El Congreso entierra el modelo presidencialista de Lesmes y regresa al sistema colegiado

Hoy no se derogará el artículo 324 de la LECRIM en el Congreso de los Diputados

Es una Proposición no de Ley propuesta por el PSOE y que cuenta con el acuerdo del PP

13 / 11 / 2018 06:15

Actualizado el 13 / 11 / 2018 09:27

Contrariamente a la impresión que se había proyectado, hoy no se derogará en el Congreso de los Diputados el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que se  debate es una Proposición No de Ley (PNL), que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno a su «derogación inmediata», pero que no va a tener más consecuencias.

La derogación del artículo 324, que establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas, es una de las reivindicaciones principales de las asociaciones de fiscales, que apoya la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Si se aprueba la PNL no tendrá ninguna consecuencia, más allá de la publicitaria, llamando la atención sobre la necesidad de la desaparición de la reforma practicada en  2015 por el Gobierno del Partido Popular.

Es cierto que, entre el PSOE y el PP, suman 218 diputados, del total de 350 que componen la Cámara Baja, pero también es cierto que dicha dicha propuesta se encuentra en trámite de enmiendas parciales, que tiene que cumplir unos tiempos establecidos.

Y, hoy por hoy, no toca.

«Por los tiempos establecidos, es complicado que se pueda realizar antes de final de año, porque no es la única reforma que estamos debatiendo», explicaron a Confilegal fuentes parlamentarias.

Esta PNL fue presentada el pasado 10 de octubre en el Congreso de los Diputados y en su Exposición de Motivos la necesidad de «acabar con una situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra administración de Justicia y ha multiplicado el riesgo de impunidad sin que se haya podido comprobar una agilización de la justicia penal».

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