El presidente del CNLAJ, Rafael Lara, destaca que la responsabilidad del acta es del letrado de la administración de justicia, que es el responsable de la seguridad de los datos y la intimidad de los que intervienen en el juicio y que responden si no se garantiza, por lo que exige que hasta que no se confirme que son seguras no se utilicen.
El Colegio Nacional de letrados judiciales advierte que las aplicaciones para los juicios telemáticos pueden no ser seguras
Pide una auditoría de seguridad por parte del CTEAJE y del CGPJ para aquellas que se pretenden usar alternativamente a los sistemas actuales para decidir su uso
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22/5/2020 11:21
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Actualizado: 22/5/2020 11:23
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El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) advierte que las aplicaciones para celebrar juicios por videoconferencia que se pretenden usar alternativamente a los sistemas actuales, diseñados específicamente para Justicia, pueden no ser seguras y provocar que se terminen filtrando datos sensibles o incluso la grabación de la vista.
El presidente del Colegio Nacional de letrados judiciales, Rafael Lara, señala a Confilegal que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han planteando el uso de algunas aplicaciones alternativas a los sistemas actuales y que ya se ha hecho uso de alguna de ellas.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia reclama una auditoría de seguridad de todas ellas por parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica (CTEAJE) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para decidir su uso.
El CNLAJ hizo esta petición ayer al Ministerio de Justicia en la reunión que mantuvieron las asociaciones de letrados judiciales con la directora general de Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste, y el subdirector de Modernización, Francisco Cabo.
En concreto, ha reclamado al Ministerio que «ordene a las Comunidades Autónomas en las que ya están celebrando juicios telemáticos haciendo uso de estas aplicaciones que dejen de utilizarlas puesto que no ofrecen ninguna garantía de seguridad«.
Pide que se paralice su uso hasta que no se realice esa auditoría de seguridad informática que garantice los derechos de los ciudadanos.
El Colegio Nacional entiende que los letrados de la administración de Justicia «no pueden verse implicados en la validación de grabaciones que constituirán el acta del juicio si no están respaldados por la aprobación de los órganos competentes para ello tras un estudio técnico adecuado».
Critica que el Ministerio le ha respondido que «elaborará un mero y simple protocolo de uso».
«Dice que elaborará un protocolo, pero no que se vaya a realizar esa auditoria de seguridad. La Ley Orgánica del Poder Judicial nos otorga la responsabilidad de la seguridad de los datos y de la intimidad, si el Ministerio y el CGPJ no intervienen para que la aplicación que se utilice sea completamente segura para garantizar los derechos de los ciudadanos conforme a nuestra responsabilidad, tendremos que acudir a los órganos que tienen encomendada la protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos y los propios tribunales de justicia, para paralizar esta aberración«, advierte Lara.
El Colegio exige que las grabaciones queden cerradas y no puedan tener acceso a ellas cualquier interviniente puesto que podría realizar copias o manipular la grabación.
Destaca que «si cualquiera que interviene en el juicio o incluso un tercero, porque la aplicación no tenga mecanismos de seguridad, puede tener acceso a la grabación, se corre el riesgo de que acabe en redes sociales agrediendo el derecho a la protección de la intimidad de todos los intervinientes en el proceso».
«El estado de alarma no puede justificar que nos saltemos las garantías y derechos de los ciudadanos», subraya Lara.
Apunta que «el Tribunal Constitucional ya ha excluido utilizar este tipo de aplicaciones en sus delibertaciones por no ser seguras».
Por otra parte, Lara informa que el Colegio volvió a pedir ayer al Ministerio que los letrados judiciales dispongan de equipos de protección individual para las entradas y registros, y que le han dicho que con mantener la distancia de seguridad es suficiente.
«Eso es imposible en espacios cerrados donde llegan a coincidir hasta ocho o nueve personas», indica Lara.
Critica que el Ministerio «no ha asumido la dirección y control de la provisión para los letrados de Justicia de Epis y otro tipo de material en los juzgados y tribunales, de modo que cada Comunidad Autónoma hace lo que considera oportuno en su territorio».
«Le reiteramos insistentemente que asuma ese control y provea en su territorio y exija en los transferidos a las comunidades la provisión de EPIs necesarios para llevar a cabo nuestra función con garantías para la salud de letrados judiciales y de su entorno, y responde que no, que podría considerarse en casos puntuales», explica Lara.
Advierte que «de seguir en esta línea el Ministerio, el Colegio Nacional presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo y servicios de prevención».
El CNLAJ también preguntó si se harán test de coronavirus a los letrados judiciales, y critica que «el Ministerio respondió que no lo considera necesario».
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