El ministro de Justicia durante una de sus intervenciones ante el Pleno del Senado; en esta ocasión fue ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Foto: EP.
Campo reclama lealtad al resto de partidos para reformar la Justicia
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22/5/2020 02:36
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Actualizado: 22/5/2020 03:00
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió ayer lealtad y diálogo al resto de fuerzas políticas con el objetivo de aprovechar «el impulso reformista» al que obliga la crisis por el COVID-19 para emprender un profundo proceso de transformación» de este sector, que considera «elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país».
Campo hizo este llamamiento durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado -que estaba pendiente desde su nombramiento tras la última formación de Gobierno- para explicar el proyecto ‘Justicia 2030’ en el que se centrará sus planes al frente del Ministerio.
Y para informar sobre las gestiones realizadas por su departamento para paliar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria que ha provocado un parón en la Justicia.
En esta línea, el ministro defendió que su programa se basa en el diálogo y en el consenso y que así se ha hecho con las medidas adoptadas durante el estado de alarma y con el Real Decreto-ley aprobado para evitar el colapso de la Justicia ante el previsible incremento de litigios que se ingresaran cuando se reanude la actividad judicial.
Así, el ministro propuso a la oposición acabar «con las inercias partidistas y los diálogos sordos» con el fin de construir acuerdos estables basados en un gran consenso para la Justicia.
«Tengo la convicción de que es posible conseguir un consenso estratégico para reforma estructural en el servicio público de Justicia y para la salida de la crisis», manifestó, para añadir que, sin embargo, que ese gran acuerdo de unidad que propone «exige compromisos recíprocos».
Campo admitió que la crisis de la COVID-19 «nos ha puesto a prueba como país», pero ha permitido demostrar que «las instituciones son eficaces, que la ciudadanía es profundamente solidaria y está unida y que el estado de derecho nos protege bajo cualquier circunstancia».
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO
Campo evitó la autocrítica sobre las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Justicia desde el inicio del estado de alarma.
«El Gobierno en su conjunto está actuando de forma transparente, facilitando numerosas ruedas de prensa diarias para dar cuenta de la gestión de la COVID-19», a lo que se suman las comparecencias en las sesiones de control en ambas cámaras parlamentaras, recordó.
Para el titular de Justicia, «España ha estado a la altura de las circunstancias, por difíciles que hayan sido, y hemos dado un ejemplo de responsabilidad y disciplina social».
El conjunto de personas al servicio de la Justicia, recordó, «también ha hecho unos esfuerzos colosales por mantener en pie lo esencial del servicio público», pese a reconocer que la plantilla de funcionarios presenciales en juzgados ha llegado a reducirse hasta el 95 por ciento.
En todo caso, defendió que el objetivo fundamental de su departamento ha sido «mantener activas las estructuras institucionales necesarias que velan por los derechos de la ciudadanía» estableciendo unos servicios esenciales «que, pese al coronavirus, garantizaran a la sociedad poder seguir contando con el servicio público de justicia siempre que fuera necesario y urgente».
Así, señaló que en los distintos órganos judiciales se han habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes territoriales y de informática, así como para el personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense.
A ello se han unido otros 1.757 puestos de teletrabajo habilitados para el Registro Civil.
En paralelo, según apuntó el ministro, se han creado 117 salas de videoconferencia para facilitar la celebración de reuniones entre los juzgados de guardia y las comisarías de policía. También se han creado otras 16 para las fiscalías.
En cuanto a la protección individual frente al coronavirus, Campo recordó que «todas las administraciones, dentro y fuera de España, han tenido dificultades en la obtención de EPI», y pese a ello considera estar «razonablemente satisfecho» del trabajo realizado al respecto.
Añadió que «en un mercado internacional saturado y muy complejo, el Ministerio de Justicia ha coordinado la compra y distribución de EPI para todo el territorio nacional».
En total y hasta la fecha se han distribuido casi medio millón de guantes, 220.000 mascarillas y unos 30.000 dispensadores de gel, por lo que considera que las necesidades están cubiertas para un futuro inmediato.
354 INDULTOS, TODOS DENEGADOS
En cuanto a la actividad durante este periodo, Campo relató que el Ministerio de Justicia había dictado más de 40 resoluciones para reordenar el servicio y había tramitado 11.496 resoluciones de expedientes nacionalidad por residencia; 354 resoluciones de expedientes de indulto, todos en sentido denegatorio; 23.756 certificados de últimas voluntades y 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.
A lo largo de su exposición, Campo recordó las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde el inicio de la pandemia y las relacionó con los futuros planes del Ministerio, entre los que destaca, como novedad, una reforma de la Ley de Registros Civiles que cree necesaria ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de 2011 que preveía la desaparición de la mayoría de las oficinas del registro civil, más de 8000 actualmente.
INCREMENTO DE ASUNTOS EN SOCIAL Y CONCURSAL
En cuanto a los efectos de la crisis, el ministro dijo que, según sus previsiones, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentará en 2.020 hasta un 31 por ciento, llegando al 140 por ciento.
En 2021 habrá más de un millón de nuevos asuntos. Con estos datos, la pendencia se situará en un 175 por ciento.
