La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha mostrado hoy su rechazo a que la reforma -propuesta por PSOE y Unidas Podemos- del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga adelante.
Considera que menoscaba «gravemente» la independencia del órgano de gobierno de los jueces e insta a los responsables políticos a alcanzar los «oportunos acuerdos» apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ.
El acuerdo, avalado por nueve votos, ha contado con el voto discrepante de tres magistrados, Ignacio José Subijana Zunzunegui, Garbiñe Biurrun Mancisidor e Inés Soria Encarnación, por entender que el mismo excede de las competencias de la Sala de Gobierno.
El TSJPV se suma así al rechazo manifestado durante las últimas semanas por los TSJ de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
Precisamente, la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que detenía la tramitación de la Proposición de Ley para reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ “para poder llegar a un acuerdo” con el PP.
“Aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, y no me cabe duda de que el PP la tiene, sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de la Constitución, de la democracia y de la ciudadanía”, manifestó Sánchez en el Congreso de los Diputados dirigiéndose al líder del PP, Pablo Casado.
“Renovemos el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo”, afirmó. “Necesitamos unas instituciones fuertes”.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) advirtió entonces que recurrirá al Tribunal Constitucional si PSOE y PP vuelven a repartirse el CGPJ por afinidades partidistas.
La Sala de Gobierno, en el acuerdo alcanzado este miércoles en sesión extraordinaria, expresa su «profunda preocupación» por la Proposición de Ley dirigida a modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los vocales judiciales.
En el texto se proponía que en el caso de no alcanzar en primera votación parlamentaria la mayoría de tres quintos actualmente exigida por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), puedan ser designados en segunda votación, 48 horas después, por mayoría absoluta de las Cámaras.
Esta reforma, a juicio de la Sala, «presenta fundadas dudas de constitucionalidad al eludir el consenso parlamentario exigido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986 y dejar en manos de la mayoría de gobierno –sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial».
Además, agrega, «se aleja de las recomendaciones efectuadas por las instituciones europeas, que vienen reclamando desde hace tiempo la necesidad de evitar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación íntegramente política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y compromete la posición de España en la Unión Europea al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático».
En estos difíciles momentos que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia por COVID-19 «resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política», concluye la Sala de Gobierno.
