Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del TC: ‘La reforma del CGPJ propuesta por PSOE y  Unidas Podemos es inconstitucional’
Ramón Rodríguez Arribas ha sido magistrado del Tribunal Constitucional de 2004 a 2013; y entre 2012 y 2013 fue vicepresidente de dicho órgano. Actualmente es socio director de Rodríguez Arribas Abogados, S.L.P. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del TC: ‘La reforma del CGPJ propuesta por PSOE y Unidas Podemos es inconstitucional’

Afirma que es "un golpe institucional directo a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial"
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14/10/2020 13:28
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Actualizado: 14/10/2020 13:33
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Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y magistrado emérito del máximo órgano intérprete de la Constitución, afirma que la reforma legislativa de PSOE y Unidas Podemos que pretende reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «inconstitucional».

«Es un golpe institucional directo a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial; es decir al núcleo central de lo que es nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, la gravedad es máxima«, ha manifestado a Confilegal preguntado por la proposición de ley registrada ayer por los partidos de la coalición gubernamental en el Congreso de los Diputados que supondría que los doce vocales de procedencia judicial del CGPJ fueran elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada.

«Es un día triste», ha añadido.

Rodríguez Arribas destaca que dicha reforma supone «una contradicción respecto a lo que ha dicho ya el Tribunal Constitucional, que precisamente en su sentencia 108/1986, con ocasión de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ya dijo que había la posibilidad de elegirlo por las Cámaras porque el legislador había tomado la cautela de fijar una mayoría reforzada de 3/5, que es la que ahora se quiere volar».

«Si esa mayoría reforzada ahora se quita, se produce una inconstitucionalidad patente; porque si ya dijo el Tribunal eso, ahora no sería lógico decir lo contrario», sostiene el exvicepresidente del TC.

Señala que «por esta fórmula, claramente inconstitucional, se consigue que los partidos que puedan apoyar al Gobierno puedan designar prácticamente la mayoría del Consejo General del Poder Judicial y a través de eso, influir en la justicia».

«Y eso justamente -la posibilidad de influencia de los otros poderes, ya sea el Gobierno, ya sea el propio Parlamento en el Poder Judicial- es lo que la Unión Europea considera peligrosísimo para la independencia de los jueces», apunta.

El exvicepresidente del máximo órgano de garantías de España también alude al artículo 122 de la Constitución Española que distribuye entre jueces y no jueces el CGPJ. A los jueces les otorga 12, y a juristas, que no tienen por qué ser jueces, otros 8, que son los que ya tiene que elegir normalmente el Congreso y el Senado.

«Ahora, que el Congreso y el Senado elija por 3/5 a los juristas no jueces y por mayoría absoluta a los jueces a simple vista es un disparate incluso conceptual«, manifiesta.

Como la reforma ha sido impulsada por PSOE y Unidas Podemos, evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyectos de ley que tramita el Consejo de Ministros.

Al tomar la iniciativa estos grupos parlamentarios que forman parte del Ejecutivo y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial y, según los socialistas, podría estar aprobada en unos dos meses.

Para el exvicepresidente del Constitucional, los eluden»por una sencilla razón: porque saben que los informes serían contrarios y sería vergonzoso que con informes contrarios de estos órganos tan importantes, aunque no sean vinculantes, se haga todo lo contrario de lo que digan».

«Y como están seguros de que se opondrían, la van a aprobar por la tremenda y se acabó», agrega.

Ramón Rodríguez considera que es «la hora de sentarse para valorar cómo hacer una justicia que sea absolutamente independiente, que lo es, pero que, además, lo parezca».

Insiste en que los que están promoviendo este «disparate» están confundidos «hasta el extremo de que volver al sistema de elección de los vocales jueces por los propios jueces les prestigiaría en Europa y en España».

«Aunque crean que les viene mejor lo que van a hacer, a la corta les va a venir peor», avisa, y apunta también que «lo que están haciendo es poniendo en contra incluso a los que estaban a favor».

En este sentido, recuerda que la Asociación Europea de Jueces ya ha advertido que esta reforma va en contra de todas las recomendaciones de la Comisión del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) y del Consejo de Europa.

«Esta reforma va en contra de todo lo que dice Europa respecto a la independencia del Poder Judicial», lamenta Rodríguez Arribas.

No considera esta iniciativa una maniobra del PSOE para presionar al PP a pactar la renovación del CGPJ porque ya no es una advertencia, sino que «la reforma ya está en el Parlamento».

A vista de lo que ha pasado, considera que es un pretexto que se defienda esta reforma alegando que tiene como «objetivo» sortear el «bloqueo» del PP, como, por ejemplo, hizo ayer ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

A juicio de Rodríguez, la forma de evitar ese bloqueo del que el Gobierno acusa al PP es plantear a ese partido elegir a los vocales jueces por los jueces.

«Así se acabaría el bloqueo y la mala impresión en Europa del sistema español de elección de los vocales», apostilla.

El ministro de Justicia también mostró anoche en Valencia su confianza en poder alcanzar un acuerdo con el PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen esta proposición para reformar la ley. Campo aseguró que el Ejecutivo conseguirá «más temprano que tarde» un acuerdo «para desbloquear el CGPJ» porque, según apuntó, es lo que «espera la ciudadanía y lo que legítimamente reclama».

Pero hoy, en una tensa sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que no pactará la renovación del CGPJ si se mantiene la reforma.

«A mí no me presiona nadie», le ha dicho a Sánchez, y le ha advertido que si no «rectifica», el PP acudirá al Constitucional. También lo harán VOX y Ciudadanos, así como asociaciones judiciales.

Al respecto, el exvicepresidente del Constitucional apunta a modo de símil que «si uno va por la carretera conduciendo un vehículo y todos los que van en dirección contraria le dan las luces largas de noche, es que las llevas altas deslumbrando».

«Todas las asociaciones de jueces, de fiscales, y en definitiva casi todo el mundo le está diciendo que eso está mal», señala, por lo que dice que lo más razonable sería que no se llevara a cabo dicha reforma.

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