Hoy vuelvo a asistir a una apertura del año judicial, agradecido como siempre por la atenta invitación de la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en mi condición de portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.
Este año, sin embargo, tengo el ánimo enrarecido.
El gran acto institucional de la Justicia española se ve empañado por el ruido, la crispación y sucesos poco compatibles con lo que tendría que suponer. Se hablará de si asiste éste, deja de asistir aquél, de que unos vocales piden que no exponga su memoria el titular de un órgano constitucional o que ni siquiera se siente en la mesa el notario mayor del reino.
A todas luces, los discursos del Fiscal General del Estado y de la Presidenta del Poder Judicial serán escrutados buscando referencias a la situación política o a causas judiciales concretas de especial interés mediático.
Yo, sin embargo, por mis rarezas, espero la parte técnica de los discursos. Me interesa la valoración de la entrada en vigor de los MASC, su afectación a los procedimientos, margen de mejora, propuestas de modificaciones.
Unas palabras sobre la modificación de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, que entra en vigor dentro de un mes, las previsiones de su impacto, la preparación de jueces, fiscales, LAJ y personal de la administración de justicia, o la falta de ella.
¿Una crítica oportuna a que la creación de plazas de jueces y fiscales no vaya acompañada de la creación de plazas de LAJ y funcionarios de cuerpos generales?
Una primera valoración de la entrada en vigor de los tribunales de instancia en la mayoría de los partidos judiciales de España el pasado 1 de julio. El estado de preparación de los órganos para la implementación de la fase III el 31 de diciembre.
Los pasos dados para coordinarse con los secretarios de gobierno y coordinadores provinciales para consensuar instrumentos de colaboración. Valoración de si los medios son suficientes, si hay que mejorar la información y la formación, si los plazos son correctos o apresurados, si conviene pensar en aplazamientos de la entrada en vigor.
Dentro de diez, quince años, ya no estarán este ministro, este fiscal general del Estado, esta presidenta y estos vocales del CGPJ.
Pero sí estarán los tribunales de instancia y la oficina judicial que les de soporte.
Ese es el hecho histórico relevante de esta apertura del año judicial.
Que los árboles no nos impidan ver el bosque.
