La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) pide tres años de prisión por delito de encubrimiento para cada uno de los dos agentes de los ‘mossos d’Esquadra’ que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018, Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea.
La Fiscalía los acusa de un delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 451 del Código Penal, por «ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura».
El arresto de Puigdemont se produjo el 25 de marzo, poco después de traspasar la frontera de Alemania, en cumplimiento de una euroorden activada dos días antes por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.
Estos dos agentes fueron imputados el pasado febrero por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, que consideró que con su actuación perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la euroorden.
«Los investigados ayudaban a Carles Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos del delito de rebelión y otros, y que el juez instructor había emitido una orden europea de detención y entrega», manifiesta el fiscal Emilio Miró en su escrito de acusación.
Considera que la intención de los ‘mossos’ era ayudar a Puigdemont a llegar a Bélgica y «evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden de detención».
Según el fiscal, los dos agentes estaban «en servicio activo» el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell.
Indica que ambos se encontraban esos días «disfrutando de una semana de fiesta», el primero «tras haber trabajado una semana completa de turno de noche» y el otro «de conformidad con el cuadrante de servicios que tenía asignado».
De acuerdo a Miró, ambos, «aprovechando los días libres de trabajo», se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica), donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Señala que el 23 de marzo, estando en Bélgica, una persona no identificada pidió a los dos acusados que fuesen a buscar a Puigdemont en un Renault Espace.
El expresidente catalán se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando Llarena reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.
SALIERON DESDE BRUSELAS Y LE RECOGIERON EN ESTOCOLMO
El fiscal expone que el mismo día de la emisión de la orden, Puigdemont abandonó Helsinki, y que «los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo a una hora que no se ha determinado».
Señala que en esa ciudad recogieron a Puigdemont e iniciaron el regreso a la capital belga.
Según relata, fue el 25 de marzo, pasadas las once de la mañana, cuando agentes de la Policía alemana interceptaron el vehículo en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, en la autopista BAB7, que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo.
En él viajaban Puigdemont, los dos ‘mossos’ y otras dos personas, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay.
Estos dos últimos también estuvieron inicialmente imputados en esta causa. En su día fueron denunciados por la Policía Nacional.
El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, archivó la investigación para ellos a petición del Ministerio Público.
Mientras en el caso de los ‘mossos’ ha pesado su carácter de funcionarios para continuar el procedimiento judicial contra ellos, el rol del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan a Puigdemont dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún evento.
