Dos días después de que termine un mes de agosto extraño en los tribunales españoles, con un periodo hábil entre el 11 y el 31 para hacer frente a los efectos de la pandemia de Covid-19 en la Administración de Justicia, el ministerio de Juan Carlos Campo hace balance.
Según los datos del informe realizado por Justicia, «esta medida ha compensado en parte los meses de inactividad y ha reactivado un gran número de procedimientos».
Las comunicaciones electrónicas a lo largo del periodo habilitado en agosto «han sido fluidas y los sistemas han funcionado con normalidad sin producirse incidencias reseñables», tal y como ha informado este miércoles Justicia en un comunicado.
Y es que, según argumenta el ministerio, tras analizar las cifras de uso del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet, se muestra que «abogados y procuradores han hecho un uso intensivo durante el periodo hábil, aumentando tanto la recepción de notificaciones como la remisión de escritos de inicio de demandas y de trámite a los órganos judiciales».
En concreto, el número de notificaciones ha sido de 1.310.000 (un 1.000% más respecto a 2019), y los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245% más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585% más).
Las cifras permiten concluir, asegura Justicia, que «gracias al esfuerzo de todos, se ha mantenido una razonable actividad judicial y se ha respondido adecuadamente a la situación generada por la pandemia».
Ahora, anuncia la puesta en marcha de un «plan de arranque del año judicial» para «asegurar la adecuada prestación del servicio, garantizar el rendimiento y reaccionar de forma rápida y eficaz a las incidencias que puedan producirse en el sistema».
Esta excepcional habilitación de parte del mes de agosto se acordó el pasado mes de abril, a través del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, para hacer frente a la paralización de los asuntos que provocó la pandemia de Covid-19 y el estado de alarma.
Esta medida ha sido muy criticada por algunas profesionales, especialmente abogados y procuradores, que argumentan que no ha contribuido, como ya avanzaron hace unos meses, a resolver el colapso de los juzgados, ya que la mayor parte de la plantilla de las sedes judiciales estaba de vacaciones.
