La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los «eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo» y si algún acto así fue «suspendido o cancelado por motivos sanitarios» relacionados con el coronavirus.
En una providencia, fechada el 9 de junio, acuerda dirigirse a ambas instituciones a fin de que informen sobre los «eventos deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros que se celebraron en esos días en lugares públicos o privados», y que indiquen la fecha y aforo o número de asistentes.
Si alguno de ellos fue «suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el Covid-19» pide que le informen de la fecha y le entreguen el documento que acredite tal extremo.
Les reclama una respuesta antes de hoy, a las seis de la tarde.
Rodríguez-Medel ha reclamado esta información a instancias de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la investigación por la celebración de manifestaciones masivas como lo fue la del 8-M en la capital coincidiendo con el principio de la epidemia de coronavirus en España.
La magistrada tomó ayer declaración como imputado a Franco, quien aseguró que antes del 8 de marzo no había «ningún elemento» para prohibir la manifestación del 8-M, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y que siempre se cumplió la ley.
Franco, también secretario general del PSOE en Madrid, dijo en en su declaración, de más de hora y media, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir esta manifestación.
Contestó a las preguntas de todas las partes, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad, por lo que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del Covid-19.
Hoy continúa la ronda de interrogatorios con la declaración de 15 testigos.
Desde las 9.00 horas la magistrada escucha a cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativos del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.
Tras ellos comparecerán tres promotores de manifestaciones: Javier Gómez Ochoa, de CC OO Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de ‘Anonymus for the voiceless Animal Save’; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
Esta tarde testificarán los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O’Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
