El consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid –y responsable de Interior y Justicia del PP–, Enrique López, ha celebrado hoy el «recuperado espíritu del Pacto de Estado por la Justicia de 2001» en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada hoy en Lerma, Burgos, en la que han participado presencialmente 10 de los 12 representantes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia y el ministro del ramo, Juan Carlos Campo Moreno.
Cataluña lo hizo telemáticamente.
López respondió así a la propuesta de Campo de continuar en el camino de la «cogobernanza» Ministerio-Consejerías de Justicia para garantizar el éxito de las medidas que se están adoptando para afrontar los diferente escenarios producidos por la extensión de la pandemia.
«Este esquema revive el espíritu de aquel Pacto para mejorar el servicio público Justicia que demanda la ciudadanía», ha subrayado.
Dos días antes, los diferentes partidos con representación parlamentaria, habían logrado aprobar el Proyecto de Ley de medidas y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia por una gran mayoría, en un espíritu de máxima colaboración, en el que todos «mejoraron el texto inicial», según el propio Ministerio.
Dicho Proyecto de Ley es la «metamorfosis» del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, tras su aprobación en la votación a la totalidad que se llevó a cabo el 13 de mayo en la Cámara Baja. Éste será aprobado en septiembre en el Senado.
Aquel Pacto de Estado por la Justicia fue suscrito por el PP, entonces en el Gobierno, y el PSOE, el 28 de mayo de 2001, tras cuatro meses de intensa colaboración y 23 sesiones de trabajo interminables. Finalmente vio la luz con un amplio preámbulo de aspiraciones y 23 objetivos esenciales.
«Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles», dice el texto, que hoy no ha perdido vigencia.
De acuerdo con López, «todas las Administraciones de Justicia tenemos que trabajar con lealtad y colaboración. Y este es el camino».
