El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reclamado al Ministerio de Hacienda una rebaja del IVA para los
servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje.
Esta semana, le ha enviado un escrito con esta petición, en el marco de las modificaciones que se están estudiando en el ámbito europeo y ante la previsión del incremento de los litigios derivado de la crisis provocada por el coronavirus.
Según informa el CGAE, esta demanda, que se ha venido fraguando en diferentes grupos de trabajo durante los últimos meses, obedece al criterio de que «los particulares no deben seguir cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues supone un importante agravio frente a las empresas, que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad».
Señala que «ante el previsible incremento de la litigiosidad que se originará como consecuencia de la crisis económica» derivada del coronavirus, «esta reducción del IVA para las personas físicas iría en línea con la recomendación efectuada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este mismo mes de julio».
Recuerda que la AIREef, el organismo independiente que vela por la ortodoxia de las cuentas públicas, expuso en un reciente informe que «los tipos reducidos del IVA deben dirigirse y tener como objetivo facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos”.
EL CGAE destaca que «desgraciadamente, el aludido incremento del número de litigios incidirá especialmente sobre aquellos colectivos más desfavorecidos que se vean abocados a defender sus derechos ante los Tribunales y que tendrán que seguir asumiendo un 21% del IVA en situaciones de especial dificultad económica».
La Abogacía señala que la reforma de la Directiva Europea del IVA «permitiría trasladar la aplicación de los tipos reducidos de aquellas actividades o adquisición de bienes, que, según la AIReF, son consumidas o adquiridas por las rentas más altas hacia aquellas otras de primera necesidad o que los ciudadanos están obligados o compelidos a tener que utilizar, como son es la defensa de sus derechos más elementales -en el ejercicio, además, de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial-«.
Subraya que los requisitos que la propia Unión Europea exige para que un servicio pueda verse beneficiado por estos tipos reducidos son que respondan al “interés general” y que la reducción se traslade al consumidor final.
«Así sucede en la Abogacía, donde la creciente competencia entre los profesionales se ha traducido hasta ahora en un progresivo descenso de los precios», concluye.
