28 denunciantes de corrupción piden a Delgado que dicte una instrucción que aplique la Directiva «Whistleblower hasta que se transponga
Los 28 alertadores buscan mantener una reunión con la fiscal general del Estado para explicarle su situación y apremiarla para que dicte una instrucción que cubra el vacío de la Directiva "Whistleblower" hasta que entre en vítor, en diciembre de 2021.

28 denunciantes de corrupción piden a Delgado que dicte una instrucción que aplique la Directiva «Whistleblower hasta que se transponga

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23/10/2020 06:47
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Actualizado: 26/11/2021 13:04
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Se definen a sí mismos como alertadores, un término importado de Europa, pero en el español simple son 28 denunciantes de corrupción de los cuatro puntos cardinales de España.

Los 28 han dirigido una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que entretanto el Ministerio de Justicia transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, –conocida como la Directiva «Whistleblower»–, dicte una instrucción a los fiscales que les permita reconocer y aplicar sus principios. 

Y le solicitan una entrevista para presentarle de primera mano la dura realidad de los alertadores y denunciantes de corrupción.

«Esta novedad legislativa no ha supuesto ningún cambio en las duras situaciones que atravesamos a raíz de nuestras denuncias», le explican a Delgado en su misiva.

«Lo que supone un duro revés para el ya penoso calvario profesional, judicial y personal que venimos sufriendo por el simple hecho de cumplir con nuestro deber de servicio público y de salvaguarda del interés general», añaden.

«En su día, decidimos alertar de desfalcos millonarios a las arcas públicas y por ello nos encontramos inmersos en procesos penales derivados de denuncias falsas para mermar la credibilidad de nuestras acusaciones y abocados a incontables procesos administrativos, sociales…, tras haber sido despedidos, cesados en nuestros cargos, expedientados, acosados en nuestros puestos de trabajo o incluso amenazados y vandalizados nuestros domicilios», precisan.

Los 28 reconocen que la Directiva todavía no ha sido transpuesta al derecho nacional. El Gobierno tiene hasta diciembre de 2021 para hacerlo.

Sin embargo, «determinadas disposiciones en ella, muy importantes para nosotros, son ya de obligado cumplimiento en virtud de los principios del efecto directo vertical y de la interpretación conforme, así como del artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que es de obligado cumplimiento en España el Derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Los 28 firmantes son Ana Garrido Ramos, alertadora del caso Gürtel; Azahara Peralta, alertadora del caso Acuamed; Carlos Martínez, alertador del caso Servei d’Ocupació de Catalunya; Consuelo del Cid, alertadora del caso centros de menores y bebes robados; Dolores Mesa, alertadora  del caso T.G.S.S. Cádiz; Dolores Valls, alertadora del caso Cámara de Castelló; Fernando Presencia, alertador del caso corrupción Judicial de Talavera; Francisco Javier Perejón, alertador del caso Junta de Andalucía; Francisco José Sánchez del Águila Ramón, alertador de la operación HALSA/Terminus; José Francisco Rodríguez Brenes, alertador en el Ayuntamiento de Osuna, Sevilla; Gonzalo Esteban Murillo, alertador caso La Bufona, Ayuntamiento de Arrecife; Gracia Ballesteros, alertadora caso Acuamed; Jesús Ángel Castro, alertador del Ayuntamiento de Benitachell; José Manuel Cantó, alertador caso balsa de fosfoyesos, Huelva;  José María Castillejo, alertador caso Pocoyó; José Salmerón Parrilla, alertador caso SAE; Julita Gómez, alertadora caso AMTA; Justo López, alertador Ayuntamiento de Benidorm; Lucía del Carmen Periañez, alertadora caso SAE; Luis Gonzalo Segura; alertador caso corrupción en el Ejército; Maite Morado Iglesias, alertadora del Ayuntamiento de Sabadell; María José Alarcón, alertadora caso Residencias BBService; María Serrano, alertadora caso Seprona; Martín Rodríguez Márquez, alertador caso Servicios Públicos en Cartagena; Robert Martínez, alertador caso residencias BBService; Roberto Macías, alertador caso UGT Andalucía; Sonia Peral, alertadora casos acoso escolar en el sistema educativo; y Teodoro Montes, alertador caso cursos de Formación en Andalucía.

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