La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado hoy que la Inspección Fiscal abrirá «actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas» sobre una supuesta filtración de parte de Tándem por uno de los fiscales del caso.
El Ministerio Fiscal actúa así tras las informaciones que apuntan a «la relación íntima» del fiscal del caso Ignacio Estampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos, Marta Flor Núñez, y las conversaciones que ésta mantuvo con compañeros de la formación por mensajes, que revelarían que tenía información previa a la apertura de esta investigación.
En estas conversaciones en un chat privado de abogados de Podemos una de las letradas comenta que los fiscales del caso Villarejo van a «ayudarles» en la causa en la que el partido se había personado como acusación popular y les transmite determinada información relativa a la instrucción de este asunto.
Las conversaciones tuvieron lugar en 2018, antes de que se abriera la pieza ‘Dina’ del ‘caso Tándem’ –por el que el excomisario jubilado José Manuel Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017-, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Boussellham, exasesora del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Hoy ha trascendido que en otra conversación del grupo de Telegram que la letrada Marta Flor tenía con sus compañeros del equipo jurídico ésta informa que el fiscal, al que se refiere como ‘Ironman’, le ha comunicado «extraoficialmente, porque está secreto y no nos notificarán» que el juez había admitido unas «diligencias sin concretar nada más» y que «imagina» que son las que «ellos (fiscales) apoyaron».
Este mensaje fue enviado por la abogada el 5 de noviembre de 2018 y se podría referir al escrito que Podemos presentó el 10 de octubre de ese año para pedir una batería de diligencias en el marco de la pieza principal del procedimiento, que por entonces se estaba bajo secreto de sumario.
Los fiscales del caso informaron 13 días después a favor de la práctica de esas diligencias, que finalmente acordó el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, mediante una providencia, según publican varios medios.
La Fiscalía recuerda en su escrito que el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal ya abrió un expediente como consecuencia del escrito presentado por una particular para determinar la imparcialidad de este fiscal a la vista de otras informaciones que también apuntaban a la relación personal entre el fiscal y la abogada.
Indica que «el pasado 9 de marzo, tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal jefe inspector dictó decreto de archivo del citado expediente gubernativo al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya observancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».
«La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos«, concluye.
IGLESIAS APARTA A MARTA FLOR COMO REPRESENTANTE EN LA PIEZA ‘DINA’ DEL CASO VILLAREJO
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sustituido a la abogada Marta Flor como representante en la pieza ‘Dina’ del ‘caso Tándem’ y ha nombrado en su lugar a Raúl Maillo, letrado vinculado a Izquierda Unida con experiencia en la Audiencia Nacional.
Flor ya no representa al vicepresidente segundo del Gobierno en el caso Villarejo, según se constata en el recurso de apelación presentado contra la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de retirarle su condición de perjudicado en la pieza ‘Dina’.
El cambio de letrado se debe a que el juez instructor alertó de un «conflicto de intereses» porque Flor también defiende a la exasesora de Podemos.
Iglesias ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto de García-Castellón en el que le retira su condición de perjudicado en ‘Dina’, ya que opina que el magistrado ha tomado la decisión sin «base fáctica indiciaria alguna» y sin «base jurídica».
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