La sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer mañana sobre el pago de los gastos hipotecarios (notario, registrador, gestoría, tasación e impuestos) y otras cuestiones relevantes como la comisión de apertura o las costas de estos litigios afectará a hasta ocho millones de consumidores, según estimaciones de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).
«La decisión toca varios puntos importantes y polémicos sobre los que no hay suficiente consenso», destaca Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
Estas cuestiones fueron planteadas por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca, Margarita Poveda (asunto C-224/19) y por la magistrada titular del Juzgado número 6 de Ceuta, Luz Lozano Gagoe (asunto C-259/19).
Una de las claves por las que se ha preguntado al TJUE son los gastos hipotecarios.
Después de que el Tribunal Supremo declarase nula, por abusiva, la cláusula de gastos en 2015 y dijese que los efectos de esta nulidad pasan por una restitución «moderada» de las cantidades, se plantea al TJUE si estos efectos restitutorios son compatibles con la Directiva europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.
También se le ha preguntado por la imposición al prestatario del abono del impuesto que grava la constitución de las hipotecas, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), así como los de la tasación del inmueble.
La actual Ley de Crédito de Contratos Inmobiliarios (LCCI) los atribuye al prestatario, criterio que defiende ASUFIN «dado que si la paga el consumidor, le permite mayor comparación de ofertas en el mercado».
El juzgado de Primera Instancia de Palma también ha preguntado al TJUE si la declaración de nulidad por abusiva de estas cláusulas debe llevar aparejada la condena en costas para cumplir con el principio del efecto disuasorio que consagra la Directiva europea sobre cláusulas abusivas.
Asimismo, se cuestiona a Luxemburgo si la comisión de apertura supera automáticamente el control de transparencia o si por el contrario, el profesional debe probar que ha proporcionado información previa y negociación individual de la misma; y si la declaración de nulidad de los gastos de pueden seguir surtiendo efectos cuando se hacen novaciones o cancelaciones de la hipoteca.
Asufin señala que el pasado 20 de mayo ganó una demanda acumulada contra el BBVA, que obliga a la entidad a devolver cerca de 16.000 euros en gastos hipotecarios a 17 familias.
Indica que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 101Bis de Madrid condenó al banco a abonar el 100% de los gastos registrales y el 50% de los notariales, de gestoría y tasación, y dejó abierta la puerta a futuras reclamaciones por la totalidad en estos últimos conceptos, a la espera precisamente de la sentencia del TJUE.
Asufin detalla que el magistrado establece en el fallo la “reserva del derecho de los actores a ejercitar” nuevas pretensiones.
Informa que la asociación también ha presentado tres demandas colectivas: contra Abanca, Bankinter y Banco Popular ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid; contra Bankia, Caixabank, Santander, Sabadell, Liberbank, Ibercaja y Cajamar ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid; y contra Kutxabank, Deutsche Bank, ING y CEISS ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.
