Con mucha seguridad, a partir del próximo abril, no se celebrarán juicios, tampoco se recibirá declaración a víctimas, perjudicados, investigados, testigos, peritos.
No se ordenarán transferencias bancarias, no se librarán mandamientos de pago.
No se convocarán subastas, tampoco se recabarán expedientes impugnados a la Administración Pública. No se decidirá sobre la procedencia o improcedencia de un despido, y no se dictarán decretos de embargo frente a nadie.
Toda la Justicia, aunque muchos lo desconozcan, y de forma principal el actual Gobierno, gira en torno a la figura del Letrado de la Administración de Justicia.
Si él para, todo para.
Y ése ha sido el deseo de la señora Ministra, Pilar Llop.
Los oídos sordos y la burla parlamentaria del Ministerio de Justicia a las reclamaciones históricas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia —que alcanzaron su cénit en la huelga del pasado 26 de enero— sitúan un escenario judicial complejo, turbio, conflictivo y en el que, desgraciadamente, el servicio público que se presta por todos los profesionales de la Administración de Justicia queda amenazado.
Probablemente se dejó esperar demasiado tiempo, se confió en la bondad y el compromiso de un cuerpo profesional que sirvió al pie de los Juzgados y Tribunales en lo peor de la pandemia.
Pero todo tiene un límite.
Y el incumplimiento flagrante y escandaloso por el Gobierno de la Ley de Presupuestos —cuya Disposición Adicional 157ª expresaba el mandato para la «adecuación salarial» del Cuerpo de Letrados— encendió todas las hogueras y alimentó un fuego de reclamaciones que, ahora, semanas después, amenaza con incendiar la Justicia española en todos sus frentes.
Sin Letrados de la Administración de Justicia todo se parará.
Sobre la mesa de negociación reclamada insistentemente por los fedatarios y directores de las oficinas judiciales han de colocarse, imperativamente, dos asuntos que condicionan la paz social en la Administración de Justicia: el cumplimiento real de la Ley de Presupuestos —producto de la soberanía y la voluntad del pueblo español, recuérdese— y la construcción de un espacio para la negociación colectiva entre el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio, pretensión contemplada en la regulación legal y reglamentaria pero violentada durante años a través de su reconducción al marco sindical general.
Se acaba el tiempo para hablar, dialogar, y buscar acuerdos. La paciencia, como todo, se delimita con voluntad y confianza. La Ministra ha demostrado no tener la primera y la Justicia ya no confía en ella.
Sin juicios, sin declaraciones, sin pagos, subastas, embargos o resoluciones. España afronta una situación judicial irreversible y de daños irreparables.
El Ministerio de Justicia tiene la llave que evite la huelga indefinida.
Pero el tiempo se acaba.
