El acoso a los jueces, una amenaza a la independencia judicial
De izquierda a derecha, Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales en Okdiario, que actuó de moderador, Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Portillo, magistrado y presidente de Foro Judicial Independiente, y Miguel del Castillo, magistrado y coportavoz para Andalucía de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Foto: Confilegal.

El acoso a los jueces, una amenaza a la independencia judicial

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23/1/2025 19:23
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Actualizado: 23/1/2025 19:26
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La independencia judicial, piedra angular del Estado de Derecho, enfrenta una preocupante erosión en España debido a las presiones y ataques provenientes del ámbito político. Así quedó patente en la mesa redonda titulada «Ministerio Fiscal, Estado de derecho e independencia judicial: la instrucción por los Fiscales», que forma parte de las I Jornadas Jurídicas organizadas por Okdiario en el Hotel don Pepe de Marbella.

En la misma han intervenido Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Portillo, magistrado de los Juzgados de Melilla y presidente de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente y Miguel del Castillo, magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y coportavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para Andalucía.

Una de las estrategias identificadas por los magistrados es el uso de reformas legislativas como mecanismo de control sobre los jueces.

Enrique López denunció que en España existe una preocupante tendencia a considerar la independencia judicial como un obstáculo para los objetivos políticos. Según explicó, esta percepción ha motivado una serie de iniciativas que pretenden debilitar los principios de mérito y capacidad que históricamente han regido el acceso a la carrera judicial.

Tanto Portillo como Del Castillo ocupan posiciones organizativas en sus respectivas asociaciones. No así López, que aunque pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, no ostenta responsabilidad alguna. Foto: Confilegal.

REFORMAS «SOSPECHOSAS»

Entre las medidas más polémicas se encuentra la reforma de los tribunales de instancia y el intento de restringir la acción popular, lo que dejaría al Ministerio Fiscal, dependiente del Gobierno, como único motor de las investigaciones judiciales.

Fernando Portillo calificó estas reformas de «sospechosas», señalando que están diseñadas para resolver problemas inexistentes y aumentar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

El discurso político también se ha convertido en un arma contra los jueces. Los ponentes lamentaron que las críticas a las decisiones judiciales sean cada vez más frecuentes y agresivas, llegando a cuestionar la imparcialidad de los magistrados en función de supuestos intereses ideológicos.

Miguel del Castillo comparó estas narrativas con las críticas futbolísticas, señalando que «cuestionar las resoluciones judiciales como si fueran decisiones arbitrales genera una peligrosa deslegitimación de la justicia».

Asimismo, los magistrados coincidieron en que la expresión «guerra judicial», utilizada desde el ámbito gubernamental, es una clara señal de la intención del Ejecutivo de desacreditar al Poder Judicial.

Portillo subrayó que este tipo de mensajes son «terreno abonado para el populismo», ya que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

Enrique López, exmagistrado del Tribunal Constitucional y exconsejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad. de Madrid, abogó, como el resto, porque los 12 vocales jueces sean elegidos por la carrera judicial por voto secreto y directo. Foto: Confilegal.

A FAVOR DE QUE LOS JUECES ELIJAN A SUS REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO

Otro punto central del debate fue la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los magistrados criticaron duramente que los vocales del órgano sean designados íntegramente por el Parlamento, lo que deja en manos de los partidos políticos el control de los nombramientos clave.

Portillo advirtió que este sistema no solo daña la apariencia de independencia, sino que también abre la puerta a posibles injerencias en los tribunales superiores. «Cuando los políticos controlan los nombramientos, la ciudadanía percibe que la justicia está contaminada, y eso es demoledor para la confianza en el sistema», añadió.

Los participantes en la mesa redonda abogaron por una vuelta al modelo inicial de elección de los vocales del CGPJ, en el que fueran los propios jueces quienes eligieran a sus representantes. Este cambio, según López, no solo fortalecería la independencia, sino que también alinearía a España con los estándares europeos en esta materia.

Además, se hizo un llamamiento a mejorar las condiciones laborales de los jueces, dotando a los tribunales de los recursos necesarios para hacer frente al creciente volumen de trabajo. «El verdadero problema de la justicia no es el número de jueces, sino la falta de medios para atender la enorme demanda de litigios», concluyó Miguel del Castillo.

Fernando Portillo considera que la elección de los 12 vocales jueces por el Parlamento daña la imagen de independencia del poder judicial mismo. Foto: Confilegal.

EL PROYECTO DE QUE LOS FISCALES INSTRUYAN

Por otra parte, los tres magistrados abordaron la propuesta de otorgar al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos penales lo que reavivó un intenso debate sobre las implicaciones para el Estado de Derecho y la independencia judicial en España.

Uno de los puntos centrales de la materia es la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno. Actualmente, el Fiscal General del Estado es nombrado directamente por el Ejecutivo, lo que genera inquietudes sobre su autonomía.

Miguel del Castillo subrayó que, aunque los fiscales son profesionales altamente capacitados, su posición dentro de una estructura jerárquica los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a posibles injerencias políticas. «Un fiscal puede recibir órdenes de sus superiores jerárquicos, y si decide desobedecerlas, se arriesga a represalias que afectan sus condiciones profesionales», advirtió.

Miguel del Castillo consideró que la estructura jerárquica de la Fiscalía coloca a los fiscales en una clara situación de vulnerabilidad frente a posibles injerencias políticas. Foto: Confilegal.

Por su parte, Fernando Portillo enfatizó que este modelo contrasta con la independencia que caracteriza a los jueces, quienes no están sometidos a jerarquías internas ni a influencias externas en su labor. «La independencia del juez no depende de su cargo o su posición, sino de su capacidad para aplicar la ley sin interferencias. Este principio debe preservarse también para los fiscales si se les atribuye la instrucción penal», señaló.

Enrique López recordó que la instrucción por parte del Ministerio Fiscal no es un modelo inusual en Europa. Países como Alemania y Francia han implementado sistemas en los que los fiscales llevan el peso de las investigaciones penales, pero siempre acompañados de mecanismos de control y garantías que aseguren su independencia.

López destacó que «no es aberrante que los fiscales instruyan, pero es imprescindible que se introduzcan salvaguardas para evitar injerencias políticas que comprometan los derechos de las víctimas y de los ciudadanos».

Los magistrados coincidieron en que cualquier reforma que atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal debe ir acompañada de cambios profundos en su estatuto orgánico. Estos cambios incluirían, entre otras medidas, la elección independiente del Fiscal General, la eliminación de la jerarquía vertical dentro del Ministerio Fiscal y la garantía de que los fiscales puedan actuar sin temor a represalias.

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