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La situación de Dentix, a punto de entrar en concurso, complica la solución para los más de 100.000 consumidores afectados

Varios expertos analizan para Confilegal las opciones que tienen los consumidores afectados.
| | Actualizado: 20/11/2020 9:51

Un total de 101.481 consumidores han quedado en un limbo legal ante el cierre de las 180 clínicas dentales de Dentix en nuestro país. La empresa se ve abocada a un concurso de acreedores y ha incluido en un ERTE de fuerza mayor a toda su plantilla, más de 3.400 profesionales, algunos a los que se les debe dinero y ya han emprendido acciones legales a través de despachos como Castaño Asociados.

Ante la alarma social el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una estrategia, coordinada con todas las Comunidades Autónomas, de apoyo a estos afectados.

Por el momento, a Consumo no le consta que se haya publicado el auto en el que se declara el concurso y se designa a la administración concursal, pero recuerda que el concurso de acreedores está solicitado y que los afectados deberán reclamar su dinero ante la administración concursal, una vez que esta sea pública, si bien serán los últimos en cobrar.

Expertos como Fernando Santos, fiscal de Consumo de Andalucía; Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU); Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, y Fernando Moner, presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), explican a Confilegal algunas soluciones para resolver este problema que afecta a miles de consumidores.

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Un posible rescate a los afectados

Fernando Santos Urbaneja, fiscal Delegado Protección de Consumidores y Usurarios en Andalucía, cree que la postura del Ministerio de Consumo “parece muy buena noticia en la medida que el Ejecutivo (Dirección General de Consumo) asume su responsabilidad, toma la iniciativa y no se inhibe condenando a los afectados a acudir a los tribunales”.

Este jurista recuerda que el propio articulo 51 de la Constitución deja claro que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios y si existe un Ministerio específico para esta materia, resulta claro que es a él a quien toca mover ficha”.

Para este jurista “el anunciado propósito de compra de los tratamientos pendientes emerge, con permiso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como una especie de rescate a costa del erario público, preludio quizás de la tantas veces pedida inclusión de la atención bucodental en la cartera básica de la salud pública”.

Al mismo tiempo recuerda que el “el Gobierno tiene el BOE y el dinero. La buena política consiste en emplear bien uno y otro, con decisiones que tiendan al bien común y a la equidad”.

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Fernando Santos Urbaneja, fiscal Delegado Protección de Consumidores y Usurarios en Andalucía.

Para este fiscal experto en Consumo, “en el caso de Dentix nos encontramos ante más 100.000 afectados, algunos de ellos enfrentan situaciones dramáticas desde el punto de vista de la salud y de la economía”.

Por ello, cree que la iniciativa del departamento de Alberto Garzón es adecuada. “No obstante los Gobiernos deberían tomar nota para no permitir que se generen este tipo de negocios-burbuja que entrañan riesgos tan graves. Por otro lado, debería exigirse como condición para su puesta en marcha, la contratación de seguros que cubran los potenciales riesgos”.

Respecto a la actuación que se precisa respecto de los “créditos vinculados a la financiación de los tratamientos bucodentales, Santos afirma que «precisaría de un decidida intervención del Banco de España para evitar que a estas personas se les exija tener que pagar dichos crédito». Este jurista no es muy optimista al respecto de dicha intervención que también es necesaria. “Las experiencias previas no permiten ser muy optimistas«.

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Se pregunta “qué lugar ocupa la defensa de los consumidores entre las prioridades del Banco de España. Incluso qué lugar fuera de las prioridades. En los últimos años, sobre a todo a raíz del triste fenómeno de las participaciones preferentes el Banco de España ha visto exponencialmente multiplicadas las quejas y reclamaciones de consumidores particulares”.

Al mismo tiempo constata que pese a que “han visto atendidas, incluso respaldadas sus peticiones particulares frente a determinadas prácticas bancarias de abuso. Ello, no obstante, no ha dado lugar a una actuación proactiva y enérgica sobre el fenómeno o práctica abusiva en sí, lo cual hace que la posición de los infractores sea muy cómoda”.

