El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, junto con su compañero diputado, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, son los autores de la batería de siete preguntas sobre el testimonio del excoordinador legal de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, amenazado por una especie de "kale borroka" supuestamente vinculada a la formación morada.
Ciudadanos lleva las amenazas al exabogado de Podemos, Calvente, al Congreso de los Diputados
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11/9/2020 10:20
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Actualizado: 11/9/2020 11:02
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El interrogatorio a que fue sometido ayer el excoordinador legal de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en cuyo marco dijo que estaba siendo objeto de amenazas de personas vinculadas a la cúpula del partido morado ha tenido como resultado una batería de preguntas sobre el asunto por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
Son siete preguntas articuladas por los diputados Edmundo Bal y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, dirigidas a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
A través de las mismas le inquieren sobre si le consta la existencia de esas amenazas, si se están investigando y si sabe quién o quienes pueden ser las personas que las han protagonizado.
También le preguntan si ha recibido instrucciones para proteger a José Manuel Calvente «de la posibilidad de sufrir represalias en su persona».
EL CASO DINA FUE UN MONTAJE URDIDO POR IGLESIAS Y MONTERO, SEGÚN CALVENTE
Calvente declaró ante García Castellón que el caso Dina fue un montaje urdido por el actual vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad –y su pareja de hecho–, Irene Montero, y el responsable de comunicación, Juan Manuel del Olmo, para crear el relato de que el robo del teléfono de la ex asesora de Iglesias, Dina Bousselham, fue una operación de las «cloacas del Estado» contra Podemos.
Un relato que le sirvió a Unidas Podemos para presentarse como una víctima del gobierno de Mariano Rajoy en las elecciones europeas del 28 de abril de 2019 y de las elecciones nacionales, autonómicas y locales de 26 de mayo de ese mismo año.
Durante su declaración, el exabogado de Podemos se llegó a emocionar al confesar las amenazas y presiones sufridas por parte del entorno de Podemos sobre su persona. Hasta el punto que García Castellón ordenó que se dedujera testimonio para que la Fiscalía investigara dichas amenazas. Y si fuera necesario, que se le ofreciera protección.
Calvente señaló que en el entorno de Podemos existirían personas muy violentas, y llegó a hablar de la existencia de una ‘kale borroka’ o guerrilla.
Este testimonio es lo que ha llevado a Ciudadanos a plantear estas preguntas.
Bal y Gutiérrez también le piden a Grande Marlaska una valoración sobre el hecho de que tanto el PSOE como Unidas Podemos «se opongan a investigar este caso, de tal gravedad?».
DIRECTIVA DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN
De la misma manera, Ciudadanos interpela al ministro del Interior para que se pronuncie sobre la oportunidad de la transposición a la legislación española de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como la Directiva «Whistleblower». Para «impedir que ningún partido pueda obstruir el funcionamiento de la Justicia y la investigación de presuntos delitos, como los relatados por D. José Manuel Calvente».
La formación naranja, por último, interroga a Grande-Marlaska para que se exprese sobre cuál sería el mejor momento procesal para que Iglesias dimitiera si García Castellón decidiera investigarlo por denuncia falsa.
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