El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado hoy que la medida podría estar aprobada antes del verano que viene. Foto: Ministerio de Consumo.
El Gobierno prohibirá las líneas 902 en los servicios de atención al cliente
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04/9/2020 16:01
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Actualizado: 04/9/2020 16:01
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El Gobierno prohibirá las líneas de tarificación adicional, como las conocidas 902, en los servicios de atención al cliente por suponer un «abuso» que desincentiva el uso de estos servicios por parte de los consumidores.
Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha explicado que el objetivo es que los consumidores dispongan de un número geográfico de tarifa básica en este tipo de servicios, de manera que la llamada no suponga un coste adicional en la factura.
El uso por parte de las compañías de los teléfonos 902 «es abusivo claramente y desincentiva que la gente haga uso de sus derechos», ha afirmado.
Sobre el tiempo que habrá que esperar para ver esta medida en marcha, Garzón ha indicado que «una estimación conservadora» sería «antes del verano que viene». Se ha mostrado confiado en que cuando la propuesta pase por el Congreso de los Diputados «tendrá una aprobación absoluta».
Por su parte, la directora general de consumo, Bibiana Medialdea, ha explicado en una entrevista en La Sexta que la medida supone una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
«Primero hay un periodo de consulta pública donde se recopilan opiniones de la sociedad civil y de las asociaciones de consumidores, que llevaban años pidiendo que se acabara con estos números de tarificación adicional, era una reivindicación histórica. Una vez pasado ese proceso de consulta, la tramitación normal de una reforma legislativa».
Esta reforma, ha añadido, da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) de 2017 que, según ha detallado, «decía que no podía haber estas tarifas especiales para los servicios de atención al cliente, sin embargo en España no se había traducido con toda la contundencia necesaria en el cuerpo normativo y por eso las empresas seguían aplicando esos números que, a partir de ahora, con esta reforma va a ser imposible que lleven a cabo».
Se trata, ha concluido, de una cuestión de «justicia social» porque es un «abuso que las empresas estuvieran utilizando sus obligaciones de información y de atender reclamaciones para obtener un beneficio extraordinario y, además, un abuso que supone un coste adicional en la factura del teléfono».
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