El senador por el PP, Fernando de Rosa, es magistrado en servicios especiales; ha sido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente en funciones y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Fernando de Rosa: El ministro del Interior podría haber cometido un supuesto delito de prevaricación y otro de obstrucción a la justicia
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03/6/2020 06:50
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Actualizado: 03/6/2020 01:22
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El senador, y portavoz del PP en la Cámara Alta, Fernando de Rosa, no es muy dado a dar titulares que se desvanecen en el aire a las pocas horas de haberlos generado. Lo suyo es la consistencia.
Es por una doble razón personal y profesional: es magistrado, en servicios especiales, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y tiene tanto recorrido, o más, que él.
No en vano fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial –y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces– entre 2008 y 2013. Y entre 2015 y 2019 fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
Es especialista en la jurisdicción penal, por lo tanto sabe muy bien de lo que habla.
Ayer, protagonizó una intervención intensa y vibrante en el Senado, frente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que le dijo, tanto a él como a Grande-Marlaska, lo que para él son las verdades del barquero.
«Quiero mostrar mi sorpresa porque en esta Cámara se ha reconocido la comisión de un delito de prevaricación. Un delito gravísimo de provocación para un delito contra la Administración de Justicia, realizado por el ministro del Interior, que, además, es juez», afirmó en la Cámara Alta.
Ese fue el marco de esta entrevista.
Profundizar, desde su opinión, sobre lo ocurrido con el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y las consecuencias legales que podría traer.
Usted dijo ayer que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudo haber cometido un delito de prevaricación. ¿Me lo puede explicar?
El ministro, en su declaración ante el Senado, dijo que le habían comunicado que había habido una filtración del informe de la Guardia Civil el jueves o el viernes de esa semana [el 22 y el 21 de mayo].
Relató que sus subordinados le pidieron al coronel Diego Pérez de los Cobos que informara si efectivamente existía ese informe.
La siguiente secuencia fue el documento que se filtró a la prensa. Por lo tanto, si tú le preguntas a tu subordinado qué ocurre con ese informe y cuál era su contenido, y luego le cesas cuando no te lo da, estamos ante una prevaricación.
Además, estamos ante otra figura, que podría ser de obstrucción a la Justicia.
Porque ha intentado conocer un informe que está bajo secreto de sumario.
Esto es tremendo y más viniendo de una persona que es un magistrado.
De Rosa durante su intervención, ayer por la tarde, en el Senado. Foto: Senado.
Ayer las asociaciones de guardias civiles hicieron referencia a una orden interna de 9 de abril de 2012, dictada por el director adjunto operativo, que indicaba a todas las unidades de Policía Judicial que cada semana, antes de las 11.00 de cada miércoles, enviaran una reseña con las operaciones en marcha. Una breve reseña que debía contener nombre, concepto, fecha, número previsible de detenidos, registro de inmuebles, posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales. ¿Esto es legal?
Si solo son datos objetivos y no hay contenido, pues se podría ver. Pero si va un paso más allá, y da la posibilidad de acceder a informes que están bajo secreto de sumario, pues eso no puede ser.
El contenido nunca podrían revelarlo. Habría que estudiar esa normativa.
Cualquier información, y se lo subrayo con toda intencionalidad, que esté bajo secreto de sumario y que esté bajo la dirección de un Juzgado o de la Fiscalía es absolutamente secreta. No pueden reportar a nadie más. Solo al juez de instrucción o al fiscal.
¿Cree usted que el intento de acceder a ese informe tenía como finalidad hacérselo llegar al delegado del Gobierno de Madrid, que es, al mismo tiempo, secretario general del PSM-PSOE, para que pudiera preparar mejor su defensa…?
¿Para qué pueden querer esa información si no la iban a usar? ¿Para qué la pidieron con tanta urgencia? ¡Un domingo por la tarde!
Y al no conseguir llegar a ella responden cesando al coronel.
