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¿Somos eficaces frente a la piratería digital?

José Manuel Tourné, abogado experto en propiedad intelectual, plantea en su columna la propuesta de la Coalición de Creadores de crear una Fiscalía especializada en combatir la piratería digital.
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Un tercio de las obras audiovisuales, películas y series de televisión, que se consumen en nuestro país es pirata.

Así lo refleja el último estudio del “Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales” publicado el año pasado.

En ese mismo análisis, se destaca que las obras más pirateadas son los estrenos.

El pirata aprovecha el hueco que deja la industria entre el estreno cinematográfico y el lanzamiento en plataformas o en formatos físicos como el DVD o el Blu-Ray.

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En el caso de las series, el hueco viene propiciado por el tiempo que transcurre desde el lanzamiento en Estados Unidos y su llegada a nuestro país.

A ello se dedicaban los integrantes del llamado “Grupo Sparks” que acaba de ser desmantelado gracias al impulso de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York y la investigación conjunta de varios grupos policiales estadounidenses, Eurojust y Europol.

La acción coordinada de todos ellos con los grupos policiales de 18 países, incluido España, han permitido la identificación de los principales responsables del grupo así como la intervención de los servidores y material probatorio suficiente como para acusarlos de un delito contra los derechos de autor y otro de fraude electrónico.

Una operación como ésta evidencia la necesidad de enfocar la lucha contra la piratería de una forma global y más allá de las fronteras de cada país.

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La colaboración entre diversas autoridades no ha debido ser nada sencilla y, de hecho, ha necesitado de varios años de investigación para culminarse con éxito. Ahora, llegarán las solicitudes de colaboración judicial, el análisis de las pruebas y las peticiones de extradición correspondientes.

Sin embargo, las autoridades americanas ya han puesto en marcha toda la maquinaria necesaria para que el juicio pueda llevarse a cabo en un plazo razonable, finalizando con una dura condena en caso de que sean considerados culpables.

En Estados Unidos, la defraudación de la propiedad intelectual se persigue por vía penal y la legislación norteamericana es considerada de las menos tolerantes con este delito.

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Ello, sumado a la mayor eficacia y agilidad de sus procesos judiciales, ha provocado el optimismo de los representantes de la industria ante la noticia del desmantelamiento del grupo Sparks.

CREAR UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA

La Coalición de Creadores reclama la urgente creación de una Fiscalía especializada, petición que vienen realizando desde hace años.

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El objetivo no es otro que el poder encontrar una vía realmente eficaz y que se tome en serio las graves consecuencias que la piratería tiene en las industrias culturales, en la riqueza que generan y en la nada desdeñable cifra de más de 130.000 puestos de trabajo que se generarían en un escenario sin piratería.

La revolución digital transformó la difusión de los contenidos y aunque el mundo occidental se apresuró a regular sus consecuencias y a adaptar la protección de los derechos de los autores a las nuevas tecnologías, sólo la agilidad del modelo legislativo anglosajón, le permitió hacerlo con éxito.

La Digital Millenium Copyright Act (DMCA) americana implementó los tratados de la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) en 1998; mientras tanto, Europa no aprobaba su normativa hasta el año 2000 y 2001 (Directivas de Comercio electrónico y de derechos de autor), con un retraso adicional para la implementación en cada uno de los países miembros.

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En España, la reforma de la Ley de propiedad intelectual estuvo bajo la lupa de la oficina de comercio exterior de los Estados Unidos por los altos niveles de piratería existentes y que se consideraban causados por una deficiente protección de los derechos de propiedad intelectual.

Tras varias comisiones gubernamentales, completamente inútiles, la presión de todas las industrias de contenidos unidas consiguió la creación de un órgano administrativo que permitiera el bloqueo, en un plazo razonable, del acceso a contenidos ilícitos ofrecidos por las páginas de descargas.

Dicho órgano es la sección segunda de la Comisión de propiedad intelectual también conocida como “Comisión Sinde”.

Aunque su labor incrementó la protección de los creadores y ha contribuido a mejorar la percepción que de su vulneración tenían las autoridades judiciales, aún estamos lejos de la sensibilidad necesaria frente a lo que en otros países consideran un delito.

Internet ofrece decenas de páginas desde las que descargar contenidos no autorizados por sus titulares y otras muchas páginas enseñan como hacerlo u ofrecen alternativas cuando una página es finalmente bloqueada.

POCA EFICACIA EN ESPAÑA CONTRA LA PIRATERÍA

Las opciones de un titular frente a la vulneración de sus derechos son muy limitadas y escasamente eficaces:

En vía penal, los procedimientos judiciales sólo son viables si la encomiable labor de las Fuerzas de Seguridad detiene a los autores en nuestro país y presentan pruebas realmente contundentes.

Son muchas las decisiones judiciales que absolvieron a los responsables de páginas de descargas y, en los casos en que hubo una condena, la misma tardó años (una media de 5-6) en llegar.

La vía administrativa resulta eficaz para el bloqueo, aunque tarda en llegar alrededor de un año y es eludido mediante la transformación o clonado de la página infractora.

Un buen ejemplo es el caso de “Exvagos”: Tras más de seis años de jugar al ratón y al gato, convirtiéndose en Exvagos 1, exvagos-2 y alguna otra, la sección segunda impuso una multa de 400.000 € y bloqueó de forma definitiva el acceso.

La vía civil, por último, ha permitido algunos éxitos imponiendo a los proveedores de acceso a Internet la obligación de bloquear la conexión de los usuarios españoles a determinadas páginas, pero deja a los responsables de éstas fuera.

Se entiende así por qué, los titulares se alegran de que este caso sea juzgado en Estados Unidos.

El liderazgo normativo europeo que impuso el respeto de los derechos de todos y la restauración del equilibrio en las relaciones humanas a través de sus códigos resulta paquidérmico frente a los cambios exponenciales que vivimos.

La adaptación de los procesos a la revolución digital es más sencilla desde las normas anglosajonas o, incluso, desde la dictadura comunista que desde el artesonado jurídico de las normas europeas.

Si a ello sumamos, el retraso de las decisiones de los tribunales, concluimos que son necesarios aún muchos cambios para que Europa esté a la altura de la revolución digital.

Y hoy me despertaba con la noticia de que, en nuestro país, la Fiscalía y el ministerio del Interior tratan de atajar la okupación a marchas forzadas.