El sector audiovisual español tiene que tener seguridad jurídica

El sector audiovisual afronta a nivel global por el periodo de transformación más profundo de su historia.

En una década han surgido numerosos actores en el sector como las plataformas de contenidos de pago audiovisuales –como Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras–, las redes sociales, o los canales bajo demanda de las televisiones, entre otros.

Hasta hace poco más de dos décadas el panorama audiovisual estaba marcado básicamente por las televisiones.

Sin embargo, la aparición de internet lo ha cambiado todo y hoy estamos ante un consumidor de contenido audiovisual multipantalla.

En pleno proceso de transformación, en 2018 la Unión Europea aprobó su Directiva de Comunicación Audiovisual que responde a esta nueva realidad del sector.

Esta nueva normativa trae consigo un importante cambio de perspectiva y enfoque que se puede resumir en la búsqueda de un equilibrio entre la garantía del acceso a los servicios de contenidos audiovisuales en línea, la protección del consumidor, y el fomento de la libre competencia, así como la protección de la obra europea –elementos que ya se encontraban presentes en la anterior normativa europea, pero que ahora se matizan y completan, tanto en la regulación de la publicidad en televisión y en plataformas de prestación de servicios por internet, como en el contenido que se deba otorgar a la producción europea, y los intercambios de contenidos en línea, entre otras cuestiones.

Pese a que la Directiva fue aprobada en 2018, los estados miembros tienen un plazo para transponerla al ordenamiento jurídico español que concluye el próximo 19 de septiembre, lo que obliga al Gobierno a acelerar el proceso de transposición si quiere cumplir con el plazo.

En este contexto y dada la trascendencia de esta norma que va a marcar el futuro del sector audiovisual.

DOS OPCIONES

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ante sí dos alternativas para transponer esta Directiva.

La primera de ellas es transponer directamente la Directiva a través de un Real Decreto u otra herramienta legislativa que no introduzca cambios en la normativa aprobada por Bruselas con el objetivo de cumplir con el plazo del 19 de septiembre.

Y la segunda opción es aprovechar la Directiva para introducir cambios mediante una modificación de ley.

Pero para ello, es necesario escuchar a todos los actores afectados por la Directiva y que ésta se debata en el Congreso de los Diputados.

Con esta opción es inviable lógicamente cumplir los plazos, pero estaría más que justificado el retraso en la transposición debido a la crisis del coronavirus.

Lo que desde el punto de vista jurídico no debería hacer el gobierno es introducir cambios relevantes en la legislación aprovechando la transposición de la Directiva sin escuchar a todos los actores implicados y sin que se debata en el Congreso de los Diputados.

Con estas alternativas el Gobierno estaría dando seguridad jurídica a un sector que está en pleno proceso de transformación.