No podemos olvidar, y tenemos que tenerlo muy presente, que el cese del coronel Pérez de los Cobos ha provocado la dimisión del director adjunto operativo y la salida del teniente general que iba a ser su sucesor.
¿Cómo debió de ponerse y cómo debió de exigir el ministro del Interior?, que es el que provocó todo. ¿Se lo puede usted imaginar?
¿Este es un cese legal o ilegal?
Al ser un cargo de confianza, igual que se nombra se le puede cesar.
¿Se puede cesar a una persona por negarse a cumplir una orden que es ilegal?
Como le decía, igual que se le nombra se le puede cesar. Pero hay que tener en cuenta que el nombramiento de confianza tiene que estar motivado y justificado.
Así lo ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Todo nombramiento tiene que estar motivado.
¿Y por que es así? Para que la persona afectada pueda recurrir.
La discrecionalidad no es arbitrariedad. Es lo ha repetido hasta la saciedad el Tribunal Supremo una y otra vez.
Y de la misma forma que se motiva, se explica, se argumenta, se justifica por qué se lo nombra, hay que hacer lo mismo a la hora de cesar.
En este caso, decir que se le ha cesado por una remodelación cuando es público y notorio que se le pidió un informe por teléfono, un domingo por la tarde, y a continuación se le cesa sin más, pues, desde mi punto de vista, ese cese puede ser nulo en la vía administrativa.
El oficio que ayer conocimos que envió la directora general de la Guardia Civil al secretario de Estado de Seguridad comunicándole que se cesaba al coronel Pérez de los Cobos por –y cito textual– “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, está firmado electrónicamente y, por lo tanto, es válido…
Es que esa es la razón principal del cese y no otra. En el acto administrativo del cese, que se produjo con la publicación en el BOE, debía haberse hecho constar el motivo.
Ese es el motivo verdadero.
Por lo tanto, desde un punto de vista administrativo, al no estar justificado es un cese nulo, por adolecer de la motivación correcta para que el coronel lo pueda recurrir administrativamente.
«En el caso del coronel Pérez de los Cobos, decir que se le ha cesado por una remodelación cuando es público y notorio que se le pidió un informe por teléfono, un domingo por la tarde, y a continuación se le cesó sin más, pues, desde mi punto de vista, ese cese puede ser nulo en la vía administrativa»
¿Cómo ve usted a Grande-Marlaska tras este, llamémosle, suceso?
Grande-Marlaska ha perdido toda la credibilidad para la mayor parte de la carrera judicial.
Él no puede decir en sede parlamentaria que no ha pedido un informe cuando después se ha acreditado la existencia de un documento en el que la directora general de la Guardia Civil se lo comunica al secretario de Estado para la Seguridad, que también es juez.
¿En qué más ha mentido el ministro del Interior?, me pregunto.
Imagínese usted que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51, Carmen Rodríguez-Medel, abriera una pieza separada para investigar el intento de filtración, que fue lo que a todas luces ocurrió el domingo 24 de mayo.
Todavía lo puede hacer. Está en su mano.
Y llama a declarar a Pérez de los Cobos como testigo. Y él, que, como testigo tiene obligación de decir verdad, cuenta que la directora general de la Guardia Civil le llamó por teléfono ese día de parte del ministro, que le pidió el informe. ¿Cómo va a quedar?
¿Qué ocurriría si eso sucediera?
En el marco de una pieza separada en la que se investiga, además, una supuesta coacción para realizar una entrega de un informe que está bajo secreto de sumario, se tendría que investigar quién es el autor de ese presunto delito.
¿Qué implicaría eso?
Llamar a declarar al general de División que llamó primero al coronel, al teniente general que telefoneó a continuación, a la directora general de la Guardia Civil, que fue la tercera, y al secretario de Estado de Seguridad, que recibió el oficio comunicando el cese del coronel el domingo por la noche.
Al ministro tendría que interrogarle el Supremo, al ser aforado.
