«La Ministra, Pilar Llop, tiene que tomar nota de lo acontecido en el día de ayer, que no es más que la clara manifestación del hartazgo y de las justas reclamaciones de un Cuerpo de servidores públicos lealmente comprometidos con la Administración de Justicia», afirma la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ) –antes secretarios judiciales-, en una nota valorativa del Secretariado de esta asociación sobre los resultados de la huelga que tuvo lugar ayer en toda España.
De acuerdo con la UPSJ, un 70 % de los más de 4.300 letrados judiciales secundaron el paro (el Ministerio afirmó que habían sido solo un 30,34 %); el resultado, para ellos, ha sido un éxito.
Añade: «Pese a unos servicios mínimos excesivos, pese a las bajas laborales por la situación sanitaria, y pese a que no se nos ha permitido el disfrute de las vacaciones y los permisos pendientes más allá de este mes (como sí se ha autorizado a otros cuerpos), las letradas y los letrados de la Administración de Justicia hemos ejercido mayoritariamente nuestro derecho fundamental a la huelga en defensa de unas reivindicaciones legítimas, justas y ya históricas».
En esta nueva fase, la UPSJ tiende la mano al Ministerio para llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto.
«Tendemos nuevamente la mano, como lo hicimos en la reunión del día 13, y como lo hemos hecho posteriormente en comunicaciones dirigidas a la Ministra y al Secretario de Estado, para buscar un acuerdo que resuelva esta situación que nadie desea, y para empezar a dar respuesta a lo que las letradas y letrados de la Administración de Justicia venimos reclamando desde hace tantos años», dicen en una nota recién publicada.
«Después de haber demostrado una paciencia y una consideración infinitas durante más de una década, era el momento de que, al amparo de una norma presupuestaria que obligaba a ello, el Ministerio de Justicia, y su titular, Pilar Llop, hubieran adecuado el salario de los LAJ al considerable aumento de funciones y responsabilidades asumidas de manera incesante en virtud de las reformas procesales y organizativas. Lejos de ello, y tras un acuerdo con los sindicatos generalistas, se optó por mantener ese injusto desequilibrio», subraya.
