El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido en una reunión mantenida con el alcalde de Lerma, Miguel Ángel Rojo, a poner en marcha en Lerma (Burgos) la primera Oficina de Justicia, una experiencia piloto con la que el Ministerio pretende facilitar las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia y evitar desplazamientos a cabeceras de partidos judiciales o a la capital de provincia.
El ministro defiende, según ha informado Justicia en un comunicado, que “la Oficina de Justicia en el municipio puede ser un mecanismo que transforme los tradicionales juzgados de paz”. “Es un primer escalón, un primer contacto de la ciudadanía con la Justicia, que va a acompañar a ese ciudadano en sus trámites y su asesoramiento para facilitarle la vida, que es lo que tienen que hacer las administraciones”.
Estos espacios tendrán más posibilidades, ha señalado Campo, si se aprovecha la tecnología para crear estructuras sólidas a lo largo del territorio. “En cuanto estemos en condiciones de iniciar el proyecto, volveremos a esta preciosa villa y pondremos en marcha la oficina de justicia en el municipio”.
El ministro ha estado en Lerma con motivo de la celebración del Conferencia Sectorial de Justicia.
Tras su entrevista con el alcalde lermeño, Campo ha insistido en el objetivo del Ministerio de “llevar la política y las decisiones políticas al territorio, a la España más allá de Madrid y procurar también la proximidad a la Justicia”.
En este sentido, ha afirmado que “la obsesión del Gobierno y de este Ministerio es que todos los servicios públicos estén accesibles al ciudadano en algo que, por otra parte, es doctrina del Tribunal Constitucional, la cercanía de los ámbitos de respuesta al ciudadano y, después, una organización eficaz”.
Según ha explicado, “es con estos dos parámetros con los que estamos articulando aspectos como las Oficinas de Justicia porque lo verdaderamente importante es que el ciudadano tenga acceso a los servicios públicos y no empecemos a establecer categorías entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
Así, ha agregado, “es una obligación remover los obstáculos para que eso sea una realidad efectiva y, por tanto, articular mecanismos que permitan ese acceso de la ciudadanía a la Justicia”.
