Manuel García Castellón interrogará este jueves, como imputado, al empresario Javier López Madrid, por su relación con la investigación sobre la adjudicación, en 2007, de las obras del tren de Cercanías Mostoles a Navalcarnero, localidad al suroeste de la Comunidad de Madrid, que se llevó la mercantil Cemonasa, participada al ciento por ciento por la constructora OHL. López Madrid era consejero delegado del Grupo Villar Mir, propietario de OHL.
López Madrid tendrá que explicar si pagó un millón de euros de comisión al entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, por dicha concesión. Granados también está citado ese día, como testigo.
El pasado 27 de febrero, el empresario David Marjaliza reveló al juez de la Audiencia Nacional que en una cena que compartió con el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, el primero le pidió al segundo el pago de una comisión de «en torno a un millón de euros».
Así ratificó lo que ya había declarado en el marco de la causa ‘Púnica’, donde es uno de los principales imputados, y que también investiga el magistrado García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Marjaliza aseguró que López Madrid y Granados –que también está imputado por el caso ‘Púnica’– «se reclamaban dinero uno a otro por una adjudicación de una obra», aludiendo así a una comisión que pedía el exdirigente madrileño por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero al grupo OHL.
«Yo escuché esa conversación entre Paco –Granados– y Javier –López Madrid–. Paco le reclamaba el pago del millón de euros a Javier, y Javier le dijo que él no había intervenido, que había intervenido Nacho«, aseguró ante los medios de comunicación tras comparecer ante el juez, apuntando así al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
López Madrid ha negado en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional tener conocimiento alguno del presunto desvío de fondos desde la multinacional a cambio de adjudicaciones públicas y afirmó que en aquella época no tenía relación alguna con Ignacio González.
Por otro lado, según la investigación de la causa ‘Púnica’, sus iniciales aparecen en la agenda en la que el exsecretario general del PP madrileño recogía supuestas donaciones irregulares al partido que podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.
García Castellón ha citado a ambos a partir de las 10 horas de ese mismo día.
El magistrado reactiva así el ‘caso Lezo’, del que ya ha enviado a juicio dos de las piezas que constituyen la causa y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.
