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Asociaciones de consumidores y familias reclaman que se amplíe la moratoria de corte de suministros básicos al 2021

De momento la medida está aprobada hasta el 30 de septiembre.
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A través de un Real Decreto-ley, y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros prolongó hasta el 30 de septiembre la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en los domicilios que tengan la consideración de primera vivienda.

Esta prohibición, habilitada excepcionalmente durante el estado alarma, se amplía como parte de las medidas de extensión del escudo social para la protección de la ciudadanía frente a los efectos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19.

Sin embargo, asociaciones de consumidores y colectivos de familias ven insuficiente esta medida que debería extenderse al menos hasta el año que viene.

Como dato a señalar hay que indicar que más de 600.000 familias han solicitado el Ingreso Mínimo Vital, nuevo derecho de ciudadanía. Muchos se encuentran atrapados en el laberinto burocrático porque, de momento, apenas 7.000 lo han cobrado.

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La prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización está dirigida exclusivamente a particulares y para los suministros adscritos a su vivienda habitual, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental que acredite fehacientemente esta circunstancia.

Una vez concedido, el bono social tiene una vigencia de dos años. A su término, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede siempre que se cumplan los requisitos.

En principio, según fuentes ministeriales, se estima que unos 70.000 usuarios se benefician cada mes de esta prórroga automática.

REGULAR LA MORATORIA DE FORMA EXPRESA

Para Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), “es necesario que la suspensión del corte de suministros básicos a la primera vivienda por impago se extienda al menos hasta final de año. Parece lógico que el Gobierno y el legislador, para mayor claridad y sobre todo en beneficio de las personas consumidoras más vulnerables, reconozcan ese derecho a no pagar mientras dure el cese de percepciones ocasionado por la crisis”.

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A su juicio, “el modo en el que ha actuado el Gobierno español es aceptable en cuanto impide el corte de los suministros a personas más vulnerables, limitadas a problemas ocasionados por el cese de actividad debido a la crisis sanitaria, y ello sin perjuicio de que deudores de estos suministros puedan alegar también la fuerza mayor cuando concurra en su caso, aunque no sean vulnerables”.

Desde su punto de vista, es importante que el Gobierno publique en el BOE esta medida de moratoria en el corte de suministros, “es de agradecer que en la crisis sanitaria el Gobierno haya afrontado expresamente sus responsabilidades regulatorias y proclamado el derecho de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad a no sufrir cortes de suministros básicos en su primera vivienda por impagos debidos al coronavirus”.

Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

Para Ballugera, “la necesidad de pronunciamiento por el legislador en estos casos es exigida por el artículo 1.105 del Código Civil. La ley debe decir, según ese artículo, cuándo el deudor no responde del incumplimiento de la obligación por una causa de fuerza mayor como la crisis sanitaria. Sin el pronunciamiento legal lo que queda abierto es el terreno de la duda y el litigio. Ahí, las personas vulnerables tienen todas las de perder”.

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“Sin ese pronunciamiento legal, existiría la duda sobre si el impago es un incumplimiento de una obligación recíproca que puede dar lugar a la resolución del contrato y al consecuente corte del suministro conforme al artículo 1.124 del citado Código”, indica.

En su opinión, “existiendo el pronunciamiento del Gobierno a través de los decretos leyes y la orden del Ministerio de Transición Ecológica se aclara el tema, sobre todo de cara a los grandes suministradores, que de otro modo pudieran verse tentados a cortar los suministros”.

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FAMILIAS NUMEROSAS RECLAMAN MÁS PLAZOS

Por su parte, María Menéndez de Zubillaga, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, engloba a más de 8.000 familias de la capital de España.

Muchas de ellas han visto reducido sus ingresos y consideran que este tipo de medidas hay que ampliarla de forma notable. “Parece como si les costara tomar este tipo de decisiones a largo plazo cuando la situación es lo que es”.

María Menéndez de Zubillaga, presidenta de la Asociacion de Familias Numerosas de Madrid.

“Esta medida se tomó muy al principio de la crisis del coronavirus, pero hay que modificarla porque la situación se ha agravado. Hay que trabajar desde el largo plazo y aumentar los plazos que conocemos del 30 de septiembre. Como mínimo habría que ampliar hasta mayo del 2021 porque el invierno en algunas comunidades autónomas se alarga más de lo debido. Deben tener una visión de futuro en este tipo de decisiones”.

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A juicio de este colectivo familiar hay que evitar, en la medida de lo posible, cualquier corte de suministros básicos. “La situación es mala y hay familias que lo están pasando mal por su falta de ingresos provocada por la pérdida de trabajo o cierre de negocios”, aclara Menéndez de Zubillaga.