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Fernando Santos también considera que “en lo que se refiere a los créditos concedidos por los bancos vinculados a la financiación del tratamiento bucodental, la ley concede a los particulares afectados acciones de paralización de reclamación de cuotas y/o de devolución del importe abonado por servicios no prestados”.

Desde su punto de vista, “sería deseable una decidida actuación del Banco de España que viniese a robustecer la argumentación de las pretensiones del consumidor afectado frente a los bancos y entidades financieras implicadas”.

Acción colectiva por vía judicial

Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), avanza a Confilegal que en el próximo Pleno de esta entidad se abordará entre otros asuntos el caso de Dentix y sus afectados. “Es un problema grave porque no olvidemos que estamos ante una empresa que está en concurso de acreedores y posiblemente no tenga fondos para responder ante sus responsabilidades y afectados”.

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A su juicio, la estrategia de Consumo de ofrecer una respuesta en varios frentes puede ayudar a mitigar el impacto de la quiebra de esta compañía. “La respuesta del Ministerio se hace antes de la declaración en concurso y está coordinada con las Comunidades Autónomas. Desde la Dirección General de Consumo se podría interponer una acción colectiva por vía judicial para proteger a todos los afectados, están legitimados para ello”, apunta.

Sobre dicha acción colectiva, Ballugera señala que “ayudaría a calcular el daño que ha sufrido el paciente por ver su tratamiento interrumpido. Podría tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Se trataría de frenar las prácticas abusivas que ha impulsado la gestión de Dentix y reparar esos daños causados. Viene regulado en el artículo 82 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Para este jurista, “con esta acción colectiva el Ministerio de Consumo podría cuantificar las responsabilidades individuales, podría hacer llamamientos a los afectados para que acudan al procedimiento que se ponga en marcha. A esa acción colectiva podrían sumarse los servicios de consumo de las Comunidades Autónomas para cuantificar el daño que corresponde a los afectados de cada comunidad y todos aquellos legitimados como pueden ser los Colegios de Odontólogos, Ayuntamientos o el Ministerio Fiscal”.

Este procedimiento judicial específico, explica, “debe de partir de los contratos firmados por los consumidores. Consumo tendrá que recopilar todos estos casos y ver realmente qué se impugna si un incumplimiento contractual o una práctica abusiva. Creo que esta segunda vía es más lógica. Ha generado una serie de daños cuya indemnización se pediría en el procedimiento”.

Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

Ballugera advierte que «el laberinto judicial es importante, porque la demandada va a estar en concurso y la acción colectiva en España está muy limitada. Sería bueno que en ese procedimiento concursal hubiera un representante de los afectados”.

Desde su punto de vista, “no es fácil aplicar el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se desarrolle dicha acción colectiva. Garzón puede aprovechar para hacer reforma del texto refundido de la Ley de Consumidores que ya anunció recientemente».

A su juicio, es fundamental que haya “un control deontológico de la actividad de estas empresas, muchas de ellas mercantiles con ánimo de lucro y no sociedades profesionales que pudieran preservar su actividad dentro de unos cánones. No es fácil evitar este tipo de problemas masivos si no se establecen estos controles. Otra opción es que el sistema de salud se hiciera cargo de la salud dental de los españoles”, afirma.

Los dentistas dicen que el problema es sanitario

Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, señala que el problema es sanitario y del Ministerio de Sanidad, “solo ha destinado en los Presupuestos Generales de este año 49 millones de euros, algo muy escaso a nivel de salud bucodental. La solución pasaría por modificar la Ley de Sociedades Profesionales para que estas empresas tuvieran un control deontológico de este Consejo General. Ahora no podemos supervisarlas y regular la publicidad sanitaria que en algunos casos es engañosa”.

Esta corporación de derecho público representa a todos los colegios de odontólogos de España. En su web han colocado diferentes consejos para afectados de cara a que puedan ejercer sus derechos.“No se trata de buscar compradores a Dentix, como sugiere el Ministerio de Consumo, sino de legislar y proteger a los ciudadanos para que se vuelvan a repetir situaciones de este tipo con miles de afectados”.

