Luis Santamaría, portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, afirma que la reforma legal anunciada por el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «inconstitucional y un método más propio de las dictaduras que de las democracias».
Así lo ha manifestado a Confilegal preguntado por esta reforma que consistirá en acabar con la mayoría de tres quintos que se necesita actualmente, según explicó ayer el secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, que aseguró, además, que cuenta con suficientes votos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y elegir al CGPJ sin el PP.
Para, Luis Santamaría, «el Gobierno está utilizando la no renovación del CGPJ para esconder su nefasta gestión de la pandemia, el hundimiento de la economía y la presunta financiación irregular de Podemos».
«En el PP no entendemos que el Ejecutivo dedique más esfuerzos a hablar del Consejo y a atacar a la Comunidad de Madrid y a los madrileños que a luchar contra el coronavirus, lo cual demuestra cómo de importante es para ellos asaltar los cielos del Poder Judicial», explica este diputado.
«Nuestra postura es muy clara: consideramos que cambiar las reglas del juego como amenaza Sánchez es inconstitucional, impropio de una democracia, donde no se pueden cambiar las reglas del juego democrático a mitad del partido», recalca.
Preguntado acerca de las declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien volvió a reclamar al PP que desbloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace casi dos años, y dijo que confía en que “en poco tiempo podamos tener buenas noticias” al respecto, Santamaría contesta que «la renovación del Consejo no es una obligación del PP, sino del conjunto de fuerzas políticas, y muy especialmente del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de alcanzar los consensos y los acuerdos necesarios».
Afirma que «en este ámbito, como en casi todos, Sánchez exige fe ciega y no negociar», y que «el PP ha decidido no allanarse».
Campo señaló que el Gobierno mantiene un «cauce de comunicación abierto» con el PP, lamentó que la formación esté cerrada «en banda a la solución», y se mostró «convencido» de que el PP será «llamado al buen entendimiento» para afrontar de «manera inmediata» la renovación. «Espero y confío en que pronto podamos tener buenas noticias», apostilló.
No obstante, el ministro advirtió al partido de Pablo Casado que si no pacta la renovación, el Gobierno llevará a cabo la modificación legal anunciada.
Luis Santamaría explica que alcanzar un pacto para la renovación del CGPJ pasa por que el PSOE «no se desvíe de la senda del constitucionalsmo», por que el Gobierno «deje de plegarse a las exigencias de los secesionistas cuando exigen una amnistía para los presos condenados por el ‘procés'», pasa por defender el marco constitucional y «no atacarlo como hace Podemos cuando convierte en un eje estratégico de su política, el derribar la forma política del Estado que votamos todos los españoles y que es la Monarquia parlamentaria», y pasa también por «garantizar la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de jueces y fiscales», a su juicio, rota con el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
«España, mal que le pese a Sánchez es un Estado de Derecho consolidado. La amenaza del Gobierno sabemos que es inconstitucional y recordarmos al presidente que además del Tribunal Constitucional, vivimos en un entorno europeo que defiende las libertades, la independencia judicial y la separación de poderes y que él está obligado a defender lo que somos y no a trabajar para convertirnos en lo que Podemos quiere que seamos», manifiesta el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso.
«Sánchez es a las instituciones lo que la carcoma a la madera. El PP no puede ser compañero de viaje de un Gobierno que está minando las instituciones y la calidad democrática de este país», sentencia Santamaría.
Cabe recordar que las asociaciones de jueces y fiscales reclaman una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no en el sentido de la que pretende Sánchez, sino para que los jueces elijan a sus vocales en el CGPJ.
Santamaría dice que «la apuesta de Pablo Casado es avanzar en la independencia judicial y evitar la politización de la Justicia que pretende el Gobierno».
Además, recuerda que tres de las cuatro asociaciones de jueces, la APM, FJI y AJFV, denuncian que sería radicalmente «inconstitucional» la propuesta de Sánchez porque «vulneraría» el artículo 122 de la Constitución, que establece la mayoría de tres quintos para los ocho vocales que no son del turno judicial.
«La situación de España exige seriedad y rigor y no bravuconadas o globos sonda como las anunciadas por Sánchez y el ministro de Justicia. Si el Gobierno busca responsables a la hora de no poder hacer realidad las obligaciones que marca la Constitución, no debe mirar al PP, sino a su socios de Gobierno y en especial a Podemos», zanja.
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