La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que suspenda de manera inmediata la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a todos los condenados por el proceso independentista en Cataluña, como ya hizo el pasado 22 de julio con la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han presentado un informe, después de que el Supremo se declarara competente para conocer los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria sobre el régimen de semilibertad.
Hasta ahora, los recursos de apelación de la Fiscalía contra dicho artículo recaían en las Audiencias Provinciales, pero el Supremo asumió la competencia para revisarlos en un auto en el que estableció también que el recurso de la Fiscalía tiene efectos suspensivos.
La Fiscalía recuerda en su escrito que también ha recurrido estas decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria, pero considera que mientras llegan los autos de los recursos de apelación al Supremo, la Sala de lo Penal debe dictar «las oportunas providencias en las que se acuerde la inmediata suspensión cautelar» del artículo 100.2, «con comunicación al respectivo centro penitenciario» respecto del exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
Cinco de ellos -Junqueras, Romeva, Forn, Sànchez, y Cuixart- tienen desde ayer el tercer grado suspendido por orden de la magistrada titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, mientras resuelve los recursos de la Fiscalía.
El Juzgado de Vigilancia Penitienciaria 1 todavía tiene que posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Presumiblemente, la Fiscalía de Barcelona también recurrirá el tercer grado del resto.
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