de jerarquía, y que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno.

Quiénes alegan esos dos motivos para criticar el peligro que supone atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal realizan una interpretación interesada de la Constitución, la Ley y el funcionamiento del Ministerio Fiscal.

Los miembros del Ministerio Fiscal tienen atribuido constitucionalmente la defensa de la legalidad y no tienen ningún interés, más allá que la defensa de esa legalidad, en decidir si se investiga o no se investiga algún asunto o si se acusa o no se acusa a determinada persona, del mismo modo que un juez o tribunal enjuiciador no tiene más interés en condenar o absolver más allá que de lo que de su conciencia resulte tras la práctica de la prueba.

El hecho de que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno, no implica sumisión del fiscal General al Gobierno, ni que éste pueda darle instrucciones, como tampoco cabría admitir que los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, acate órdenes e instrucciones de los partidos políticos con representación parlamentaria que le han propuesto para el cargo, ni acepten directrices de éstos para la propuesta de nombramiento de las más altas instancias judiciales.

En conclusión, me encuentro en el mismo punto que cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, esto es, la promesa eterna de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la crítica injustificada a la falta de independencia que el Ministerio fiscal tendría en la investigación e instrucción de los procedimientos penales, y la permanente insuficiencia de medios materiales y humanos en la Administración de Justicia.

Sigo viviendo en el «Día de la Marmota».

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