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Un teniente de alcalde y una concejal de Pinto imputados por prevaricación por tratar de despojar de su campo al Atlético de Pinto

Federico Sánchez Pérez, teniente de Alcalde, y Lidia Rupérez Alonso, concejal, del Ayuntamiento de Pinto han sido citados a declarar como imputados el 27 de octubre próximo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Parla. Al fondo, el estadio del Atlético de Pinto.
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Federico Sánchez Pérez, teniente de alcalde, y Lidia Rupérez Alonso, concejal del Ayuntamiento de Pinto, localidad a 23 kilómetros al sur de Madrid, han sido imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa al haber tratado de desalojar de su estadio al Atlético de Pinto, equipo de Tercera División, a las bravas, por la vía de los hechos. 

Dicha decisión llevó a la nueva Junta Directiva del Club a interponer una denuncia contra los dos ediles. Denuncia que el Ministerio Fiscal, en la persona de Soledad Fernández del Mazo, ha validado, al encontrar indicios delictivos. 

“La actuación descrita en la denuncia podría ser constitutiva (…) de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, por lo que se interesa que se proceda a incoar diligencias previas”, dice la fiscal en su escrito de calificación.

El artículo 404 del Código Penal dice que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

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Por estos hechos, Sánchez Pérez, responsable de Economía y Modelo de Ciudad, y Rupérez Alonso, concejal de Deportes, han sido citados a declarar como investigados el próximo 27 de octubre por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Parla, Aurora de Blas Hernández.

Veintiún días antes, el 6 de octubre, comparecerá ante la magistrada el representante legal del equipo perjudicado, Jesús Garzón, en la que explicará el enorme perjuicio deportivo y económico que la decisión de los dos imputados está produciendo al club.

El Atlético Pinto está presidido por Arcadio Fenol Murcia. De su Junta Directiva forman parte dos exgrandes jugadores de fútbol de la Primera División: Gabi Moya (Atlético de Madrid, Sevilla y Real Mallorca) y Francisco Medina Luna, “Piti” (Real Zaragoza, Rayo Vallecano y Granada), junto con Pablo Acosta, hermano de Antonio Acosta, también exjugador de Primera (Atlético de Madrid, Logroñés, Getafe y Royal Antwerp FC).

El objetivo de esta nueva dirección deportiva es llevar al equipo a la Segunda B o, incluso, a la Segunda División, en un periodo de 4 a 6 años.

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EL MEOLLO DEL CONFLICTO

Lo resume muy bien la fiscal en su escrito en el que relata que la posesión en que se asienta el estadio de fútbol fue cedida gratuitamente, en 1969, por la Obra Sindical del Hogar al Atlético Pinto, “quien acondicionó y cerró el campo por cuenta propia y construyó vestuarios, quedando el Estado Amelia del Castillo completamente acondicionado en el año 1971.

“Desde entonces, el Club Atlético de Pinto viene poseyendo los citados terreno, de manera pacífica, pública y sin pagar canon alguno al Ayuntamiento y no ha título de cesión municipal”, añade. 

“El día 23 de junio de 2020 la nueva Directiva del Club mantuvo una reunión con la Concejala [Lidia Rupérez Alonso], en la que ‘amenazó’ con sacar a licitación la utilización de las instalaciones del club y que no se iban a conceder más espacios para acoger a los diferentes equipos del Club”,  prosigue.

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“Días después, la Sra Concejal se presentó en el campo en unión de dos policías locales y verbalmente ordenaron a la Directiva desalojarlo y les prohibieron volver a pasar a las instalaciones así como que se  regara el césped”.

LA CONCEJAL PROHÍBE LA ENTRADA A LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADIO Y A LAS OFICINAS

Una decisión que tomó Rupérez Alonso y que comunicó a la Junta Directiva del Atlético de Pinto por email el 2 de julio pasado. Por “motivos de salud y en virtud de sus derechos dominicales”.

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“Con motivo de todos estos hechos, no solo se ha paralizado la actividad del Club, con el consiguiente perjuicio deportivo y económico sino que también se ha comprometido al estabilidad laboral del personal que presta servicios por cuenta del Club”, subraya la fiscal. 

El 8 de julio, la Junta Directiva del Atlético de Pinto recibió otro correo electrónico de la mencionada concejal comunicando que el 9 de julio, al día siguiente, se procedería por personal del Ayuntamiento a cambiar las cerraduras de las dependencias.

De las manifestaciones hechas en la denuncia no parece, sino que el Ayuntamiento de Pinto, titular de los terrenos en que se asienta el Estadio Amalia del Castillo, sus dependencias y oficinas, ha pretendido recuperarlos por la vía de hecho, cuando desde el año 1969, parece ser, que ha venido disfrutando de ellos a título gratuito, pacífica y públicamente el Club Atlético de Pinto”, recalca el Ministerio Fiscal. 

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Y recuerda que no existe ningún expediente administrativo ni resolución judicial firme que reconozca el derecho del Ayuntamiento a recuperar la posesión de los terrenos. Para la fiscal, un supuesto delito que tiene la apariencia clara de prevaricación administrativa, “sin perjuicio de una ulterior calificación de los hechos”.