Lo que perseguían cuando se promulgaron tanto el artículo 135 de la Constitución como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (artículos 11.4 y 12), era -y es- evitar el despilfarro de dinero público en el ámbito municipal, que durante años constituyó una seria amenaza para nuestra hacienda, advertida con reiteración desde Europa.
Desde luego, nadie puede a estas alturas negar que esas reformas legislativas consiguieron de largo ese objetivo. Nada menos que quince mil millones de euros ahorrados por las entidades locales han sido posibles por la odiada regla de gasto, que tantos quebraderos de cabeza sigue generando a ediles y funcionarios locales.
Ahora bien, una vez que esos fondos se han quedado en la caja, y que ejercicio tras ejercicio se mantienen en ella, tal vez sería el momento de replantearse qué hacer con una hucha tan generosa, máxime en tiempos delicados desde el punto de vista económico.
Lo que no parece de recibo es que se entreguen a otras administraciones, aunque sea renunciando al chocolate del loro de la participación en un fondo en forma de préstamos en condiciones favorables, como se pretendía por el Gobierno.
Esos recursos, aunque no se hayan gastado, pertenecen a los municipios y provincias que los han conseguido retener con sudor y lágrimas para no incurrir en déficit.
La propuesta que frustró el Parlamento me recordó desde que la conocí, salvando las distancias y sin entrar en pormenores, a una especie de pignoración de fondos por una entidad financiera: tú dame tu dinero que yo te doy un poco de él y un crédito.
Como es natural, algo así cuesta entenderse en una relación entre administraciones territoriales presididas por vínculos no jerárquicos, sino por un régimen de autonomía constitucionalmente consagrado.
Si no es descartable la caída de la recaudación fiscal como consecuencia de la pandemia, parece prudente pensar que los entes locales corren el riesgo de abandonar la senda de superávit de estos años anteriores, lo que debiera abrir la puerta a fórmulas que permitan emplear ese remanente de tesorería acumulado, en lugar de dejarlo calentar eternamente en los bancos, con unos intereses mínimos.
Uso de los remanentes de tesorería
Si al menos se hubiera salvado por el Congreso la inaplicación de la regla de gasto, los entes locales podrían haberse visto no tan constreñidos para gastar su presupuesto, pero tal circunstancia también se ha desechado.
Así las cosas, lo que toca ahora es que esa mayoría parlamentaria que ha tumbado la iniciativa gubernamental trabaje en propuestas que faciliten el mantenimiento de la liquidez municipal garantizando la necesaria austeridad que debiera conservarse.
Ese desiderátum quizá pueda conseguirse planteando la utilización de los remanentes de tesorería cuando alcancen en cada ayuntamiento o diputación determinada cifra positiva de forma continuada en ciertos años; o bien ajustando aún más los términos de la regla de gasto a la realidad económica anual, relajándola a tenor de esa coyuntura.
Lo que no puede ser es que quince mil millones de euros estén en depósitos bancarios en épocas tan complicadas para tantos municipios, y que no se permita enjuagar el desplome fiscal previsible echando mano de ese capital.
Y tampoco es razonable llevar la austeridad a terrenos que impidan comprender su razón de ser, que no es ser un fin en si mismo, sino un instrumento para evitar desmanes presupuestarios e impedir la falta de rigor en las cuentas públicas.
