Han enviado una carta al ministro de Justicia y otra al presidente del Gobierno con sus reivindicaciones; en la imagen los firmantes en representación del colectivo: los letrados José Manuel Raso García, Luis Francisco García Perulles y Carmen Leal García, y el procurador Carlos Garrido Jiménez.
320 abogados y procuradores reclaman a Campo ‘soluciones’ para la reanudación de la actividad judicial
Piden tener acceso al expediente digital, que se fomente el teletrabajo, y que el IVA de sus servicios se exonere o se reduzca al 4%, entre otras medidas
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25/5/2020 12:40
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Actualizado: 25/5/2020 12:47
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320 abogados y procuradores de diferentes Comunidades Autónomas han enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reclamándole «soluciones» para la reanudación de la actividad judicial.
Piden tener acceso al expediente digital, que se fomente el teletrabajo en la administración de Justicia, y un plan de choque con dotación económica para la reanudación de la actividad, con especial atención al Turno de Oficio.
También reclaman que el IVA de sus servicios se exonere o en todo caso se reduzca al 4%.
Asimismo, solicitan que se garantice el actual sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, mejorando la retribución del «servicio esencial y obligatorio que prestan los abogados y procuradores del Turno de Oficio».
Le enviaron la misiva el pasado viernes.
Está firmada por los letrados José Manuel Raso García (del Colegio de Abogados de Madrid), Luis Francisco García Perulles y Carmen Leal García (ambos del Colegio de Abogados de Cádiz); y el procurador Carlos Garrido Jiménez (del Colegio de Procuradores de Córdoba), en representación de todos ellos, «y recogiendo el clamor de sus respectivos colectivos».
La mayoría de los firmantes desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Valencia.
También han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informándole de sus reivindicaciones y de las soluciones que consideran «esenciales» para sus colectivos, así como para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.
Estos 320 profesionales jurídicos comienzan la carta al ministro señalando que «la Administración de Justicia española no puede estar paralizada», que la Justicia es esencial y debe ser tratada como tal.
Indican que era lógico que por razones de seguridad por el coronavirus, al no contar con los medios tecnológicos necesarios para que continuase funcionando, se paralizase durante un tiempo.
Destacan que «también era de justicia y de sentido común» que durante ese tiempo se dotara de los medios tecnológicos necesarios, entre ellos el teletrabajo, para que pudiese ponerse en funcionamiento a la mayor brevedad.
Critican no se haya hecho nada al respecto.
Afirman que «la paralización no puede ni debe persistir» porque el taponamiento de los asuntos irá crediendo día a día, «con lo que levantar esta situación será altamente complicado, por no decir imposible».
Además, indican que sin demandas incoadas no hay juicios, sin juicios no hay sentencias, y sin todo esto este colectivo no puede subsistir.
Y apuntan que «pueden ser muchos» los que se tengan que ver abocados a causar baja en la actividad.
Por tanto, su principal petición es que «las restricciones judiciales sean levantadas» y que el Ministerio de Justicia dote de los medios tecnológicos necesarios a juzgados y tribunales «para que puedan funcionar y no se vean obligados a paralizar la actividad en un futuro, que a lo mejor es muy cercano», ante posibles rebrotes de coronavirus.
También piden que abogados y procuradores puedan acceder al expediente digital, al que únicamente tienen acceso los funcionarios de la administración de Justicia.
«Pedimos que se trate a la administración de justicia en condiciones de igualdad a otras administraciones» (Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc.), que durante todo este tiempo no han paralizado su actividad, indican.
Por otra parte, reclaman que se respete su derecho a las vacaciones, recogido en el artículo 40.2 de la Constitución, en agosto.
«Es necesario y legítimo», señalan, y añaden que este derecho «sí ha sido respetado a los jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios».
Manifiestan que «el taponamiento de la Administración de Justicia es endémico, como sobradamente es repetido por todos los que trabajan en esta administración, y no se resuelve con trabajar durante el mes de agosto, sino en ponerse a funcionar desde ya, además de, entre otras medidas, concentrar las vacaciones de todos los que trabajan en la administración de justicia en el mes de agosto, salvo las de aquellos que, por razones de prestación de servicios ineludibles no pudiesen en dicho mes».
Recuerdan que varios decanos de diferentes Colegios Profesionales de Abogados han reiterado públicamente la «inviabilidad del mes de agosto como medio para solucionar o aliviantar la problemática de la administración de justicia».
Asimismo, indican que se ha elevado la «pertinente queja sobre ello al Defensor del Pueblo, por vulnerar la habilitación del mes de agosto el derecho fundamental a las vacaciones, el derecho a la protección de la familia y conciliación de la vida familiar y laboral (artículo 39 CE) , el derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE), además de atentar al derecho fundamental de igualdad frente a los demás operadores jurídicos y funcionarios de la administración de justicia».
«Los abogados y procuradores tenemos derecho a disfrutar de nuestras vacaciones», expresan, y piden que la medida de habilitar el mes de agosto sea anulada.
También ven «absolutamente necesario por el bien del acceso a la tutela judicial de los ciudadanos» que el IVA de sus servicios se exonere o en todo caso se reduzca al 4% (en Canarias el IGIC al 3%).
Destacan que «no se entiende que se tribute por un servicio esencial como es la defensa de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la Justicia, al tipo del 21% de IVA».
«Los ciudadanos, como usted debe de tener constancia, tendrán una capacidad de pago mermada ostensiblemente por la situación, por ello debemos potenciar que accedan de una forma más viable al sistema judicial», exponen al ministro.
Añaden que el colectivo de abogados y procuradores también se verá obligado a reducir sus honorarios para adaptarse a la actual situación.
«Es de Justicia que el Estado asuma parte de esta situación sin culpables», agregan.
Afirman que de otra forma, «se imposibilitará aún más el acceso a la tutela judicial que como derecho fundamental viene reconocido en nuestra Constitución».
Por último, reclaman que se garantice el actual sistema del Turno de Oficio.
Señalan que se ha encargado al abogado Antonio Garrigues Walker que presida la Comisión que elaborará el anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa. Dicen que no dudan de su «notable experiencia», pero sí «de que sea el mejor representante de la abogacía» para este fin.
«El derecho de defensa que versa fundamentalmente en que un ciudadano tenga derecho a una defensa jurídica, sea el procedimiento que sea, redunda en una regulación adecuada del ejercicio del turno de oficio, y es en ese punto donde consideramos que el anteproyecto debe ser objeto de encargo a profesionales que día a día se encuentran inmersos en este ámbito», exponen.
También piden que no se privatice el Turno de Oficio.
Su reclamación en este sentido es que se garantice el actual sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, mejorando la retribución del servicio esencial y obligatorio que prestan los abogados y procuradores del Turno de Oficio, pero no privatizándolo.
Hacen hincapié en que es de justicia que esta administración esencial debe ser «mejorada y modernizada», y trasladan a Campo que «esta desgraciada pandemia le brinda la posibilidad de hacerlo».
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