Las dos principales asociaciones de letrados judiciales, el CNLAJ y la UPSJ, se han pronunciado contra los planes que, aseguran, tiene el Ministerio de Justicia y que contemplan abrir las puertas de forma más amplia a la que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permitiendo el acceso al cuerpo, con muchísimos menos requisitos por promoción interna o por concurso de méritos.
En la actualidad el artículo 442 de la LOPJ regula este acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por dos vías: por oposición libre, por una parte, y por promoción interna, por otra. Esta establecida en un 30 % para los miembros del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Ambas asociaciones han recurrido, por la vía contenciosa-administrativa, el decreto de oferta de empleo de 2023 del Ministerio de Justicia que contemplaba una ampliación de ese 30 % al 50 % y que, según ellas, contraviene claramente lo que dice la propia LOPJ.
De acuerdo con ambas asociaciones, tanto en el turno libre como en el de promoción interna, el sistema actual de oposición garantiza el acceso de personas suficientemente preparadas y formadas, con el bagaje técnico requerido para las importantes funciones encomendadas al cuerpo, mediante la superación de un test y un examen oral en ambos turnos y además un caso práctico en el turno libre.
Ambas asociaciones han recurrido, por la vía contenciosa-administrativa, el decreto de oferta de empleo de 2023 del Ministerio de Justicia que contemplaba una ampliación de ese 30 % al 50 % y que, según ellas, contraviene claramente lo que dice la propia LOPJ
Sin embargo, están en contra de que para el acceso por promoción interna se simplifiquen los temarios, hasta dejarlos en un número de temas de derecho civil y 7 u 8 de derecho procesal, además de no contar las preguntas no respondidas en los tests, o que se establezca un concurso de méritos que no precise examen alguno a los aspirantes del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que soliciten convertirse en letrados judiciales.
DEBE HABER UN DEBATE PAUSADO Y PARA LA DECISIÓN TIENE QUE HABER CONSENSO
Tales medidas, según las dos asociaciones, pueden dar lugar a que accedan candidatos menos preparados, lo que perjudicará al servicio público y al ciudadano, además de afectar a la igualdad en el acceso a la función pública.
Tanto el CNLAJ como la UPSJ dicen no oponerse al acceso a los gestores procesales que demuestren sus conocimientos y capacidades, pero consideran que el 50 % es excesivo.
E instan al Ministerio de Justicia a echar el freno a esos planes y a abrir un debate pausado para conseguir un amplio consenso.
Según las dos asociaciones de LAJ, una reforma precipitada y sin consenso del modelo de acceso o de los porcentajes de los turnos sería una irresponsabilidad que perjudicaría al Servicio Público de Justicia y al derecho de los ciudadanos a que las plazas públicas estén cubiertas por los mejor preparados.
La Administración de Justicia, en todos sus niveles -jueces, fiscales, letrados judiciales, gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial-, se va a ver privada de entre el 33 y el 40 % de sus plantillas en 2030, cuando todos ellos lleguen a la edad de jubilación. Lo que resta hasta que eso ocurra son 5 años y medio.
