Una reflexión sobre la abogacía española en el día de San Ivo, patrón internacional de los abogados católicos

Hoy 19 de mayo se celebra la onomástica de San Ivo –o Saint Yves, como se le conoce internacionalmente–  tradicional patrón de los abogados católicos en el mundo [en España tenemos a San Raimundo de Peñafort, a excepción del Colegio de Abogados de Zaragoza, de quién es su patrón también] y quizás sea un buen  momento para plantearnos si nuestra función es valorada realmente por la sociedad.

Durante estos días de alarma sanitaria se han repartido aplausos para todos los colectivos, menos para los abogados, el gobierno, públicamente, ha agradecido la labor de grupos profesionales sin hacer mención a la abogacía.

Un reputado periódico de ámbito nacional ha jaleado, durante días, la labor de múltiples trabajadores y profesionales, como militares, enfermeras, empaquetadores, etcétera. Retratándolos como héroes.

Pero sin pronunciar ni una sola  mención para aquellos abogados que, estos días, han estado en comisarías y tribunales, velando para que se respetasen los sacrosantos derechos de defensa y tutela judicial efectiva de nuestros conciudadanos.

Así pues, una vez mas hemos pasado desapercibidos para la sociedad y los medios de comunicación.

INJUSTA INVISIBILIDAD 

Con esa injusta invisibilidad, no podemos esperar que los gobernantes se fijen en nuestras necesidades y tomen medidas para reactivar una sector ahora mismo devastado, tomando medidas como por ejemplo la bajada de la fiscalidad de los servicios jurídicos.

¿O es que acaso no es absurdo que un ciudadano deba pagar 21% de IVA al contratar los servicios de un abogado para evitar ir a la cárcel o perder una propiedad, o su empleo y, sin embargo, por dar  un banquete o tomar un avión nacional o alojarse en un hotel o balneario el tipo  sea solo de un 10%?

Se cuenta que el epitafio que se escribió en la tumba de San Ivo era “Santis Ivo erat brito advocateus et non latro res miranda populos» cuya traducción del latín sería “San Ivo era abogado bretón y no ladrón, para admiración del pueblo».  

Pues bien a fecha de hoy en el subconsciente de nuestra sociedad pervive esa falsa idea de que el abogado es un aprovechado de los males de su prójimo.

Y es muy al contrario.

UNA PROFESIÓN ORIENTADA AL BIEN COMÚN 

Desde el derecho romano, el abogado debe asistir gratuitamente a las personas sin recursos, obligación que tuvo eco en la jurisprudencia y teología imperantes en la Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días.

Así el artículo 1º de la Ley de justicia Gratuita establece que “El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen”.

Es decir, la profesión de abogado en nuestra cultura, siempre ha estado orientada al servicio del bien común.

No obstante de nada sirve que tengamos un régimen disciplinario tan estricto e implacable –y que no se aplican a los intrusos, quienes   realmente nos dan mala fama– si desde nuestros propios órganos corporativos, por mucho que gasten en comunicación, no se hace nada por cambiar ese infame prejuicio del abogado ladrón.

Quizás ese abandono gubernamental, invisibilidad y mala fama pudieran combatirse si realmente el colectivo de abogados fuese soberano  de sus propios destinos eligiendo directamente a su presidente y representantes ante el Consejo General de la Abogacía (CGAE), al cual contribuimos económicamente todos nosotros.

Una circunstancia que, a fecha de hoy, no se da cuando la Presidencia y miembros del CGAE no se eligen directamente por los abogados,  son resultado de acuerdos entre bambalinas y no tienen que someterse periódicamente, como en toda organización democrática, ante sus representados para dar cuenta de su gestión.

Ya que Roma eligió nuestro santo patrón mundial, ¿por qué no elegir nosotros nuestros representantes ante el Consejo?

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