La cooperación policial y judicial a nivel internacional desmantela una red de piratería digital que operaba en 18 países
La red Sparks ofrecía en 60 servidores contenido ilícito de películas y programas televisivos antes de su estreno.

La cooperación policial y judicial a nivel internacional desmantela una red de piratería digital que operaba en 18 países

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29/8/2020 06:40
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Actualizado: 28/8/2020 22:03
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Este semana, según informó Europol, fue desmantelada una presunta red criminal de piratas informáticos acusada de infringir los derechos de propiedad intelectual, principalmente pirateaba películas y alojaba contenido digital ilegal en todo el mundo.

Esta ha sido una acción coordinada entre las autoridades estadounidenses, y sus homólogos en 18 países de todo el mundo, con el apoyo de Europol y Eurojust.

Se retiraron 60 servidores en América del Norte, Asia y varios países de Europa, entre ellos España, y fueron detenidos los principales sospechosos.

La red, conocida como grupo ‘sparks’, obtuvo irregularmente DVD y discos Blu-ray antes de su lanzamiento y, tras desbloquear su protección, publicó el contenido en servidores online de todo el mundo a los que facilitaba el acceso a terceros.

Se cree que este grupo de piratería, bajo investigación desde septiembre de 2016, había reproducido y difundido con éxito cientos de películas y programas de televisión antes de su fecha de estreno, incluidas casi todas las películas lanzadas por los principales estudios de Estados Unidos.

‘Sparks’ ha causado pérdidas de decenas de millones de dólares a los estudios de producción cinematográfica y televisiva. Sus miembros se comunicaron con distribuidores mayoristas, a los que transmitieron información tergiversada, cuando no directamente falsa.

Audrey Strauss, fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, anunció este miércoles la apertura de las acusaciones que imputan a distintos detenidos infracción de derechos de autor y fraude electrónico.

La fiscal Strauss, en declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia de la ciudad de Nueva York, señalaba que el grupo ‘sparks’ supuestamente eludió las protecciones de derechos de autor en casi todas las películas lanzadas por los principales estudios de producción, así como programas de televisión, y los distribuyó a través de una red mundial de servidores.

En EEUU el delito de conspiración para infringir derechos de autor conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Por su parte, el delito de conspiración de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y el de conspiración para transportar propiedad robada interestatal supone una pena máxima de cinco años de prisión.

Cooperación internacional

La operación fue posible gracias a la amplia cooperación internacional facilitada por Europol y Eurojust entre las autoridades policiales y judiciales de los países involucrados.

Europol mejoró el intercambio de información a través de los países participantes y coordinó la jornada de acción con Eurojust, que acogió el centro de coordinación, asegurando la coordinación en tiempo real de la acción conjunta de las autoridades nacionales de todos los países.

Se organizó una reunión operativa en Europol y una reunión de coordinación en Eurojust antes del día de acción conjunta, facilitando el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales y estableciendo una estrategia conjunta entre todas las partes implicadas.

Esta importante acción contra la piratería se inició en 2016, y avanzó significativamente a lo largo del año pasado y de este 2020, según detalla la documentación judicial hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La importancia de la cooperación internacional

Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, “valoramos muy positivamente esta operación llevada a cabo, tanto por su actividad ilícita y las perdidas que estaban generando para los titulados de contenidos, sino también por la cooperación y colaboración que han mostrado las autoridades de diferentes países con la finalidad de proteger los derechos de autor a nivel internacional”.

Desde su punto de vista, “dicha operación evidencia que las organizaciones que explotan derechos de autor de modo ilícito cada vez son más globales organizadas y complejas, de ahí que los esfuerzos que los Estados realizan no solo se limiten al ámbito nacional, sino que deben venir acompañados de una cooperación policía y judicial internacional, pues de otra forma la lucha contra estas infracciones sería en vano”.

Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores.

A su juicio, esta operación ofrece dos claves fundamentales “sobre las que la Coalición ha venido haciendo énfasis a nivel nacional en los últimos años. Por una parte, resulta conveniente reforzar las unidades policiales que tienen como objetivo investigar la ciberdelincuencia y la aplicada a la explotación ilegal de los contenidos, en particular. Se trata de facilitar la coordinación de las estructuras globalizadas de ciberdelincuencia con cuerpos policiales de otros estados”, aclara.

La otra clave que señala esta experta tiene que ver con “que resulta imprescindible que dentro del Ministerio Fiscal exista una figura especializada en propiedad intelectual para que el Ministerio Público pueda ejecutar correctamente las funciones que le son asignadas en ese ámbito delictual cada vez más complejo e internacionalizado y nuestra Administración de Justicia no se quede atrás en esa, ya, lucha global contra la piratería digital”.

El poder de las mafias organizadas

Santiago Mediano, experto en propiedad intelectual, tecnología y competencia y presidente del despacho Santiago Mediano Abogados, reconoce que a lo largo de estos años los piratas informáticos empujan mafias que logran financiación a sus actividades delictivas de otros negocios.

