El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, despachó 1.099 expedientes y aprobó 921 dictámenes durante 2019.
Del total, el Consejo ha tenido conocimiento de 643 resoluciones llevadas a cabo siguiendo el criterio del dictamen emitido, lo que se traduce en que prácticamente el 99% de los dictámenes aprobados por el Consejo de Estado son secundados por la administración u organismo que ha elevado la consulta.
Los datos fueron presentados este viernes en rueda de prensa – por segunda vez en la historia de la institución, tras la presentación de la Memoria 2018 el pasado mes de febrero- por la presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega, y del consejero permanente y coordinador de la Memoria, Fernando Ledesma.
Si se atiende a la naturaleza de los 921 dictámenes, el 22,6% corresponde a disposiciones de carácter general (normas), como anteproyectos de ley, decretos legislativos, reales decretos (los más numerosos, 99), decretos, órdenes ministeriales y tratados, convenios y acción exterior, entre otros.
El 77,4% restante, corresponde a actos administrativos como reclamaciones de responsabilidad patrimonial (417), revisión de actos en vía administrativa, concesiones y contratos administrativos o cambio de nombres y apellidos, entre otros.
Dictámenes en relación al Derecho Comunitario
El Consejo de Estado destaca, por la importancia que tiene en el ordenamiento jurídico, todos aquellos dictámenes referidos a la incorporación o aplicación del Derecho Comunitario.
En esta línea, se han emitido un total de 110 dictámenes en 2019, la transposición de directivas de la Unión Europea constituye un proceso delicado, explica el Consejo, en el que este órgano consultivo está llamado a intervenir mediante un dictamen sobre el anteproyecto de ley o proyecto de disposición reglamentaria que lo verifique.
En cifras, durante 2019 los dictámenes en este campo más numerosos emitidos por el Consejo de Estado fueron los relativos a la transposición de directivas (49); los relativos a complemento, desarrollo y aplicación de reglamentos (40) y los relativos a la posible responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho de la UE (7).
Durante la presentación, Fernández de la Vega ha destacado que los temas que se debaten y dictaminan en el seno del Consejo «no conciernen únicamente a la dogmática jurídica, sino que se dictamina sobre asuntos que están en la agenda política y que afectan a la vida de los ciudadanos, como el funcionamiento de los servicios sanitarios, la fijación de los umbrales de las becas o la liquidación de las autopistas de peaje».
De la Vega, que ha iniciado su intervención recordando la figura de Landelino Lavilla, consejero permanente fallecido el pasado mes de abril, ha repasado también la acción del Consejo durante el estado de alarma originado por la pandemia del Covid-19.
La presidenta del Consejo ha recordado que esta institución siguió trabajando virtualmente y aprobó 155 dictámenes, muchos de ellos relacionados directamente con el Covid-19.
A su juicio, en este periodo, marcado por la pandemia, «hay más preguntas que respuestas» por lo que son «tiempos para la mayéutica, que requiere sobre todo de una amplia capacidad de escucha». Para De la Vega, «la ausencia de diálogo empobrece nuestras democracias. Diría más, las pone en peligro».
