El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy finalmente, por una gran mayoría –incluyendo al PP– el proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
En su regreso del Senado, donde fueron aportadas diez enmiendas y una específica a la disposición final.
En el primer caso la votación se saldó con 280 votos a favor (un 80 por ciento de los 350 votos de la Cámara Baja), 52 en contra y 14 abstenciones.
En el segundo, los síes se elevaron a 290 votos (un 82,8 por ciento), los noes a 52 y las abstenciones a 5.
Esta nueva ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que obtuvo el respaldo del Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de mayo pasado en la votación a la totalidad que se llevó a cabo. Transformado, por el procedimiento de urgencia en proyecto de ley, su vigencia se extendía tres meses después del final del estado de alarma, que acabó el 21 de junio. Es decir, hasta el 21 de septiembre.
Su aprobación supone un respaldo a la gestión del actual titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo.
El ministro, minutos antes de la votación, agradeció el apoyo recibido por la casi totalidad de los partidos políticos.
«Esto arranca por una iniciativa del gobierno y era la primera palabra. Pero se ha enriquecido por el esfuerzo de todos sin excluir a nadie», afirmó Campo, que recordó la colaboración tanto de los diputados como de los senadores.
«Esto es el parlamentarismo, señorías: El enriquecimiento de los textos en pro de hacer mejor la Administración de Justicia y dar contenido constitucional a la tutela judicial a la que tenemos derecho los ciudadanos», añadió.
Campo concluyó pidiendo a los diputados que no abandonen «el camino del consenso. No es un fin. Es una manera importante de trabajar que nos puede llevar a resultados como el de hoy. A una ley que va a permitir mejores reformas procesales y organizativas para combatir los efectos de la COVID y modernizar una Administración de Justicia que todos deseamos que sea mejor de lo que ha sido hasta ahora».
Y eso se condensa en tres conceptos: «responsabilidad, altura de miras y lealtad constitucional».
