La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Valencia por la que se condenó a 5 años de cárcel a Luis Eduardo Ramírez, por un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada por el gobierno autonómico.
El acusado es exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que es líder de la coalición Compromís, el partido con el que el PSPV-PSOE formó gobierno autonómico bajo la presidencia del socialista Chimo Puig.
Ramírez, de origen argentino, era educador de un centro religioso de acogida, de carácter privado pero con plazas concertadas con la Administración.
El tribunal, presidido por Pilar de la Oliva –presidenta del TSJCV– y los magistrados José Ceres y Pía Calderón, ha anulado parcialmente el juicio, por defectos de forma, y ordena repetirlo, según informa valenciaplaza.
El TSJCV estimó el recurso interpuesto por la abogada Ana Cal, de Bezeta Abogados, representante de Ramírez, que argumentó que se había vulnerado el derecho de defensa y la presunción de inocencia de Ramírez porque existían dos informes periciales que exculpaban al educador y que nunca llegaron a manos de la defensa ni del instructor de la causa y del tribunal sentenciador de primera instancia.
«Solo cabe concluir que el recurrente vio mermadas sus posibilidades defensivas al no poder proponer en la instancia aquellos dos informes a que hace mención en su escrito y, lógicamente, al no poder reclamar la declaración, como testigos y peritos de cuantas personas participaron en los mismos», dice la sentencia.
Los dos informes, en consecuencia, tienen que aportarse a la causa además de permitirse a la defensa solicite otras pruebas.
Será el mismo tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia el que repita el juicio contra el exmarido de Oltra.
El supuesto abuso sexual se produjo entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando la niña tenía 13 años.
Además de los 5 años de cárcel, el tribunal le prohibió acercarse a ella o a su domicilio a menos de 200 metros y a comunicarse con ella durante 10 años además de condenarle a indemnizarla con 6.000 euros.
