La Audiencia Nacional comienza mañana a jugar al empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, por un presunto delito de cohecho, en una causa que aclarará si el primero contrató al segundo —cuando aún era policía en activo— para actuar contra la doctora Elisa Pinto tras la denuncia que esta presentó contra él.
El juicio llega después de un complejo recorrido procesal, que incluyó un archivo provisional de la causa, posteriormente revocado, en el que la Fiscalía Anticorrupción se ha bajado de la causa por no apreciar delito alguno.
Este juicio no entrará a valorar el núcleo de la causa, que se sitúa en los supuestos hechos de acoso y en la agresión con un arma blanca sufrida en 2014 por la doctora Elisa Pinto, atribuida al entonces comisario José Manuel Villarejo. Cometida en presencia de uno de sus hijos, que contaba 10 años en ese momento.
Eso se dilucidará el próximo mes de febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid, proceso en el que el empresario Francisco Javier López Madrid, quien formó parte del círculo de la Reina Letizia, y el comisario Villarejo se enfrentan a las penas más severas del procedimiento, con peticiones que alcanzan los 13 años de prisión y dos meses de cárcel cada uno por acosar, amenazar y agredir a la doctora Elisa Pinto.
La denuncia que marca el inicio del caso
El escrito del Ministerio Fiscal en esa segunda causa –directamente relacionada con esta– sostiene que la doctora Elisa Pinto era médico de la familia de Javier López Madrid y que, en el transcurso de 2013, ambos entablaron una relación de estrecha amistad.
Durante ese periodo Pinto comenzó a recibir regalos, mensajes de contenido sexual, fotografías explícitas y llamadas telefónicas, así como a mantener encuentros calificados como “deliberadamente casuales” en espacios públicos y en su lugar de trabajo.
La Fiscalía afirma que, ante el temor de que la doctora pudiera denunciarle, López Madrid contactó en septiembre de 2013 con el entonces comisario José Manuel Villarejo. Este habría aceptado el encargo y, presuntamente, puso a disposición del empresario medios policiales con el objetivo de hostigar y desacreditar a Pinto.
Entre septiembre y diciembre de ese año, la médico empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes en los que, según el escrito, López Madrid le advertía de que había contratado a un comisario —al que describía como parte de las “cloacas del Estado”— experto en fabricar coartadas falsas y en “poner en su sitio” a mujeres como ella.
Paralelamente, recibió llamadas anónimas con voz femenina distorsionada, en las que se la insultaba y amenazaba de muerte. Estas comunicaciones se realizaron desde teléfonos de prepago adquiridos con identidades falsas y sustituidos de forma periódica.
El 10 de diciembre de 2013, siempre según la Fiscalía, López Madrid y Villarejo se reunieron en las oficinas de Cenyt, la empresa del comisario, que tenía en Torre Picasso, Madrid, y posteriormente acudieron a la consulta de la doctora.
Allí le habrían advertido de que estaba siendo vigilada y de que la policía acudiría a visitarla si no desistía de sus denuncias. Días después, y durante más de una semana, Pinto volvió a ser intimidada de forma reiterada por personas desconocidas que actuaban, presuntamente, por encargo de los acusados.
El Ministerio Público subraya que estas actuaciones tenían como finalidad alterar gravemente el sentimiento de seguridad de la víctima y limitar su libertad de actuación. La vigilancia y el hostigamiento afectaron de forma profunda a la vida cotidiana de Pinto y de su familia, obligándola a contratar seguridad privada, a modificar los hábitos de sus hijos —que dejaron de acudir al parque— y a abandonar la conducción durante varios años.
El 30 de diciembre de 2013 la doctora Pinto presentó una denuncia contra López Madrid por presuntos hechos de acoso y amenazas.
Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, la Fiscalía contabiliza al menos once episodios intimidatorios, que incluyen la aproximación de un desconocido al colegio de uno de sus hijos, de diez años, para advertirle de que “también estaban pendientes de ellos”, así como nuevas llamadas con amenazas explícitas de muerte.
Los mensajes, según la acusación, se prolongaron hasta comienzos de 2015 y contenían referencias directas al poder, al dinero y a la supuesta indefensión de la víctima, así como advertencias dirigidas a su entorno familiar.
Según sostiene la acusación de la doctora Pinto, articulada por la abogada Ana Blanco Vázquez de Prada, López Madrid decidió recurrir a Villarejo para intervenir en el asunto para evitar que pusiera ninguna denuncia.
La Audiencia Nacional tiene que determinar si López Madrid pagó y Villarejo cobró
La Audiencia Nacional deberá decidir, en este juicio, si los hechos encajan en el delito de cohecho y si existió una relación corrupta entre un empresario y un funcionario público para influir en una denunciante.
La causa que comienza el lunes en la Audiencia Nacional, y que se prolongará durante 6 días (12, 13, 14, 15, 19 y 20 de enero) no analiza si hubo agresiones ni si existió acoso directo, sino si López Madrid encargó a un funcionario público que utilizara su posición para lograr un objetivo privado: que la doctora retirara la denuncia o dejara de impulsarla.
La acusación sostiene que Villarejo fue contactado precisamente por su condición de comisario, por su capacidad para acceder a información, por su red de contactos y por su experiencia en actuaciones encubiertas.
No se trataría, según esta tesis, de una ayuda informal, sino de un encargo con finalidad concreta.
El delito de cohecho
El cohecho es un delito contra la Administración Pública que castiga que un funcionario acepte intervenir utilizando su cargo a cambio de una dádiva, promesa o beneficio, así como que un particular realice ese ofrecimiento.
En este caso, la acusación sostiene que López Madrid habría ofrecido una contraprestación —directa o indirecta— a Villarejo para que actuara sobre la denunciante, utilizando medios o influencia derivados de su condición policial, con el objetivo de neutralizar el procedimiento penal recién iniciado.
Según el escrito de acusación, el objetivo de la actuación no era investigar hechos ni esclarecer responsabilidades, sino presionar a la doctora Pinto para que desistiera de la denuncia.
Las actuaciones atribuidas a Villarejo —seguimientos, gestiones y advertencias— se interpretan como una estrategia para generar un contexto de intimidación que hiciera inviable la continuación del proceso penal.
Las penas solicitadas por la acusación
Por ello, la doctora Pinto solicita que se imponga a Javier López Madrid y a José Manuel Villarejo 6 años de prisión. Y 4 años a Rafael Redondo, socio de Villarejo en la empresa CENYT.
El juicio ha generado expectación por el perfil de los acusados y por el planteamiento del caso: la presunta utilización de un comisario en activo para intervenir en un conflicto personal y tratar de frenar una denuncia penal.
Los abogados de López Madrid y de Villarejo sostienen que no hay delito alguno y piden el sobreseimiento de la causa.