En cuanto al bono social, asegura que el problema sigue siendo poder lograr esta ayuda que abarata de forma notable el consumo eléctrico. “Al final te das cuenta que no es tanto las comercializadoras, con las que hemos tenido que hablar, quienes tienen la culpa sino el propio Ministerio de Industria”.

Para la presidenta de las familias numerosas madrileñas “da la sensación que el Ministerio de Industria está empeñado en que haya los menos consumidores posibles que se beneficien de esta medida. La verdad que internamente ponen muchas trabas todavía para poder tener acceso al mismo. En nuestro caso con el título de familia numerosa debería valer para lograrlo, pero a veces te piden más documentación”.

El 9 de septiembre este colectivo tendrá una reunión con la directora del Servicio Público de Empleo (SEPE) en la capital de España, “no es justo que en una familia numerosa donde trabajan uno o dos personas se vean perjudicados por la prestación por ERTE donde solo se contabilizan dos hijos como mucho. Queremos aclarar qué pasa con el complemento por hijo que debería actualizarse en nuestro colectivo”.

HAY AMPLIAR LAS MEDIDAS

Para Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), “estamos en una situación más complicada que la crisis última del 2007, por lo que la ayuda a los consumidores vulnerables, colectivo que se ha incrementado por efecto de la pandemia del coronavirus, es imprescindible que se amplíe al menos a diciembre de este año”.

Este experto recuerda que el número de familias o ciudadanos en ERTE o que han sido despedidos se han multiplicado desde el inicio de la pandemia. “Eso significa menos ingresos familiares y mayor necesidad de ayuda en estos momentos”.

Moner cree que “aun no se ha definido el concepto de consumidor vulnerable, pese a que las asociaciones de consumidores están trabajando con el propio Ministerio de Justicia para dicha definición. Lo que está claro es que hay que tener en cuenta dos perspectivas fundamentales a la hora de definir dicho concepto”.

Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

El presidente de CECU habla de los suministros básicos, “hoy en día la electricidad, el agua y el gas son elementos esenciales que no deberían faltar en ningún tipo de hogar y cuya tramitación para su corte debería pasar por protocolos exigentes que permitiesen obviamente diferenciar aquellos que no puede pagar, de aquellos otros que no pueden hacerlo”.

En segundo lugar, Moner subraya que “esta situación no se va a resolver en unas semanas por desgracia, sino que tenemos crisis para rato. No sabemos cuál va a ser la curva de infectados, hasta que no se aplane, la actividad económica seguirá bajo mínimos y no generará más ingresos en las familias y mejorará la actividad del mercado laboral”.

Mientras esta situación no mejore desde CECU son partidarios de “establecer moratorias en cuanto a los bonos sociales de electricidad o las limitaciones de corte para el suministro de esos productos básico que antes comentamos y seguir ampliando el concepto de consumidor vulnerable a aquellas familias que han sido atrapadas por esta crisis”.

Al mismo tiempo cree que “la administración debe ser exigente no en cuanto a la burocracia que hay que pasar para recibir esas ayudas, sino sobre todo a nivel de auditar y comprobar que son familias y consumidores vulnerables”.

SE REQUIEREN MEDIDAS MÁS AMBICIOSAS

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, considera que la medida avanzada por el Gobierno es poco ambiciosa.

“Honestamente no creo que sea un gran avance en la práctica. No solo por lo efímero de la medida, que en la práctica no es sino apenas un mes, sino porque precisamente en el otoño e invierno se afrontará la mayor crudeza por los consumidores vulnerables”.

Ribón advierte que “el problema de la energía en España y el suministro a consumidores es de otro calado muy distinto, precisa de una reforma estructural, siendo estas iniciativas un parche efímero y nada práctico a medio plazo”.

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo.

Nuestro interlocutor recuerda que “en Francia desde el 2005 ya se tomaron medidas similares, pero mucho más ambiciosas que prohibían el corte del suministro durante todo el invierno. Por lo tanto, para ir con un retraso de 15 años, el limitarlo a septiembre o incluso el 31 de diciembre, no es ningún gran avance”.

Señala también que “el problema es burocrático y de sobrecoge para un suministro esencial. Se está perdiendo la noción de servicio público, que ha de mantenerse, en la línea de identificarlo con la noción de servicio universal o servicio básico, esto es, de servicio esencial para la comunidad”.

Desde su punto de vista hay que trabajar de otra forma para que “solidaridad y economía se hagan compatibles y dicha noción sigue siendo perfectamente útil para el operador jurídico. La liberalización energética desde luego no se ha trasladado en ningún beneficio para los consumidores”.