El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo 1 de febrero la adecuación del salario del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que se acordó en la Mesa Sectorial de Justicia sobre el incremento del complemento específico del personal de Justicia y que supondrá un aumento retributivo de 195 euros al mes.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, que apuntan, además, que el acuerdo al que se llegó tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
Añaden que la tramitación del mismo ha sido impulsado por el nuevo equipo de Justicia.
Esto trasciende después de que la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) convocara una huelga para este miércoles 26 de enero, «ante el flagrante incumplimiento» de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 sobre la adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia.
El pasado diciembre, ya anunciaron la convocatoria para exigir, además, que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para reconocer el derecho a una negociación propia a los letrados judiciales.
EL GOBIERNO NO RECONOCE EL DERECHO DE LAS ASOCIACIONES DE LAJ A NEGOCIAR SUS CONDICIONES
Las fuentes consultadas señalan, sin embargo, al respecto que el ámbito de la negociación colectiva de los cuerpos funcionariales es el propio de todo el sector público.
Por tanto, no existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia.
Explican que, en el ámbito de la Administración de Justicia, los jueces y magistrados, que tienen prohibida la afiliación a partidos políticos y sindicatos, tienen una ley de retribuciones propia, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
La existencia de esta Ley propia se encuentra en las funciones que constitucionalmente tienen asignados los jueces y magistrados, y así se pone de relieve en el Preámbulo de la norma, que destaca el valor de la independencia (artículo 117 de la Constitución) como justificante último de la norma.
Esta normativa se extiende a los fiscales «en atención a la relevancia de sus funciones y de la institución a la que sirven».
Así, destacan que no existe en la organización administrativa un ámbito de negociación propia de un cuerpo funcionarial como la que reclaman los LAJs. Y añaden que la interlocución del Ministerio de Justicia en estos asuntos es con los sindicatos.
Sobre el incremento salarial que irá al Consejo de Ministros las fuentes indican que supone 2.430 euros al año, el 5,26% de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todo el sector público.
Así, ese incremento hará que los ingresos medios de un LAJ después del incremento total del 7,26% serán de 46.855,99 euros al año, el doble que el salario medio de España.
