De izquierda a derecha, Concepción Rodríguez, de FJI, Miguel Pallarés, de APIF, Raimundo Prado, de AJFV, Emilio Fernández, de UPF, Cristina Dexeus, de AF, Manuel Almenar, de la APM, e Ignacio González Vega, de JJpD, en una foto tomada el 4 de mayo pasado, en la manifestación que llevaron jueces y fiscales ante el Ministerio. En la foto pequeña, el presidente Pedro Sánchez. Carlos Berbell/Confilegal.
Los jueces le dicen a Sánchez que quieren elegir a sus vocales en el CGPJ
Por razón de urgencia, las asociaciones de jueces y fiscales le reclaman la "inmediata derogación" del artículo 324 de la LECrim
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30/11/2018 19:45
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Actualizado: 18/12/2018 09:02
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Las asociaciones de jueces y fiscales han reclamado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apoye que los jueces y magistrados puedan elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de extracción judicial, según han informado en un comunicado.
El PP y Ciudadanos han presentado sendas enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos, por voto secreto y directo, por los 5.500 miembros de la carrera judicial.
Las siete asociaciones piden al presidente que también apoye este cambio en el sistema de elección.
Es una de las reivindicaciones que hacen al jefe del Ejecutivo en una carta que le han enviado este viernes a través de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por razón de urgencia, le reclaman la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La carta está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF), y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
EL 6 DE DICIEMBRE VENCE EL PLAZO MÁXIMO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LAS CAUSAS DECLARADAS COMPLEJAS
Las asociaciones advierten a Pedro Sánchez de que el próximo 6 de diciembre vence el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas a raíz de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la LECrim.
Dicho artículo establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
El grupo parlamentario socialista presentó el pasado 10 de octubre una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a su “derogación inmediata” para “acabar con una situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra Administración de Justicia y ha multiplicado el riesgo de impunidad sin que se haya podido comprobar una agilización de la justicia penal”.
En un principio trascendió que iba a votarse su derogación el pasado 13 de noviembre, pero no se hizo.
Las asociaciones reclaman la «inmediata derogación» de dicho artículo para «evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las indicadas causas».
Y solicitan que utilice para ello un Real Decreto Ley, «dadas las razones de urgencia indicadas».
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales -a la que se encuentran adscritas la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra– también han avisado de este asunto a los portavoces de Justicia y a los grupos parlamentarios PSOE, PP, CS y Unidos Podemos instándoles a adoptar los acuerdos necesarios o a dirigirse al Ejecutivo para reclamarle su derogación de forma urgente.
Cristina Dexeus, presidenta de Asociación de Fiscales, ha manifestado a Confilegal que la PNL del PSOE «no es más que un brindis al sol» y que «si de verdad hay voluntad política, habida cuenta de las razones de urgencia alegadas, que lo derogue por un Real Decreto Ley, como ha hecho con el impuesto de las hipotecas».
«Si no lo hace es que no hay voluntad política de derogarlo», sentencia.
EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CGPJ HA QUEDADO PARALIZADO
El pasado 19 de noviembre las asociaciones de jueces y fiscales hicieron huelga para, entre otras cosas, denunciar el «reparto político de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y reclamar respeto a la independencia judicial”.
Ese mismo día también trascendió un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de Whatsapp con otros parlamentarios del partido en el que aseguraba que el pacto PP-PSOE permitiría a los populares controlar “por detrás” el Supremo.
Al día siguiente, tras la oleada de críticas por el reparto del Poder Judicial entre ambas formaciones, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, renunció como posible futuro presidente del CGPJ y del TS.
Hizo pública su decisión en este comunicado:
Cabe recordar que Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria habían anunciado que recurrirían el nombramiento de Marchena si finalmente se producía.
Tras la renuncia del juez Marchena, que sigue presidiendo la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, el PP decidió aquel mismo día suspender el proceso de renovación del poder judicial.
El presidente del Gobierno le pidió que no diera por rota la negociación porque hay muchos jueces “también de enorme prestigio, valía e imparcialidad que pueden sin duda presidir” ambas instituciones.
El 22 de noviembre el PSOE y Unidos Podemos también comunicaron en el Congreso, cada uno por su parte, que abandonaban el proceso, con lo que la renovación del CGPJ, ha quedado paralizada sine die.
La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha señalado a este diario que “las 4 asociaciones judiciales y las tres de fiscales condenan el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial señalando que hay que cumplir los informes del grupo de Estado contra la corrupción del Comité de ministros del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
No obstante, destaca que “su asociación se mantuvo al margen de esa designación” y que fueron «los únicos que no presentaron candidatos».
Afirma que el PSOE «se opone a la modificación del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial» y que lo hace «porque quiere mantener la designación política de los mismos».
Cristina Dexeus recuerda que cuando las siete asociaciones se reunieron con Pedro Sánchez cuando todavía estaba en la oposición, éste «se mostró muy favorable a muchas de sus reclamaciones, pero cuando se trató el tema de los vocales, dijo no era partidario del cambio el sistema».
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA DE LA LOPJ ESTÁ PREVISTA PARA EL 20 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO
La votación en Comisión de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como paso previo a la del Pleno del Senado, está prevista para el próximo 4 de diciembre.
La del Senado tendrá lugar en el pleno del 11 diciembre, y la del Congreso previsiblemente será el 20 de diciembre.
Su reforma inicial era fruto de un acuerdo entre el Ministerio, que entonces dirigía Rafael Catalá, con las organizaciones sindicales, acordado en la Mesa de negociación del 18 de diciembre de 2015″.
A finales del pasado febrero, Catalá, a través del grupo parlamentario popular, presentó una batería de 53 enmiendas al proyecto de reforma de la LOPJ en materia de permisos y licencias», que para los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO y UGT “supone un ataque sin precentes a las condiciones laborales del colectivo de la Administración de Justicia”.
La reforma “quedó olvidada por falta de consenso parlamentario”, y no se supo nada de ella “hasta que el pasado octubre se reactivó, al amparo de la renovación del CGPJ”, según ha señalado en Confilegal Francisco Lama, presidente de CSIF Justicia.
Tras la huelga general en Justicia del pasado 16 de noviembre contra la reforma de la LOPJ que ultima el Senado, y la manifestación celebrada en Madrid, tanto el Ministerio de Justicia como varios grupos parlamentarios -PSOE, Grupo Mixto y Unidos Podemos- presentaron el pasado 20 de noviembre enmiendas a dicha reforma.
Los trabajadores de la Justicia “toman” Madrid y muestran su rechazo a la reforma de la LOPJ @LolaDelgadoG @justiciagob @RafaCatalaPolo @CSIFnacional @Senadoesp @Confilegal https://t.co/WXBjRkcx5G pic.twitter.com/tmsvUNvdrR
— CSIFJusticiaNacional (@CSIFJusticiaNac) 19 de noviembre de 2018
El grupo parlamentario popular también se comprometió el pasado lunes con los sindicatos a que apoyará en el Senado el mantenimiento de los actuales centros de destino.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha denunciado que el Ejecutivo reforzará su control sobre el Poder Judicial gracias a muchas enmiendas a la LOPJ.
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