Óscar Castro es presidente del Consejo General de Dentistas.

Desde esta institución se muestra la preocupación por la actuación del Ministerio de Consumo, ya que, a su juicio, «está sobrepasando sus competencias por este caso Dentix. De la estrategia que quieren poner en marcha nos hemos enterado por los medios de comunicación. Esa labor de intermediación entre dos mercantiles que quieren hacer podría vulnerar la normativa de competencia. No nos han consultado nada de lo que van a hacer”.

Castro explica a Confilegal “que los dentistas somos una profesión liberal. Muchos de estos profesionales son autónomos que pagan sus seguros sociales y tienen personal contratado. Es un mercado libre donde no se pueden fijar honorarios. Las prestaciones en cuanto a la cartera de servicios de salud bucodental a nivel de España, respecto a otros países es exigua solo se cubren el 4% de las prestaciones a los ciudadanos. El resto lo tiene que pagar el consumidor de su bolsillo”.

Una intervención  justificada

Por su parte, Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), advierte que «desde que en 2016 saltaron los primeros escándalos relacionados con el cierre de clínicas dentales, las asociaciones de consumidores hemos venido reclamando a las administraciones de consumo que tomaran cartas en el asunto”.

Para Moner este plan de choque del Ministerio de Consumo es inevitable ante “los cierres sorpresa de establecimientos con contrataciones masivas, muchos de cuyos pacientes eran y son personas económicamente vulnerables”.

A su juicio “la progresiva mercantilización de la salud bucodental, como único motor que mueve a algunos establecimientos y la situación de desequilibrio en la que están colocados los consumidores en la relación contractual con el prestador del servicio, son razones más que suficientes para apoyar cualquier iniciativa de las administraciones con competencias en consumo”.

Moner recuerda que se habla de miles de afectados “no son clientes al uso de un servicio cotidiano en consumo, sino que son usuarios que están recibiendo atención sanitaria. Esta política de consumo debe ser además de reparadora, debe ser preventiva. Una regulación específica y suficiente, que equilibre derechos y obligaciones entre las partes y fije unas reglas de juego claras a favor de los consumidores, es prevenir, es proteger”.

Desde su punto de vista si se tiene “una regulación específica, se facilitan las labores de inspección y con ello el sacar del mercado al incumplidor, al que actúa con mala fe y contra los principios de la leal competencia”.

Para este experto, “es preocupante que los temas de consumo terminen judicializados, que la única opción que le quede al consumidor sea la de acudir a los tribunales, con los gastos que ello implica y el desgaste personal que supone”.

«Cuando el asunto afecta a la salud, el consumidor se encuentra, además, necesitado de respuesta rápida. Su dolencia, su tratamiento suspendido o no iniciado, pero necesario, no puede esperar a una sentencia, aunque esta sea estimatoria. La justicia llegaría doblemente tarde. Por eso, desde CECU apoyaremos cualquier medida que favorezca ahora a los afectados por Dentix y, en el futuro, a todos los usuarios de servicios bucodentales”.

Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Sobre como evitar casos de este tipo, Fernando Moner indica que hay varias medidas a tomar de forma simultánea. “Reforzar la formación del consumidor en materia de consumo, estableciendo garantías que le cubran en caso de suspensión de la actividad o cierre de los establecimientos; vigilando que la publicidad sea veraz y objetiva”.

Junto a ellos se puede también “facilitar al usuario de los servicios bucodentales el acceso rápido y sin obstáculos a su historial clínico; vigilando que se cumpla la normativa en materia de protección de datos, especialmente cuando se produce el cierre de un establecimiento y diseñando estrategias que permitan actuaciones rápidas, eficaces y bien coordinadas de las distintas administraciones públicas con competencia en consumo y sanidad, con participación directa de las asociaciones de consumidores”.

“CECU aconseja a los afectados de Dentix que acudan a su asociación de consumidores para ser informados de los derechos que les asisten, de las cautelas a adoptar y dispongan de consejos sobre qué hacer si solicitaron un crédito vinculado”, comenta Moner.