Por lo que se refiere a los concursos de acreedores, el ministro calcula que el incremento puede ser del 246 por ciento para el ejercicio 2020 y del 619 por ciento para en 2021.
Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 se alcanzarían los 50.000 en 2021.
Como ya anunció en la Comisión de Justicia del Congreso, uno de los proyectos que el ministro considera más importantes es la actualización de las formas de investigación y enjuiciamiento penal a través de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«Necesitamos, esto creo que goza de total consenso, una nueva norma, moderna y justa que atribuya la investigación al Ministerio Fiscal y que fortalezca las garantías constitucionales -manifestó-. Tenemos que superar definitivamente una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal».
Igualmente se refirió a la Ley Orgánica del derecho a la defensa, para cuya elaboración se ha creado un comité y se ha puesto al frente al prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker.
LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN
Los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado, por su parte, reclamaron al ministro de Justicia que invierta en medios materiales y humanos para reforzar los juzgados y tribunales en su reactivación tras el estado de alarma, declarada hace dos meses por la pandemia del coronavirus.
Los portavoces parlamentarios de la oposición le recordaron que los operadores jurídicos y partidos políticos se han quejado de que no ha existido tales conversaciones para participar en las medidas relacionadas con el Covid-19.
Así lo expuso Fernando de Rosa portavoz del PP en esa Comisión, quien, además, aseguró que los profesionales del sector de la Justicia «denuncian la falta de medios» e indicó que durante toda la pandemia los abogados del Turno de Oficio no han tenido garantizadas las medidas de seguridad suficientes para poder ejercer la asistencia letrada.
También afeó que los mutualistas también hayan sido «olvidados por el Gobierno» al no haber obtenido las mismas ventajas que los autónomos.
El senador De Rosa también criticó que los plazos procesales se hayan suspendido durante el estado de alarma, mientras que los procedimientos de indulto han continuado.
El PP no fue el único grupo que incidió en este aspecto. También siguieron esa línea Carles Mulet, de Compromís y la senadora por Vox, Yolanda Merelo, quien acusó a Campo de tener un «interés partidista» por introducir procedimientos de medida de gracia «mientras la gente moría».
De Rosa pidió al ministro que «no se deje llevar por las exigencias radicales de sus socios», en alusión a EH Bildu tras el pacto para la derogación de la reforma laboral que el PP hizo en 2012, y que el Ejecutivo ponga fin al «estado de excepción encubierto».
E instó a volver a la «normalidad constitucional» cuanto antes.
«No se invente una nueva normalidad», espetó el senador popular tras defender la alternativa del PP al estado de alarma y enumerar las vulneraciones de derechos que cree que el Gobierno ha cometido durante estos dos meses con el dictado de «209 normas».
Con todo ello, De Rosa afirmó que ahora toca defender a los profesionales del sector y hacer un plan ‘Justicia 2020’.
Finalmente, respondió al proyecto de Campo parafraseando al físico Isaac Newton, que dijo: «si he llegado más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes».
«Esos hombros son los profesionales de Justicia. No se olvide de ellos», concluyó.
NO SE HA TENDIO EN CUENTA A LOS MUTUALISTAS
Así se lo recordó el senador por Ciudadanos, Miguel Sánchez López, quien recordó que durante esta crisis no se han tenido en cuenta a los mutualistas, ni tampoco a los «pequeños» despachos de abogados que son los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.
Además de recordar que la abogacía rechazó rotundamente habilitar del 11 al 31 de agosto porque es «perjudicial» para ellos, el senador del partido ‘naranja’ recalcó que en muchos juzgados aún no disponen de «material necesario para que se protejan» los trabajadores que ya se han reincorporado en su puestos de trabajo debido a la fase 1 de la desescalada impulsada por el Ministerio de Justicia.
También señaló. que faltan medios materiales y humanos para reforzar los juzgados para que puedan hacer frente a la elevada carga de trabajo que se sumará al que ya había antes de la pandemia y ha propuesto que se recurra a la plantilla de jueces y fiscales suplentes.
«Ningún ministro ha invertido nunca dinero, tiempo y esfuerzo suficiente. Esperemos que esto no ocurra los mismo con usted», dijo.
El Grupo Mixto formado por Vox, el Partido Regional de Cantabria (PRC) y el Partido Aragonés, así como el Grupo Parlamentario Vasco también incidieron en la falta de partidas presupuestarias para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia.
Pero no sólo para reforzar la plantilla de jueces, sino para fortalecer el servicio de limpieza para garantizar la seguridad de todos los trabajadores, tal y como destacó el representante del PRC, José Miguel Fernández.
También son necesarios «más recursos para la lucha contra la violencias de género», «equiparación de género» en la Justicia, fomentar la resolución extrajudicial o adoptar «un lenguaje entendible en resoluciones» judiciales, apuntó el senador de Compromís, Mulet.
Por último, ERC aprovechó su intervención para criticar que el Gobierno siga «desoyendo» el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y que los condenados por el proceso independentista en Cataluña sigan en prisión, según dijo su portavoz, Laura Castel.
Por su parte, Josep María Cervera, de Junts per Catalunya, dijo que durante el estado de alarma, el Gobierno había dictado «normas a contrarreloj, «atropellando» los derechos de los «territorios y de la ciudadanía».
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