La escala es esa. Todavía no ha hecho ninguna pieza separada, pero tiene la capacidad de hacerla. Porque es la investigación de un hecho supuestamente delictivo.
En esta historia figuran tres magistrados: Grande-Marlaska, su segundo, Rafael Pérez Ruiz, y Rodríguez Medel. ¿Es normal que a un magistrado-ministro se le olvide lo que es el estado de derecho cuando se pasa a la política?
Hay compañeros magistrados que son ministros en la actualidad, como Margarita Robles, ministra de Defensa, a la que no se le ha olvidado el sentido de Estado. Como tampoco se le ha olvidado a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
A ninguno de los dos se les ha ocurrido realizar ninguna actuación de este tipo.
Y tenemos ejemplos de otros magistrados que han sido ministros a los que jamás se les ha olvidado lo que es el estado de derecho, lo que es la separación de poderes.
De acuerdo con Fernando de Rosa, Grande-Marlaska ha quedado marcado para la historia con este hecho. Foto: EP
¿Cómo sería recibido Grande-Marlaska si decidiera volver a la judicatura, a su destino en la Audiencia Nacional?
Ya hemos leído los comunicados de las asociaciones de jueces. La Francisco de Vitoria ha pedido su dimisión o su cese, lo mismo que la Asociación de Fiscales.
La Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente ya han dicho que ha mentido.
Un juez lo único que no puede perder es su respeto a la legalidad. Puede dedicarse a la política, defender ideas de uno u otro signo, pero nunca puede realizar un acto contrario a la legalidad. Es nuestro valor.
Y esto se recuerda. Con esto ha quedado marcado para la historia. Y le seguirá hasta el final.
¿Es normal que el portal de Transparencia haya estado 75 días sin funcionar?
No es normal. No. ¿Por qué el portal de Transparencia, donde se sube toda la actuación del Gobierno, ha estado paralizado 75 días? Ha vuelto a funcionar el día 1, cuando se han reanudado los plazos administrativos.
En una situación de anormalidad constitucional, en un estado de alarma, lo que tiene que primar es el mayor control y la mayor transparencia del Gobierno.
Porque si estamos en una situación de limitación de derechos y encima el Gobierno limita la información a todos los ciudadanos es muy preocupante. Denota un preocupante tic autoritario.
El Gobierno y sus componentes han llegado a acumular 45 causas contra ellos en el Tribunal Supremo y un número indeterminado, todavía, en otros tribunales inferiores. ¿Se atreve hacer alguna predicción sobre lo que pasará en un futuro?
Tenemos unas causas en lo contencioso-administrativo que son de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por lo tanto, podría haber una reclamación patrimonial al Estado. Por personas que se han visto perjudicadas.
Luego, por la vía civil, podría haber una reclamación por daños y perjuicios, de todos sanitarios que se han contagiado, también de los familiares de fallecidos.
En la vía penal tenemos delitos contra el derecho de los trabajadores a una salud pública. Y homicidios por imprudencia.
También están los delitos de prevaricación, que es cuando dictan resoluciones contrarias e injustas, y toda la investigación de los contratos.
Usted ha hecho mucho hincapié en esto, durante su intervención.
Es que es muy grave. ¿Por qué se contrata a empresas que no tienen como objeto societario el material sanitario? Yo he descubierto que hay empresas que se dedican a la venta de electrodomésticos, a la comercialización de anabolizantes, de publicidad de bebidas refrescantes, por citar algunas.
También empresas que han sido condenadas por delitos de estafa, por la Audiencia Provincial de Barcelona.
¿Qué criterio ha habido para contratar a esas empresas y a otras no? En eso podría haber jugado un papel importante el portal de Transparencia, de haber funcionado.
No sé si ha habido una fiscalización de la Intervención General del Estado de estos contratos. No lo sabemos.
Este Gobierno va a tener muchas citas con la justicia en los próximos meses y años. Esta es la consecuencia cuando lo que se ha producido ha sido una intervención incorrecta y opaca.
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