La primera reunión que Manuel Olmedo, el nuevo secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, mantuvo la mañana del pasado 22 de diciembre con las cuatro asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, por vez primera, no dio los frutos esperados.
No fue suficiente para que la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ) desconvoque la convocatoria de huelga para el 26 de enero entre los pertenecientes a este Cuerpo de funcionarios, que antes se denominaban secretarios judiciales.
«El secretario general se mostró comprensivo ante la situación y nos emplazó a constituir grupos de trabajo para abordar la cuestión retributiva después de las vacaciones navideñas», explica la UPSJ en un comunicado.
«Es obvio que el señor Olmedo simplemente ha heredado un gravísimo conflicto, que tendrá que gestionar. También lo es que los componentes del resto del equipo, incluida la señora Ministra, siguen siendo los mismos que han permitido la firma de un acuerdo con los sindicatos absolutamente inadmisible, por incumplir la clara obligación de adecuación salarial impuesta por la ley presupuestaria», añade.
Por eso, UPSJ exige que esa voluntad de solventar el problema existente, se concrete de manera urgente en «un acuerdo escrito, cuantificado y sujetos a plazos concretos que demuestre que se tiene la clara intención de pasar de las palabras a los hechos».
Por ello, mientras eso no suceda, la Unión Progresista de Letrados Judiciales mantiene el llamamiento a la huelga general en ese día señalado, el 26 de enero.
Un llamamiento que, según esta Asociación, está produciendo una «movilización apabullante» con la convocatoria de asambleas en todos los partidos judiciales de España.
