La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ministerio de Justicia que «aplique de forma efectiva» las medidas de protección frente al coronavirus antes de pasar a la fase 2 de la desescalada de la Administración de Justicia el próximo martes, 26 de mayo.
El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, manifiesta a Confilegal que «hasta el momento no se han fijado los aforos máximos de los edificios judiciales, ni se garantiza en el corto plazo el suministro de equipos de protección personal para todos los funcionarios, ni hay protocolos de actuación para prácticas de actos de comunicación personales, entre otras carencias».
Este sindicato señala que comparte con el Ministerio la necesidad de reactivar la Administración de Justicia, pero insiste en que la vuelta a la normalidad debe hacerse «de forma segura y poniendo los medios de protección adecuados».
Recuerda que el pase a la fase 2 supondrá el incremento de las dotaciones presenciales entre el 60 y el 70% de la plantilla en todos los órganos judiciales, en turnos rotatorios diarios con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde radique el órgano judicial, algo que CSIF también critica.
En esta fase se activará la posibilidad de establecer turno de tarde, pero siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros en la jornada ordinaria.
CSIF explica que en la reunión mantenida ayer con el Ministerio, la directora general de Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste, y el subdirector de Acceso y Promoción del personal de la administración de Justicia, José Ramón Crespo, les anunciaron «la compra de un millón de mascarillas, pero sólo para el Territorio Ministerio y que llegarán en julio, con las que piensa cubrir las necesidades de este elemento hasta septiembre u octubre en el ámbito de su competencia».
Apunta que «las Comunidades Autónomas ya no van a recibir más equipos de protección del Ministerio», según les explicaron.
Asimismo, informa que el Ministerio también les comunicó que han encargado a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales y para la aplicación de otras medidas de seguridad.
Sin embargo, CSIF señala que «los funcionarios tienen derecho a medidas efectivas y no que tras más de 65 días de estado de alarma se siga hablando de promesas y anuncios de unos medios que no llegan».
Este sindicato advierter que va a estar vigilante para que se cumplan todas las medidas de seguridad y salud.
«CSIF lamenta que el Ministerio siga supeditando la desescalada en Justicia a criterios ajenos a la seguridad laboral», expone.
Afirma que «el Ministerio sigue con su plan de desescalada al margen de los criterios de la autoridad sanitaria, y ahora admite que se va a entrar en la fase II sin completar las medidas de seguridad que el propio ministro firmó en la Orden JUS 394/2020».
CSIF insiste en que «no se puede desescalar sin aplicar las medidas que el propio Ministerio ha establecido».
Explica que «a partir del 4 de junio se van a empezar a celebrar juicios sin que se hayan establecido aforos máximos; se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, el uso de las salas de vista, el establecimiento de recorridos internos y el uso de ascensores, el manejo de expedientes, piezas de convicción y paquetes, el control de acceso a las sedes judiciales, sistema de cita previa y atención telefónica, y en consecuencia reclama que se aceleren estas evaluaciones de riesgo antes de cambiar de fase», como pidió también el resto de sindicatos ayer.
CSIF también informa que el Ministerio les ha anunciado que la fase 3 se pondrá en marcha el 9 de junio, aunque la suspensión de las actuaciones judiciales y plazos procesales se levanten el día 4 y la referida a los plazos administrativos el día 1.
‘INJERENCIA DEL CGPJ’ EN SALUD LABORAL
CSIF también denuncia injerencias por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Comités de seguimiento en los Tribunales Superiores de Justicia en la toma de decisiones sobre salud laboral, que no es de su competencia.
«Unos comités en los que se ha excluido a la representación del 85% del personal de Justicia y que, sin embargo, cuentan con representación de colegios profesionales, además de las administraciones con competencias en materia de Justicia», critica.
Además, CSIF vuelve a reiterar «la necesidad de hacer test a todo el personal que se reincorpore», muy especialmente a quienes vuelvan a trabajar después de haber pasado el Covid-19 o haber estado aislados con síntomas o por contacto estrecho con un contagiado.
CSIF también informa que ha enviado un escrito a la gerente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), Concepción Sáez, informándole que las entidades médicas concertadas con la mutualidad están rechazando la realización de pruebas de diagnóstico a mutualistas que presentan cuadros clínicos y síntomas compatibles con el Covid-19 y que conforme a los protocolos de Sanidad deberían hacérseles esas pruebas.
Por último, Jordán de Urríes Sagarna manifiesta que «los funcionarios quieren volver a trabajar, se están incorporando con normalidad cumpliendo las dotaciones que se establecen, pero tienen derecho a que se proteja su salud junto con la de los ciudadanos y profesionales que accedan a los edificios judiciales».
Por su parte, CC OO ha informado que el Ministerio se ha comprometido a potenciar el funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud y la mejora progresiva con contratación de personal técnico y sanitario en los Servicios de Prevención.
Los sindicatos vuelven a pedir al Ministerio que abra de forma inmediata la mesa de negociación para abordar los planes de actuación que va a ser necesario poner en marcha para hacer frente a la situación post Covid-19 y evitar atascos en la Administración de Justicia.
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