El Congreso debatió ayer la toma en consideración de esta proposición de Ley de reforma del Registro Civil por la que se actualizan ciertos aspectos de la Ley aprobada en 2011 que nunca entró en vigor; la iniciativa de los socialistas prevé que lo haga el próximo abril.
PP y Cs apoyan la reforma del Registro Civil del PSOE, bloqueada desde hace 10 años
Contempla la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las oficinas generales del Registro Civil, de la que se ocuparán funcionarios
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16/9/2020 16:51
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Actualizado: 16/9/2020 17:54
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El Partido Popular y Ciudadanos han adelantado su apoyo a la tramitación de la Proposición de Ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos.
El Congreso debatió ayer la toma en consideración de esta Proposición de Ley que pretende mejorar la Ley aprobada en 2011 y que nunca entró en vigor por sucesivos aplazamientos.
La iniciativa de los socialistas prevé que entre en vigor el próximo 30 de abril.
VOX, PNV, JxCat y BNG ya han avanzado su voto en contra.
Esta reforma legal está dirigida «preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito» y para ello, al frente de cada oficina general del Registro Civil estará un encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Esto conlleva que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central.
En su lugar se crean oficinas generales de Registro Civil y la oficina de Registro Civil Central.
El PSOE propone que puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo puedan ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
Así, plantea aprovechar la experiencia de los empleados públicos a cargo de su Ilevanza para la implementación del nuevo modelo del Registro Civil y la culminación del mismo en la fecha de entrada en vigor y, muy especialmente, «respetar de forma escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales durante el periodo de implantación del nuevo Registro».
UNA OFICINA POR PARTIDO JUDICIAL
El PSOE propone la apertura de una oficina general del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial, y que se puedan crear oficinas generales adicionales mediante transformación de las existentes en los Juzgados de Paz.
También plantea que puedan agruparse oficinas generales para la mejor prestación de un servicio eficiente, en los casos en que se estime más conveniente, atendida la carga de trabajo, por la administración pública con competencias en ese territorio.
La nueva Ley del Registro Civil, aprobada en 2011, continúa en ‘vacatio legis’ dada la complejidad técnica y sobre todo tecnológica que requiere.
De momento, según se señala el PSOE en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, dicho periodo «ha posibilitado el adecuado desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilitará el acceso telemático al mismo, respecto de los ciudadanos, mediante su identificación electrónica».
Pese al apoyo mayoritario anunciado por la Cámara, los grupos han reprochado tanto a socialistas como ‘populares’ la «chapuza» que supone tener una reforma aprobada en 2011 que lleva 10 años paralizada por sus respectivos gobiernos, con hasta seis prórrogas para su entrada en vigor.
También han criticado al PSOE por esquivar los informes preceptivos de los órganos vinculantes al presentar la reforma como una Proposición de Ley y no un Proyecto de Ley del Ejecutivo.
La reforma contempla la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las oficinas generales del Registro Civil, de la que se ocuparán funcionarios. Esta cuestión también ha sido cuestionada por algunos grupos, que abogan porque sean los letrados de la Administración de Justicia.
Los partidos nacionalistas como BNG, PNV y JxCAT han anunciado su oposición porque no atiende a las singularidades de algunas CC. AA. y porque, según dicen, invade competencias.
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