El Gobierno madrileño está estudiando, a través de Abogacía General de la Comunidad de Madrid, interponer un recurso ante la Audiencia Nacional (AN) contra la resolución ministerial que recoge las restricciones de movilidad acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Duda de su validez jurídica.
La orden hace efectivas las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obliga al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.
La Comunidad de Madrid tiene hasta el próximo viernes por la noche para aplicar en la capital y otros nueve municipios las nuevas restricciones a la movilidad para frenar la pandemia, después de que el Gobierno le notificara anoche esas nuevas medidas.
«Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma», ha explicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Esradio.
En la Asamblea ha informado que mientras tanto, la Comunidad de Madrid cumplirá con esta resolución, de obligado cumplimiento.
Ayuso considera que el «plan» del Gobierno «destroza Madrid sin criterio».
La Comunidad de Madrid también está estudiando si las normas de restricción a la movilidad emitidas por el Gobierno «tienen rango de aplicación» y si de deben ser publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para su entrada en vigor.
El acuerdo fue aprobado ayer con 13 votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.
En la Comunidad de Madrid las restricciones afectarían, a la capital, a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ya señaló ayer que el borrador debatido «no había sido aprobado por consenso», según recoge el artículo 14.1, manifestando que «no es jurídicamente válido».
Ayuso ha recalcado hoy que en su artículo 14, el Consejo Interterritorial «obliga a plasmar recomendaciones bajo consenso», pero la presidenta madrileña considera que la reunión del miércoles demostró que éste «no es el afán del Gobierno».
«Ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas en imponer todo por decreto, por imposición», ha criticado.
La presidenta madrileña ha destacado que «Madrid tiene un plan muy claro: detectar quién está contagiando y obligarle a hacer unas cuarentenas».
Ha afirmado que este plan «ya está dando sus frutos» y ha defendido que «es el mejor», y que «lo están haciendo ahora mismo la administración en Estados Unidos y muchos otros países: «Test rápidos, cuarentenas y que la vida siga».
Ayuso ha reprochado al Gobierno que este plan le «pareciera bien» al comienzo de la semana, y en cambio decidieran que «hay que cerrar Madrid» y «filtraran» antes del Consejo Interterritorial los detalles de su propuesta.
«Las cuestiones de los madrileños y de tantos ciudadanos, sobre todo cuando se habla de restringir la libertad de millones de personas, no se tratan como si se escribiera en la servilleta de una barra de bar. Las cosas se tienen que hacer con un borrador claro, con unos datos, con sus papeles e información», ha denunciado Isabel Díaz Ayuso.
Considera que por parte del Ejecutivo «no ha habido una voluntad de diálogo ni de acuerdo», sino de «hacer lo que yo quiero».
Lamenta que con su actitud están «aterrorizando a la gente que ya está con miedo a ir a un hospital» en Madrid.
Según la orden emitida por el Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas son las competentes para ejecutar esas medidas en los municipios que cumplan los requisitos, en un plazo máximo de 48 horas desde el momento en el que se produzca dicha notificación.
Moncloa ha informado de que la orden se notificó anoche a las Comunidades. Ahora son los gobiernos regionales los que deben ocuparse de poner en marcha las medidas cuando sea necesario, y si hay municipios que están ya en esta situación, antes de que pasen 48 horas.
Este es el caso de Madrid, la única Comunidad con municipios que cumplen los requisitos fijados por Sanidad y las CC AA en la interterritorial para ser confinados perimetralmente, limitando las salidas y entradas excepto para determinadas necesidades.
UN ABOGADO HA RECURRIDO EL ACUERDO
Un abogado, Curro Nicolau, ha presentado hoy un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por considerar que vulnera derechos fundamentales.
Ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN que adopte una medida cautelarísima para suspender la vigencia del acuerdo del CISNS y de la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad para dar publicidad al mismo o que al menos reconozca una «situación jurídica individualizada» para que el abogado pueda ejercer libremente tales derechos.
Nicolau considera que el acuerdo y la resolución lesionan los derechos a la libre circulación y a la reunión. Argumenta que, conforme a la Constitución, la suspensión o limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante la declaración de un estado de excepción o de sitio, no a través de «un mero acuerdo de una conferencia sectorial, como es el CISNS».
Asimismo, esgrime que la Constitución establece «una clara reserva de ley orgánica para regular el ejercicio de derechos fundamentales» y que «no existe ninguna norma habilitante que faculte al CISNS y al Ministerio de Sanidad para la regulación y la restricción del ejercicio de derechos fundamentales».
También argumenta que el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del CISNS establece que los acuerdos deben alcanzarse por «consenso», algo que dice que no se produjo por la oposición de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y que en todo caso serán «recomendaciones», por lo que interpreta que no son de obligado cumplimiento.