“La cooperación internacional entre la policía y las autoridades judiciales es clave ante el negocio de la piratería que cada vez es más global. Es uno de los objetivos de las grandes mafias en estos momentos. Creo que esta evolución de la piratería pone en evidencia que las formas de delinquir en Internet se han sofisticado mucho, con lo cual el top manta y otros fenómenos han quedado atrás a lo largo de estos años”, aclara.

Para Mediano, “lo que se pone de manifiesto es las mismas mafias que se dedican a otros negocios lucrativos, como tráfico de drogas, armas o blanqueo de capitales, están metidas en la piratería audiovisual de Internet. Saben que pueden extraer grandes ingresos. Con los desarrollos tecnológicos pueden crear sistemas con redes multinacionales, similar a las plataformas que suministran contenidos de forma legal”.

Después de cuatro años de investigación la red ‘sparks’ se enfrenta a la vía judicial. Para este experto, “es importante que los jueces están a altura de las circunstancias y se den cuenta de la relevancia de la situación. En algunas ocasiones parece que no son muy conscientes de la importancia de los delitos de propiedad intelectual, delitos que ahí están y que hacen mucho daño a la industria tanto a nivel de ingresos como de destrucción de empleo. Producen tantos daños como el trafico de armas o el blanqueo de capitales”.

Santiago Mediano, experto en propiedad intelectual, tecnología y competencia.

Cree que el hecho de que este asunto se vaya a llevar desde EEUU ofrece garantías de que la respuesta judicial será contundente. “Hay que darse cuenta que las leyes y los tribunales norteamericanos son muy poco tolerantes con la piratería, con lo cual creemos que habrá un juicio justo y unas condenas importantes de cara a que los culpables paguen por estos delitos”.

El futuro de estos detenidos “depende de los países donde estén estos responsables. Es posible que EEUU pudiera solicitar la extradición de algunos de los detenidos para juzgarlos. Habrá que ver como se coordinan, y ver donde se juzgan los delitos en la práctica. Es complicado porque no existe una regla de derecho internacional procesal penal que diga donde se van a juzgar”.

Para Mediano hay que barajar la posibilidad que “ante la crisis económica que se avecina en nuestro país muchas familias con recursos escasos opten por utilizar contenidos de forma ilegal. Sería lamentable, pero depende de la crisis económica que se avecina es posible que se entre en este tipo de situaciones”.

Una de las consecuencias de esta situación, añade, es que puede generar que “más paro en el sector, más empobrecimiento de la oferta y más perjuicios para todo. Las autoridades deben estar alerta y ofrecer mecanismos de apoyo a la industria y a las familias para mantener el sistema de consumo actual”.

La piratería digital, cada vez más compleja

Andy Ramos, counsel responsable del área de Digital Law del despacho Pérez-Llorca y asesor jurídico de la Asociación Española del Videojuego (AEVI), apunta que en nuestro país el bloqueo de webs es uno de los métodos más efectivos para la lucha contra la piratería.

Es importante que se puedan desarrollar este tipo de operaciones internacionales donde la colaboración es estrecha entre policía y autoridades judiciales”.

Nuestro interlocutor destaca que “ya hay mayor armonización a nivel de legislación entre estos países, con lo cual lo que aquí es delito, también lo es en otras jurisdicciones. De esa forma se puede perseguir judicialmente este tipo de asuntos donde estas organizaciones criminales trasnacionales”.

Ramos advierte que la piratería cada vez es mas compleja a nivel internacional. “Son mafias organizadas que utilizan muchas de ellas servidores espejos en muchos países lo que ayuda a que sus actividades sean en diferentes ocasiones anónimas. Eso requiere más esfuerzo de policías, jueces y abogados a nivel de trabajo e investigación”.

Andy Ramos, counsel responsable del área de Digital Law del despacho Pérez-Llorca.

Este jurista destaca en nuestro país el trabajo de la Coalición de Creadores y de su directora, Carlota Navarrete, como entidad que aglutina el trabajo de la mayor parte de profesionales que trabaja en los temas de defensa de propiedad intelectual y de los derechos de los creadores.

Que el tema se lleve en EEUU significa que la respuesta judicial será fuerte porque allí a los delitos de propiedad intelectual se les tiene mucha consideración.  “Es posible que otros detenidos en otros países sean deportados a los EEUU para ser juzgados por su pertenencia al grupo ‘sparks’”.

Para Ramos este paso es complejo porque cada estado debe confirmar que se cumplen las garantías procesales para deportar a una persona. “Si al final son condenados cumplirán la pena en los EEUU, aunque también hay acuerdos entre países para que pueda cumplir la condena en otro territorio. Todo depende de los acuerdos existentes entre naciones y si estas personas detenidas tienen procedimientos judiciales pendientes sobre estos temas”.

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