La Comisión Europea comenzará en octubre una ronda de consultas con los Estados miembros con el fin de impulsar planes para la digitalización de las administraciones judiciales nacionales garantizando un nivel alto de seguridad, tras conocer los frecuentes colapsos de los tribunales nacionales durante la pandemia del coronavirus por las dificultades para realizar su actividad de manera no presencial.
Así se lo ha trasladado esta semana el comisario de Justicia, Didier Reynders, a la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, en una misiva, en respuesta a otra que le envió la eurodiputada de Ciudadanos el pasado abril.
Pagazaurtundúa solicitaba en ella al comisario Reynders la puesta en marcha de “planes piloto de emergencia en los Estados miembros con el fin de obtener datos y mejorar la respuesta de las administraciones de justicia en situaciones como la provocada por la Covid-19”, señalando el embotellamiento de las denuncias que, debido al confinamiento, no podían ser cursadas en los tribunales de los distintos Estados miembros.
LA CARTA DE PAGAZAURTUNDÚA
El comisario de Justicia le expone el propósito de crear una hoja de ruta de medidas para la digitalización del sistema público judicial tanto a nivel nacional como internacional.
LA RESPUESTA DE REYNDERS
“Celebramos que la Comisión comparta nuestra preocupación por la falta de eficiencia de algunos sistemas judiciales durante el confinamiento», ha señalado Pagazaurtundúa en un comunicado.
Indica que en España, por ejemplo, «los tribunales han reducido su actividad a niveles extraordinariamente bajos y se ha facilitado el teletrabajo para una parte minoritaria del sistema judicial, lo que ha hecho imposible que el mecanismo funcione con eficacia”.
“El confinamiento de los funcionarios de justicia, sin herramientas adecuadas o seguras para el teletrabajo, puede estar poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a una protección judicial efectiva a corto y medio plazo, así como el derecho a la privacidad”, expuso la eurodiputada en la carta, señalando, a su vez, «la importancia de mantener unos niveles de seguridad adecuados para proteger a la ciudadanía, así como la independencia del Poder Judicial».
En su respuesta, el comisario ha afirmado que garantizar un nivel especialmente alto de seguridad en las redes y de la información en las administraciones públicas es clave para el Ejecutivo, especialmente a raíz de las debilidades que ha presentado la red en los meses de pandemia.
Asimismo, ha concluido su misiva invitando a la eurodiputada, así como al conjunto de la Eurocámara, a colaborar para acelerar el proceso de digitalización de las administraciones judiciales de los veintisiete.
